En revolución Democrática no están tranquilos. Y es que el movimiento que encabeza el diputado Giorgio Jackson ha debido enfrentar situaciones inesperadas para convertirse en partido político. Esto, a propósito de la negativa del Servicio Electoral (Servel) para considerar la palabra revolución, contraria, según el organismo, a los mandatos constitucionales.
En conversación con el Tema del Día de Radio Universidad de Chile, el parlamentario detalló que el viernes pasado ingresaron nuevamente, en una tercera instancia, la escritura pública y los argumentos de los tres peritos que han asesorado al movimiento para establecer los motivos por los que Revolución Democrática no hace referencia alguna tanto a los artículos de la Constitución como de la Ley de Partidos.
“Esperamos entre hoy y el martes conocer la resolución definitiva del Servel. De lo contrario tendremos que recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Esperamos que la presión pública haya hecho efecto en que el criterio de un funcionario del Servel esté más apegado al sentido común y no a lo restrictivo”, advirtió Jackson.
Tal como aclaró el diputado, existen diversos detalles en la Constitución heredados de la Dictadura, como temas estructurales que deberían cambiarse. “Tenemos que librarnos de las cadenas y poder discutir una nueva Constitución, donde la Asamblea Constituyente es el mejor mecanismo para hacerlo”.
Por ello, aseguró que no se debe confundir lo que la gente considera urgente con lo importante. “No hay que desmerecer que las personas estén hoy preocupadas de temas como el transporte, la salud o la seguridad. Para resolver incluso los problemas urgentes no nos bastan las herramientas institucionales que tenemos. Entonces, una nueva Constitución no solamente es algo importante, ya que es parte del problema y no de la solución”.
En cuanto a los recientes anuncios del Gobierno sobre Educación, particularmente en el ámbito de la gratuidad, el parlamentario planteó que es necesario diferenciar la Reforma a la Educación Superior, que será una discusión que probablemente se inicie en diciembre, con lo que es un adelantamiento a través de la Ley Presupuestos.
“La discusión que va por Presupuesto iba a causar muchos problemas, por no contar con un marco regulatorio, entonces era difícil asignar gratuidad sin tener antes la discusión de la Reforma. Pero dentro de las posibles soluciones que podrían ser dañinas, creo que la que encontró el Ministerio de Educación es la menos dañina”, manifestó Jackson.
También apuntó a que sean las universidades las que tengan que firmar. “El contrato no es con los estudiantes, que es una concepción bastante neoliberal de cómo se entiende la educación. Lo que existe es un compromiso con las instituciones y los estudiantes que escojan esas instituciones tendrán gratuidad”
En ese sentido, destacó que “no es una beca, en cuanto no hay un compromiso de los estudiantes con el ente que financia, ni con la institución educativa ni con el Estado. Solo un compromiso académico como el de cualquier estudiante. Hay un esbozo de buenos principios que están detrás, sin perjuicio de que cuando exista un nuevo sistema de financiamiento, esté más cargado a las instituciones que al per cápita por alumno, que no es una forma muy inteligente de financiar una institución de educación superior”.
En cuanto a las posibilidades de fortalecer el gobierno universitario, el diputado identificó la necesidad de un modelo de gobernanza que permita que los distintos estamentos de las instituciones de educación superior puedan fiscalizar y retroalimentarse, y así permitir que el Estado pueda confiarles recursos. “En Chile existen muchas universidades que no poseen un modelo de gobernanza democrático, sino más bien de gestión de intereses”.
Giorgio Jackson también se detuvo en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la inminente firma del Gobierno de Chile. En ese ámbito, reconoce que convocaron al canciller Heraldo Muñoz a una sesión especial para que entregue detalles y aclare las dudas que existen.
“Es lamentable que así funcione la forma de hacer tratados internacionales. No podemos decir que es un tratado de libre comercio, porque lo que hace es poner restricciones sumamente duras a la innovación, al uso del internet y a las capacidades de poder administrar un Estado con soberanía. Lamentablemente eso es lo que hace este tratado, limitar nuestras opciones de soberanía”, lamentó.
En ese mismo contexto, destacó el tema de los remedios, pues “se está negociando un aumento de los plazos de protección de datos de las patentes para que no puedan existir genéricos y así proteger mejor el negocio de las empresas que supuestamente invierten en esta materia, lo que sería muy negativo para las políticas sanitarias. Es muy dañino que una discusión de esta naturaleza no pase por un debate nacional y que se esté firmando a espaldas de la ciudadanía”, concluyó.