A dos largos años de que se realicen los próximos comicios parlamentarios y presidenciales, uno de los hitos políticos más relevantes será la elección del nuevo fiscal nacional que asumirá a fines de este año.

Gran parte de la clase política y empresarial del país ha identificado al Ministerio Público como su principal enemigo. Y tienen razón. Después de todo, las investigaciones a legisladores y empresas, citaciones a declarar y formalizaciones en torno al financiamiento ilegal de la política tienen al establishment chileno con los niveles de confianza ciudadana más bajos desde que se tienen mediciones. En pocas palabras, la fiscalía ha ido destapando la olla dentro de la cual, todos intuíamos, había una cazuela rancia e incomible.

Lo curioso es que ahora será el propio poder político el que decida el nombre de quien debería, al menos en teoría, continuar con estas indagaciones. Después de que el viernes pasado la Corte Suprema confeccionara una lista de cinco candidatos –tras escuchar las exposiciones de los 11 candidatos, entre ellos ninguna mujer, por cierto- será el turno de la Presidenta Bachelet de escoger un nombre. Ese nombre, a su vez, será presentado al Senado donde necesitará de dos tercios de los votos para convertirse en el sucesor de Sabas Chahuán.

La idea de que los tres poderes del Estado (los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo) intervengan en la elección del jefe del Ministerio Público, que después es autónomo, tiene sentido. El problema es que, hoy por hoy, dos de esos poderes exhiben evidentes conflictos de interés en esta elección.

La quina elaborada por la Corte Suprema incluye al fiscal regional de Rancagua Luis Toledo, quien hasta hace poco estaba a cargo de investigar el caso Caval que involucra a la nuera e hijo de la Presidenta Bachelet. En un acto republicano “heroico” la mandataria podría escoger su nombre, dando con ello una señal contundente de que efectivamente nadie está por encima de la ley, ni siquiera su familia. Pero ello es poco probable o, como dicen los estadounidenses, está “fuera de carácter”. Después de todo estamos frente a una Presidente que hace sólo cuatro meses anunció a todo el país por cadena nacional que en septiembre se daría inicio a un proceso constituyente. Estamos en octubre y no ha pasado nada.

Pero el conflicto de interés es aún más grave en el Senado. Ocho de los 38 miembros de la Cámara Alta están siendo investigados en distintos casos por la fiscalía. Y ello probablemente sea sólo una facción de los honorables, ya que se trata de sólo tres casos: Penta, Soquimich y Corpesca. Todavía no se conocen los alcances del financiamiento irregular de muchas grandes empresas que están ahora en el radar del Ministerio Público, como compañías vinculadas a Paulmann, Angelini y Matte, por nombrar algunos.

Por fortuna para La Moneda y el Senado, ninguno de los cinco nominados por la Corte Suprema tiene un perfil agresivo hacia el poder político. Aunque la nominación de Toledo apuntaría en esa dirección, se trata más que nada de una potente señal de independencia de la Corte Suprema. Después de todo, ni Natalia Compagnon ni Sebastián Dávalos han sido formalizados y, a diferencia del caso Penta, el fiscal Toledo respetó la “privacidad” del ex primer damo al realizar de manera silenciosa varias de las diligencias. En otras palabras, Toledo no es el fiscal Carlos Gajardo, quien ha tenido mala prensa entre los medios tradicionales del país, pero parece contar con bastante simpatía popular al juzgar por los aplausos espontáneos que recibió de la gente cuando asistió al evento de Lollapalooza a inicios de año.

El otro candidato que obtuvo el favoritismo de la Suprema es el fiscal Raúl Guzmán, el encargado de la Región Metropolitana Sur. Dado su perfil más técnico y enfocado en combatir la delincuencia, es el nombre que menos ruido genera en la derecha del Senado. Además, calza con la nueva prioridad gubernamental de combatir el crimen y de construir una fiscalía más profesional. El hecho de que Guzmán no sea visto con buenos ojos por la izquierda –en especial por la amplia cobertura mediática del caso bombas en la estación de metro Escuela Militar, pero también por no lograr condenas en la tragedia del incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010 que dejó 81 reclusos muertos- no parece constituir un obstáculo.

Jorge Abbot, el actual director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, y José Morales, jefe de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, son los otros dos miembros del Ministerio Público que integran la quina que Bachelet tiene ahora sobre su escritorio. El primero es sindicado como el “tapado” de Sabas Chahuán lo que, en el ámbito político, le jugaría en contra. Nadie en ese mundo, acorralado por la fiscalía, quiere continuidad. El segundo fue removido del llamado “Caso Cascadas”, que involucra a las sociedades de Julio Ponce Lerou que controlan a Soquimich, después de que tras dos años de investigación no avanzara lo suficiente según los accionistas minoritarios que se hicieron parte del caso.

Por último, el único candidato de la quina que es externo a la fiscalía es Juan Enrique Vargas, el decano de derecho de la Universidad Diego Portales y quien en la elección anterior, en 2007, obtuvo la primera mayoría en la Suprema. Aunque parece ser un outsider lo cierto es que Vargas es un insider. Él formó parte del equipo de la UDP, junto a su actual rector Carlos Peña, que asesoró a la entonces ministra de Justicia Soledad Alvear en la Reforma Procesal Penal. Era una iniciativa que se venía gestando hace años en ciertos círculos académicos y judiciales, y que contó con el apoyo entusiasta de la Fundación Paz Ciudadana –cuya ex directora es Javiera Blanco, actual ministra de Justicia- y de El Mercurio, ambas organizaciones encabezadas por Agustín Edwards.

En un conocido cuento de Edgar Allan Poe titulado “Los crímenes de la calle Morgue”, el detective aficionado Auguste Dupin resuelve un asesinato en el París de fines del siglo 19 en base a leer los informes de prensa. Aplicando una pizca de esa lógica, basta con leer a la prensa favorita de La Nueva Mayoría, es decir El Mercurio y La Tercera, para arrojar luces sobre quién podría ser el próxima fiscal nacional.

En una entrevista con El Mercurio publicada el domingo, el ministro del Interior Jorge Burgos afirmó acerca del próximo fiscal nacional que le  “gustaría que sea una persona profundamente conocedora del proceso penal, que entienda que el trabajo debe ser muy coordinado con las policías, con los jueces”.

Y en ese mismo diario y en el mismo día el senador Felipe Harboe (PPD), ex subsecretario del Interior en el primer gobierno de Bachelet y encargado de seguridad ciudadana, aseguró que el futuro fiscal nacional debería ser alguien que “entienda la necesidad de trabajo conjunto con todas las instituciones, que tenga relación con el Poder Judicial, con el gobierno, las policías y que articule el esfuerzo en función de un objetivo que es disminuir la criminalidad”.

Ambas entrevistas, que probablemente fueron intervenciones coordinadas, apuntan a que La Moneda está pensando en dos candidatos: Raúl Guzmán y Juan Enrique Vargas.

Sin embargo, no hay que olvidar una cosa. La conducta pasada no es una predicción automática de un comportamiento futuro. Bien puede ser que, detrás de todos estos cálculos, al poder político chileno le salga el tiro por la culata. Si no, basta con recordar lo que le pasó a Allende con Pinochet.