El caso del paro del Registro Civil no es el único que ha debido enfrentar el Gobierno. En las últimas semanas las movilizaciones sociales, ya no solo de carácter estudiantil, han ido incrementándose.

Las paralizaciones de los funcionarios de Gendarmería y de la Junji son una muestra del descontento social y laboral que existe hacia las políticas del Ejecutivo respecto de las negociaciones con los trabajadores. Particularmente, en cuanto a cerrar toda posibilidad de diálogo mientras se mantengan las paralizaciones.

Justo en el momento en que se discute en el Senado el proyecto de Reforma Laboral, tanto desde el ámbito público como privado las críticas hacia las autoridades parecen ser unánimes.

Esto, por ejemplo, a propósito de la soberbia con la que han actuado desde el Gobierno, tal como lo plantea el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz.

En conversación con el programa Semáforo, junto con manifestar su apoyo al llamado de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) a paralizar a nivel nacional este próximo miércoles, asegura que el Ejecutivo no ha sabido manejar las relaciones laborales al interior del Registro Civil.

“No es posible que haya que tener camiones para que te reciban en La Moneda. Eso no puede ser”, cuestiona el dirigente, además de validar las acciones de los funcionarios de dicho servicio.

“Este paro no es ilegal. El derecho a huelga es un derecho que está convenido en los convenios internacionales que Chile ha suscrito. Ratificados por el Parlamento, son leyes superiores por sobre nuestras propias leyes. Por lo tanto, aquí no hay ningún paro ilegal. La gente tiene derecho a ejercer la huelga porque es un derecho constitucional ratificado por convenios internacional”, explica Díaz.

Pese a los emplazamientos desde el mundo laboral, el Gobierno insiste en su estrategia de reemplazo. Así lo confirmó el ministro vocero, Marcelo Díaz, quien declaró que esta decisión es parte del plan de contingencia que han implementado para que los ciudadanos puedan ver mitigado en algo los efectos de un paro ilegal, un paro que no está contemplado en la legislación.

“Sin perjuicio de nuestro permanente llamado a que los funcionarios depongan el paro y nos sentemos a conversar, tenemos que tomar medidas, porque ante la negativa a esta invitación, lo que tenemos que hacer es tratar que las consecuencias negativas de una paralización tan larga sigan repercutiendo en la calidad de vida de los chilenos”.

Desde el ámbito de la Educación, los trabajadores no dudan en adherir al llamado del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. Particularmente desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), cuyo presidente, Egidio Barrera, advierte que se trata de un error de las autoridades de Gobierno por dejar que se desgaste el movimiento sindical, “buscando obtener dividendos bastante mediocres”.

Incluso, que cualquier que sea quien rompa los caminos del diálogo cierra todas las posibilidades de solución. “Mala práctica, equivocada la estrategia y la idea del Gobierno de no dialogar y jugar al desgaste, porque finalmente termina haciendo las cosas extremas. De aquí en adelante el clima que se viene nadie lo puede predecir”, advierte Barrera.

La solidaridad con los funcionarios del Registro Civil también surge desde el sector de la Salud. Y es que en la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud (Confenats), las cosas no están bien. Así lo reconoce su presidente, Jaime Araya, quien anticipa que este martes, en reunión de los dirigentes a nivel nacional, se tomará la decisión de sumarse a la paralización convocada para el miércoles.

Junto con calificar de justas las demandas que solicitan los funcionarios del Registro Civil, asegura que esto se contrapone con la intransigencia del Ejecutivo. “El Gobierno se olvidó de sus electores, del pueblo, de los trabajadores públicos de este país. Nosotros somos los hermanos pobres de esta gran masa trabajadora”.

Por ello, exige la necesidad de respetar los protocolos de acuerdo, en todos los ámbitos. “Ya los paros no están en la última instancia de movilización. Antes era una actividad de brazos caídos, una movilización por cuatro horas, asambleas internas de información. Hoy el paro aparece como la prioridad”.

