El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los alcaldes Christián Vittori Muñoz y Luis Plaza Sánchez además de otros cuatro implicados en la asociación ilícita en la segunda jornada de la audiencia de formalización de cargos y solicitud de medidas cautelares del caso Basura que involucra a concejales, alcaldes y funcionarios públicos de Maipú y Cerro Navia.

La acusación señala que desde 2009 los imputados integran una organización jerárquica liderada por Marcelo Torres Ferrari, la que operaba en las municipalidades de Maipú y Cerro Navia, con el objetivo de sustraer fondos públicos, cohechar a los ediles y defraudar al fisco, interfiriendo también en la contratación de servicios a honorarios que no se prestaban.

A eso de las nueve de la mañana comenzó esta segunda jornada de audiencia, que en principio está programada hasta el viernes.

En la instancia, el Ministerio Público terminó de exponer la acusación, revelando información nueva, la que guarda relación con el encubrimiento, apropiación y lavado de activos por parte de los imputados, como lo comentó la fiscal Tania Mora.

“Es importante señalar que esta organización tiene fundamental forma o estructura dada por la idea de poder hacer licitaciones a medida de Lorenzo Pérez y sus empresas”, sostuvo.

En lo que se refiere a Cerro Navia, se formalizó al alcalde Luis Plaza y al director jurídico Oscar Landavilla y a la Secretaria de Planificación Marcela Morales, quienes consintieron la licitación de arriendo de vehículos municipales adjudicado a la empresa Multiservicios S.A. propiedad del también formalizado Lorenzo Pérez, pero cuyos beneficios económicos informalmente percibe Marcelo Torres Ferrari.

Otra situación relativa a Cerro Navia que se consignó en la audiencia está vinculada a los pagos que Marcelo Torres Ferrari habría realizado a algunos concejales para aprobar por unanimidad una propuesta de licitación de espacios recreativos, en desmedro de otras propuestas, mediante exigencias no planteadas en las bases, como por ejemplo que el pasto fuera de procedencia española, lo que terminaba con la competencia.

También se acusó a los funcionarios públicos individualizados de Cerro Navia de favorecer a la empresa Citeluz para adjudicarle licitaciones públicas no obstante que Chilectra hizo una oferta más económica, lo que redundó en un perjuicio municipal de 174 millones de pesos. Al respecto la fiscal Solange Huerta indicó que al “Luis Plaza Sánchez, la fiscalía le imputa la calidad de autor del delito reiterado de fraude al fisco del inciso tercero del artículo 239 del código penal en carácter de consumado”.

Es importante señalar que las actividades para las que se contrató a Multiservicios S.A. no fueron prestadas, y pese a ello los pagos por concepto de arriendo y de tag se realizaron íntegramente, lo que de acuerdo a la fiscal constituye el delito de malversación de caudales públicos.

En otro plano, se acusó a Christián Vittori, quien actuando primero como concejal y luego como alcalde acordó con Pedro Acevedo Saavedra, representante de la Sociedad de Inversiones don Oscar Limitada, favorecer a esta empresa en la licitación y en los contratos subsecuentes a cambio de un pago indebido.

También se indicaron los pagos por contratos a honorarios que el imputado Christián Vittori Muñoz consintió a sabiendas de que los trabajos no se realizarían.

De acuerdo a lo anterior, la fiscalía imputó al cuestionado alcalde democratacristiano, según comentó la fiscal Solange Huerta.

“Conforme a los hechos relatados, la fiscalía imputa a don Christián Vittori Muñoz la calidad de autor del delito de cohecho pasivo del artículo 248 bis del código penal en grado de desarrollo consumado y a Pedro Acevedo Saavedra la calidad de autor del delito de soborno”.

Para la fiscal, los antecedentes permiten concluir que el dinero recaudado por la organización criminal liderada por Marcelo Torres, fue objeto de diversas maniobras mediante empresas fachadas, con el afán de ocultar y disimular su verdadero origen para así dar apariencia de legalidad y justificación comercial que les permitiera utilizar estos recursos sin temores de ninguna naturaleza.

Antes de que termine la semana se espera que el tribunal se refiera a las medidas cautelares en contra de los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, las que la Fiscalía solicitó fueran de prisión preventiva mientras dura la investigación.