Un lento avance ha tenido la solicitud de los pescadores artesanales de derogar la Ley de Pesca, luego del reconocimiento del Senador (UDI) Jaime Orpis de haber recibido dinero de Corpesca para subsanar una deuda que le dejó la campaña electoral que dirigió en su región, y donde tres de sus asesores recibieron pagos de forma irregular, según indicaron las declaraciones del ex gerente de la empresa del grupo Angelini Francisco Mujica.

Estos dineros, según Orpis, no fueron destinados a la campaña y tampoco para que él votara a favor de la legislación que fue presentada por el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera y ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira.

Ante esto, el presidente de Movimiento Amplio Social (MAS), senador Alejandro Navarro, cuestionó el origen de la legislación y la calificó como espuria, por lo que fue el único líder de partido que se animó a exigir la derogación de esta discutida legislación que entregó a perpetuidad los recursos pesqueros a la gran industria pesquera.

“La Ley de Pesca se ha planteado una evaluación con participación de la FAO, yo creo que la evaluación ya es tardía. Hay que derogarla, es espuria, claramente una ley que no resolvió ningún problema y más aún, tiene un origen espurio, por lo tanto, la evaluación ya está hecha por los pescadores, no sirve, no resuelve los problemas”, sentenció el vicepresidente del Senado.

Navarro añadió que la Ley de Pesca, “es una ley que hay que derogarla y comenzar a discutir una nueva ley de pesca. Creo que, además, la actuación del ministro Longueira y de “otro”, va a dar para una investigación, porque ¿por instrucción de quién pagaron a los parlamentarios que hoy día todos conocemos?, ¿para qué les pagaron?”.

Por su parte, el senador socialista por la VI Región, Juan Pablo Letelier, dividió el problema en dos. Primero en la zona centro sur, el legislador responsabilizó de la precaria situación que viven los pescadores artesanales a la limitación que tienen para poder capturar, que nace del panel de científicos que son los responsables de regular los límites en las cuotas; y la segunda parte del problema, lo ubica en el norte del país, que tiene que ver con cómo se aprobó la ley.

“Lo principal de la ley fue establecer una comunidad científica para regular la captura, para reducir las cuotas de captura y eso es lo que tiene hoy a las pesquerías y las principales del país con una situación tremendamente delicada, en particular la situación de los pescadores artesanales de la zona centro y la zona sur. Los temas que hay del norte habrá que evaluarlos en su mérito por lo que ocurrió, no por la ley, yo creo que eso es bueno separarlo y que los fiscales tendrán que hacer su trabajo al respecto”.

El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg no se cierra a la posibilidad de que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira sea sincero y explique si tiene conocimiento o no sobre cómo se gestionaron los aportes de Corpesca y otras empresas en medio de la tramitación de ley.

Monckeberg agregó que si la legislación tuvo o no un origen viciado, es algo que la investigación debe determinar.

“No me sentí presionado por ninguna institución pesquera y voté como correspondía en su minuto el proyecto de ley que se llevó adelante. Es un tema bastante delicado y que por ahora queda mucho por avanzar, pero si el gobierno quiere avanzar también en una reforma a la Ley de Pesca y quiere presentar un proyecto de ley, y considera que es necesario sacarla adelante, se estudiará en el Congreso como corresponde”.

Recordemos que el 28 de abril pasado, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, firmó con la FAO un convenio para que la organización revise la Ley de Pesca para asegurar que la legislación cumpla con las “buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero y acuícola”, la que tendrá una duración de ocho meses, es decir se extenderá hasta el 28 de diciembre de este año.