Alrededor de 16 meses de trabajo, 65 sesiones y 58 propuestas. Así se resume el proceso de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, conocida como “Comisión Bravo”, que el pasado 14 de septiembre entregó su informe a la Presidenta Michelle Bachelet.

Ese mismo día, la propia Mandataria anunció el establecimiento de un Comité de Ministros que se encargaría de analizar dichas propuestas, el que estará integrado por los ministerios de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Trabajo, Economía y Servicio Nacional de la Mujer.

Sin embargo, la instancia aún no se constituye. De hecho, la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, confirmó que esto no ocurrirá antes de que concluya el debate por el proyecto de Reforma Laboral.

Y es que según el informe de la Comisión, para una persona que haya cotizado durante al menos 33 años, sin registrar lagunas previsionales, el valor de su pensión podría disminuir a alrededor de 20 por ciento de las remuneraciones percibidas en los últimos 10 años trabajados.

Incluso, entre los encuestados, el 72 por ciento considera que solo un cambio total del sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones, mientras que el 71 por ciento reconoce que el monto de la pensión que reciben no les alcanza para cubrir sus necesidades. A eso se agrega que la desconfianza en las AFP solo está antecedida por los partidos políticos, el Congreso y las Isapres.

Y si a eso se suma que el 79 por ciento de las pensiones son inferiores al salario mínimo, mientras que el 44 por ciento se encuentran bajo la línea de la pobreza, el panorama es desolador.

Sin embargo, desde la Asociación de AFP insisten en que el actual es un muy buen sistema de pensiones. Esto, basado en que quienes cotizan de manera regular reciben buenas jubilaciones. Según el organismo, el problema surge con las lagunas previsionales. A esto se suman las mayores expectativas de vida y la postergación de los jóvenes en su ingreso al mundo laboral.

Con esos antecedentes, desde la Fundación Sol, el economista Gonzalo Durán acusa que la industria no ha sido capaz, en 24 años, de demostrar en qué medida se pueden lograr tasas de reemplazo del 70 por ciento, que prometió en sus inicios.

“El sistema de pensiones chileno no es un sistema de seguridad social. Más bien es un mecanismo que opera por la vía del ahorro forzoso de los trabajadores para cumplir con el objetivo de financiarizar a la economía, inyectando el dinero de las pensiones a los principales grupos económicos, tanto en Chile como en el extranjero”, critica.

En ese contexto, según el economista, el sistema de pensiones ha sido enormemente exitoso. “Hoy, en Chile, veinte corporaciones reciben del dinero de las AFP prácticamente 40 mil millones de dólares. Obviamente que es algo para lo cual un sistema de pensiones no debería estar construido, sino que para entregar seguridad social, lo que este modelo claramente no hace”.

Por ejemplo, destaca “las pensiones de vejez modalidad retiro programado, que son las que pagan las AFP. El 90 por ciento son menores a 150 mil pesos, lo que retrata de manera bastante fehaciente lo que es esta crisis en el sistema de pensiones en cuanto al monto. Es decir, nueve de cada diez pensiones de vejez con retiro programado son menores al 63 por ciento del salario mínimo”

Por su parte, el presidente de la organización Acusa AFP, Ricardo Hormazábal, se remonta al origen del actual sistema de pensiones. “Cuando en 1981 José Piñera explicó su sistema, aseguró que estaban en condiciones de garantizar que el trabajador chileno, aportando solo el 10 por ciento de su remuneración, podía obtener una pensión final del 70 por ciento de su sueldo”.

Posteriormente, recuerda que un informe de la Asociación de AFP de 2010, plantea que si solo se cotiza un 60 por ciento de la vida laboral, la pensión será igual al 100 por ciento de la última remuneración. “Todo esto es mentira, pues según las cifras oficiales la pensión real de los chilenos no supera el 30 por ciento de la última remuneración”.

En ese sentido, apunta a que “la falla principal del sistema es que quitó el aporte patronal y el efecto de distribución de los ingresos, que es una cuestión sustantiva en cualquier régimen de seguridad social. Antes de 1981, los empleadores aportaban cerca del 25 por ciento. Entonces, un trabajador ahorraba, entre su parte y la del empleador, alrededor del 40 por ciento de sus remuneraciones”.

“Piñera le quitó el costo a los empresarios, lo que no se trasladó a mejores remuneraciones, por lo que al ahorrar menos, las pensiones son inferiores. Además, el sistema de reparto no entrega utilidades para los accionistas”, advierte Hormazábal.

En cuanto a las ganancias, detalla que “las AFP, después de una serie de cocinas que hacen para fabricar los balances, retiran anualmente más de 600 millones de dólares, que se llevan para ser distribuidos entre los accionistas. Corresponde a todo lo que cotizan los trabajadores chilenos en un mes. Es decir, uno trabaja un mes del año solo para darle utilidades a las AFP, y eso que esa no es la parte más relevante, porque ellos consiguen utilidades por otras vías”.

A favor de un sistema de reparto, apunta a la necesidad de una ley que les permita a los chilenos trasladarse a esta posibilidad o mantenerse en las AFP, lo que permitiría respetar la libertad de los ciudadanos. “Además, una AFP del Estado le quitaría al menos la mitad de los afiliados al sistema privado, con lo que dejaría de tener la influencia para usar nuestros recursos en comprar políticos e influir en los medios de comunicación”.

Finalmente, considerando que en Chile la mayoría de las pensiones se encuentra bajo la línea de la pobreza, Gonzalo Durán advierte que “se sigue reproduciendo una dinámica de acumulación por despojo. En este caso, el despojo viene con la insuficiencia en el monto de las pensiones y luego a través del sistema de créditos y endeudamiento en condiciones desfavorables, lo que potencia el negocio farmacéutico en torno al endeudamiento de los adultos mayores para costear sus medicinas”.