Asimismo, advierte que “después del paro la verdad es que es tan cruel lo que puede venir, que ni siquiera me atrevo a anticiparme. La Presidenta Michelle Bachelet tiene que escuchar y también sus asesores”.

Entre los trabajadores subcontratados de Codelco la visión no es diferente. Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) apunta a las “falsas realidades que ha generado el mundo empresarial, así como la tozudez de algunos actores que están en el Gobierno, quienes se escudan detrás de la institucionalidad que se mantiene desde la dictadura militar, para amedrentar y amenazar a los trabajadores”.

Su preocupación radica en el statu quo y en el no cumplimiento de los compromisos. “Hay que empezar a defendernos, porque ya estamos en una situación prácticamente de resistencia y no de avance. Eso, sin duda, en vez de generar un clima de paz social y constructivo, va a generar un clima de mayor movilización y de mayor convulsión social”.

Además del desprestigio en “cómo se está haciendo política en este momento”, el dirigente agrega la ausencia de voluntad “desde el mundo empresarial y de los sectores políticos que lo representan”. Por ello, apunta a la articulación de nueva movilizaciones.

En cuanto al sector portuario, si bien las negociaciones dieron paso a una serie de acuerdos y etapas que consideran un extenso cronograma, entre los dirigentes aseguran que se encuentran en estado de alerta.

Mientras que desde el ámbito de los pueblos originarios, la situación no es distinta, dada su compleja relación con las autoridades.

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, alude a que “resulta comprensible el llamado a paro nacional de la ANEF, debido a que el Gobierno se resiste a buscar soluciones a los problemas que afectan a diversos sectores sociales, como es el caso del pueblo mapuche”.

Sus argumentos también apuntan a que el Ejecutivo no tiene la misma actitud que muestra con los empresarios. “La balanza política del Gobierno está muy desequilibrada”. Por ello, asegura que las tensiones en distintas esferas seguirán aumentando.

“Para el mes de diciembre vamos a convocar a la Asamblea Constituyente Mapuche, para darle forma al derecho de libre determinación, en vista de que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de dialogar o mantiene invariable la doctrina de la negación con el pueblo mapuche y su derecho”, critica Huilcamán.

Esto, según el propio dirigente, a propósito de que “cuando observamos que hay diálogo, comúnmente es para distraer a la opinión pública y dilatar una búsqueda de solución”.

Mismo enfoque en el que coincide el académico Miguel Urrutia, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, quien apunta al “despliegue mediático que victimiza y dramatiza la situación y que evidentemente pone una carga moral sumamente fuerte sobre los trabajadores del Registro Civil”.

En el caso de la situación que afecta a este servicio público, identifica la legitimidad social como un elemento clave para los trabajadores. “Lo primero es constituir los nodos que posteriormente se van a articular. El fortalecimiento del demos, del conjunto de los movimientos sociales, pasa por crear ejes transversales”, explica el doctor en sociología.

Todo esto, en el contexto de lo que considera una polarización muy particular. “En el contexto actual que vive Chile, donde la polarización tal vez no es ideológica, pero sí viene acompañada de una polarización social, de una gran diferencia entre los sectores más ricos de este país, los sectores medios y los sectores populares o más empobrecidos”.

Y agrega: “Efectivamente aquí se preparan conflictos muy radicales y, aparentemente, con soluciones que están aparentemente están, en este momento, clausuradas”.

Desde distintos sectores de los trabajadores no dudan en que dependerá del desenlace que afecte a los funcionarios del Registro Civil el cómo se resuelvan los conflictos en los demás ámbitos del país. Por eso insisten en la consigna “todos somos el Registro Civil”.

La advertencia del profesor Miguel Urrutia es decidora. “Una polarización no se sabe en qué puede terminar. Se agudizan ciertos conflictos, pero no se sabe en qué terminan. Pueden terminar en cambios profundos y radicales. A veces terminan en procesos populistas e implosiones sociales. Existe una multiplicidad de opciones históricas que se pueden dar en torno a una polarización”.