La nueva ley de Isapres aparece como uno de los próximos desafíos del Gobierno. En ese contexto, los anuncios dados a conocer por la ministra Carmen Castillo encontraron inmediato eco en el bloque oficialista. Entre ellos, el que en vez de los más de catorce mil planes de salud que existen actualmente, “cada Institución de Salud Privada (Isapre) ofrezca tres planes de salud para los afiliados, con diferentes tarifas y variantes según hotelería”, lo que de acuerdo a la ministra, favorecería “la claridad y transparencia”.

En esta unificación de prestaciones, lo que se busca mejorar es la asistencialidad de la red, pero “sin disminuir la calidad”. Para eso habría un control de la calidad, supervisado por un organismo que aún no se define, explicó la Ministra.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados manifestó su profundo descontento con los dichos de Carmen Castillo. Principalmente, porque la secretaria de Estado dio a conocer las modificaciones a través de la prensa y no en conversación con las voces implicadas en el tema, explicó Juan Luis Castro (PS).

A juicio del parlamentario “es una mala señal que la ministra diera a conocer los contenidos de esta nueva ley a través de un medio escrito”, a lo que agregó que “parece que hay ministros que prefieren hacer un trabajo pre legislativo a través de los medios de comunicación”.

En tanto, Karol Cariola (PC), quien también es miembro de la Comisión, avanza sobre la necesidad de no perder de vista las demandas del sector público. Así, reconoció importante trabajar en los “sesgos injustos y abusivos que se ha implementado en la política de seguros privados”, pero que resulta importante que “estas medidas vayan acompañadas de otras que den señales claras de fortalecimiento de la salud pública”.

“Nos parece importante que esto vaya acompañado de medidas mucho más claras y concretas que permitan mejorar y superar la crisis de la salud pública que estamos viviendo en este momento que es donde se concentra la más alta cantidad de personas en lista de espera y que sería lamentable que solo nos preocupáramos del sistema privado y dejáramos de lado el arreglo de la salud pública cuando ese es un problema que vive más del ochenta por ciento de los chilenos”, señaló.

Isapres en desacuerdo con eliminar la declaración de salud

Por su parte, Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres de Chile indicó que “la comisión asesora presidencial llegó el año pasado a varios acuerdos, muchos de ellos con pleno consenso”. En ese sentido, reconoció la coincidencia con la Ministra “en lo que respecta a acercar al sistema privado de salud hacía los principios de la seguridad social”.

“¿Cómo se logra ello? Con planes garantizados que estén definidos, estructurados para tener cobertura suficiente a los que se les aplica una tarifa pareja que no discrimina entre hombres y mujeres, ni entre jóvenes y ancianos. Para eso tiene que haber un fondo de compensación de riesgo que, además, permitiría la movilidad entre las isapres sin mayores complicaciones”, explicó.

Además, Caviedes indicó que un punto donde hay discrepancias con el gobierno se refiere a la eliminación de la exigencia de una declaración de salud, según lo que desaparecería el rechazo por preexistencia.

En este sentido, de acuerdo al presidente de la Asociación de Isapres, para que dichas entidades puedan aceptar nuevos asegurados sin declaración de salud, “habría que generar mecanismos de compensación de riesgos y evitar así que el sistema de isapres sea inviable por la migración de los varios de cientos de miles de personas que están esperando una atención médica adecuada”.

Matías Goyenechea, de la fundación Creando Salud considera bueno que “para asegurar la solidaridad de los sanos hacía los enfermos y de los jóvenes a los más viejos se haya tomado en cuenta la idea de generar fondos mancomunados”.

En ese sentido, respaldó las ideas presentadas por la Comisión Asesora Presidencial, sobre todo con la idea de generar un fondo mancomunado “en el que los recursos de Isapres y Fonasa se integren para entregar a la población prestaciones de carácter universal”.