El 5 de octubre de 1988, el 54,71 por ciento de los electores decidió poner fin a la Dictadura cívico-militar que encabezaba Augusto Pinochet, y que en ese entonces se prolongaba por quince años.

La oposición política había logrado agruparse en la Concertación de Partidos por el “No”, la primera de varias coaliciones que se formarían para gobernar en el periodo de postdictadura. Para muchos definido como el retorno a la democracia. Para otros, incluso, como la cuestionada y eterna transición.

Pero no tardaría en instalarse la Concertación de Partidos por la Democracia. Y a 27 años de aquel plebiscito, la cuestionada Nueva Mayoría.

“Es cierto que hemos cometido errores y los hemos reconocido, lamentamos no hacer las cosas mejor”. El mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet en la reunión oficialista del domingo en el Teatro Caupolicán podría definir los sucesivos gobiernos democráticos.

Muchos esperaban algo diametralmente distinto a lo ocurrido en estas casi tres décadas desde que se abriera un nuevo camino mediante un plebiscito ciudadano.

Por una parte, las expectativas generadas a partir de la campaña del “No” y el discurso de la inminente alegría. Por otra, la acción política restringida por pactos que condicionaron el regreso a la democracia.

Precisamente para el académico Alejandro Olivares, investigador del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, las esperanzas y expectativas que se generaron en torno a lo que podía ser la ‘alegría’ fueron muchas y muy diversas.

“Para algunos la alegría era pasar a una democracia en la que había elección de autoridades y libertad en los mercados. Para otros, la alegría significaba tener reparación y justicia en temas de derechos humanos. También, el sacar a los militares de la esfera pública del ejercicio de toma de decisiones. Incluso, poder caminar en la calle libremente sin tener miedo de la persona que estaba al lado”, detalla.

A eso agrega que en un segundo nivel, y dadas las condiciones de la transición, se optó por un pacto entre civiles y militares que condicionó a los protagonistas y sus capacidades para desenvolverse en el sistema en los años posteriores.

Según el académico, si bien el pacto dio una salida más democrática que permitió disminuir el poder de las Fuerzas Armadas, “significó que también quedaron atados de manos muchos de los civiles que estaban en el Gobierno y que formaron parte de ese pacto, como los Aylwin, los Lagos, los Correa y otros tantos. Por lo tanto, ese pacto condicionó el comportamiento de los años posteriores, pero también terminó condicionando al inconsciente colectivo en el mediano y largo plazo, generando repetición de lógicas de consensos, acuerdos y de pactos. Todo se tenía que avanzar con pactos”.

“Nuestra democracia recién logró ‘librarse de esto’ a partir de 2005, con un nuevo pacto para reformar la Constitución”, aclara Olivares, para quien la transición habría terminado ese año, con las reformas constitucionales acordadas durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Pero también hubo quienes optaron por no seguir el camino de los acuerdos y consensos. “Muchos salieron del sistema y posteriormente fueron excluidos por la historia oficial y por la visión dominante. Ellos siempre fueron parte de una memoria no oficial que ha estado presente en diferentes momentos y que ahora está volviendo a reescribir su historia, a través de una suerte de resistencia al modelo”.

Asimismo, como explica el académico, aparecen aquellos que fueron marginados por no entrar en las lógicas del sistema, quienes si bien querían hacer política, finalmente se transformaron en una generación perdida. “Dirigentes políticos que fueron anulados por las Fuerzas Armadas en el poder y otros que fueron marginados por quienes asumieron el poder en la década del noventa”.

Expectativas, rezagos y frustraciones

Diversos temas que determinan que exista frustración con relación al desarrollo democrático del país. “Tanto por la ausencia de voluntades como también por un marco jurídico impuesto desde la Dictadura y que no permite las transformaciones profundas que muchos sectores ciudadanos anhelamos”.

El planteamiento de José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, apunta a los rezagos del país frente a las expectativas que se generaron a partir del plebiscito y, en general, con el proceso de democratización con posterioridad a la Dictadura.

“Estamos ante una democracia frágil y precaria, de baja intensidad, que ha determinado un descontento social y popular”, asegura el abogado, definiendo la Constitución de 1980 como uno de los factores esenciales para ello. “Por eso el creciente movimiento social y político por establecer una nueva Constitución, que surja desde la soberanía de los pueblos que habitan el país, ha sido una barrera fundamental que sigue limitando en muchas formas el ejercicio de los Derechos Humanos”.

Además, en materia de derechos de participación política reconoce otros tantos déficits. “El sistema binominal y la Ley de Partidos Políticos han determinado que la confianza en las instituciones, particularmente en el Parlamento, sea muy baja”.

Otro ámbito crítico, según Aylwin, es el de la inequidad, donde identifica que “el crecimiento del país en los últimos años no se ha traducido en niveles de igualdad dentro de la sociedad, lo que hace de Chile uno de los países más inequitativos de América Latina, junto con Colombia y Brasil”. A esto se suma la creciente percepción ciudadana del poder que poseen las empresas en el país. “Las mismas que han estado detrás del financiamiento de la política y donde el Estado está a disposición de ellas y de sus objetivos”, sentencia.

“Sectores que tenían un discurso progresista que en teoría querían promover las transformaciones y la profundización de la democracia, pero que gradualmente fueron cooptados y haciéndose partícipes de un modelo que resultó en la exclusión de sectores sociales importantes. Incluso haciéndose partícipes de la represión de sectores que protestan en contra del sistema. Me refiero a personas que paradojalmente fueron víctimas de la represión y que por razones inexplicables luego, desde el poder, han hecho uso de esa represión en contra de la ciudadanía”, critica el codirector del Observatorio Ciudadano.

Esto se refleja en los perjuicios que han afectado a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, donde las empresas extractivas desarrollan sus actividades, como acusa el abogado. “El país ha ido hipotecando su soberanía a los intereses de otras economías. Esto se ve reflejado en los derechos de los pueblos indígenas, los que continúan sin un reconocimiento jurídico y político y con situaciones de criminalización a su protesta social”.

Entre las propuestas, la coincidencia apunta a la necesidad de construir un pacto social expresado en una nueva Constitución.

Y tal como plantea Alejandro Olivares, hoy la democracia se encuentra a punto de experimentar nuevos cambios. “A fuerza de movimientos, gente manifestándose e ideas de personas que no necesariamente participaron de la transición, por lo que no responde a los pactos originales”.

“No daremos el salto a la consolidación democrática ni dejaremos de lado sus problemas sin una nueva Constitución, la que debe ser completamente procesada en democracia”, concluye.