Poco antes de la campaña electoral de 2009 el ex presidente Sebastián Piñera habría recibido más de un millón de dólares en aportes realizados por grandes empresas. SQM, Aguas Andinas, Penta, Newport, Inversiones Caburga y Sigdo Koppers, son algunas de las empresas vinculadas a las supuestas donaciones concretadas al margen de la ley Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

El caso de Piñera se suma a la larga lista de políticos y parlamentarios vinculados a escándalos de corrupción y vulneración de la Ley 19.884 Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

Sobre esta situación, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que es necesario ver el problema de fondo y que se trata de una situación transversal en la política chilena. “Por eso no es de extrañar de que todas las candidaturas, incluso las extra Nueva Mayoría como la de Marco Enríquez-Ominami, la de Bachelet, la de Frei, la de Piñera, estén siendo cuestionadas al mismo tiempo que las de parlamentarios de todo el abanico político”, afirmó.

Sobre la forma en que es necesario enfrentar el asunto, Precht llamó a los tribunales a seguir cumpliendo con sus funciones y emplazó a los políticos a dejar de evadir estos temas. “Es importante que por una parte la Justicia haga su pega en serio y a fondo, y por otro lado también que la clase política entienda que hay un problema transversal que hay que solucionar hacia adelante y no tirando la pelota al córner como muchas veces pareciera que se hace”.

Agenda de Probidad

En medio del estallido de casos de corrupción, el Gobierno lanzó en mayo de este año la llamada Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política. La iniciativa cuenta con 36 medidas orientadas a fortalecer la democracia y aumentar la integridad pública de todos los servicios y órganos vinculados a la actividad del Estado.

María José Poblete, directora de la Fundación Pro Acceso, señaló que los titulares de la agenda de probidad y transparencia son correctos, pero que todavía queda por resolver el problema relativo a la armonización jurídica de estas reformas.

En este sentido, manifestó aprehensiones vinculadas sobre todo en lo relacionado a la nueva regulación propuesta para los partidos políticos. “Si la reforma otorga a los partidos políticos una función pública y dineros públicos, entonces nosotros pensamos que los partidos, respetándoles sus particularidades propias, debiesen responder como sujetos obligados por la ley de transparencia y estar sujetos, por lo tanto, a una serie de obligaciones”.

Además de los requerimientos vinculados a la nueva ley de partidos políticos, tanto Chile Transparente como Fundación Pro Acceso, estuvieron de acuerdo en la necesidad de que la ciudadanía exija una serie de modificaciones legales.

Una nueva ley de Regulación del Financiamiento de la Política, mayores atribuciones al Servicio Electoral y un aumento sustantivo en las penas a los delitos de corrupción, son algunas de las medidas que podrían ayudar a transparentar el escenario político actual.