La comisión especial encargada de conocer los proyectos relativos a probidad y transparencia de la Cámara alta, aprobó en lo sustancial aspectos relevantes del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Democracia.

Dentro de las medidas, se encuentra el aumento en las funciones y atribuciones del Servicio Electoral. Un rol mucho más activo y mayores funciones y atribuciones que le permitirían fiscalizar entre otras cosas a los partidos políticos, sus elecciones y nominaciones a candidaturas.

También el SERVEL podrá revisar los gastos en las campañas, pudiendo fijar máximos y mecanismos para que se respeten. El origen de los dineros, es otro aspecto sobre el cual deberá conocer,  lo que permitiría tener mayor certeza y transparencia respecto a quien financia la política.

El senador y miembro de la Comisión de Probidad Alejandro Guillier, explicó que si bien fue aprobado en la comisión de probidad, el proyecto deberá ser revisado por la comisión de hacienda, pues “necesita un presupuesto acorde a las nuevas funciones que tendrá que desarrollar”.

Reinscripción

Otro aspecto central aprobado por la Comisión de Probidad, fue el de la reinscripción. Si bien todos los partidos aceptaron reinscribir a sus militantes, se establecieron fuertes diferencias entre el estatuto regulador de los partidos históricos y los más nuevos o próximos a constituirse.

Alejandro Guillier, señaló que las ventajas de los partidos tradicionales, radicaría en las facilidades establecidas por la ley para realizar el proceso por parte de los partidos más antiguos, en comparación a lo engorroso que resulta para los más nuevos: “En el caso de los tradicionales, cuando se realicen elecciones internas, las personas que lleguen a votar van a poder hacer la reinscripción en el lugar, o a través de páginas web, lo que establece un estatuto jurídico totalmente diferente, en relación a los partidos más nuevos.

Además,  el  senador fue enfático al señalar que: “Los partidos tradicionales sienten que por ser más antiguos y por tener más historia, ameritan un trato un tanto distinto  de los partidos que se van a inscribir a futuro, lo cual yo lo discuto porque el escenario del país ha cambiado dramáticamente y no se puede estar simplemente suponiendo que el escenario  es el mismo”.

En la misma línea, Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política e integrante de la Comisión Engel, advirtió que, si bien las flexibilidades en el proceso de reinscripción le parecen permiten entes, resulta fundamental para la democracia que éstas se extiendan al resto de las colectividades.

“Es importante que el SERVEL  y el estado en general, cuando se trata de cualquier mecanismo de participación, ayude y facilite que los ciudadanos puedan hacer los trámites, no generando burocracia o costos de tiempo y de recursos innecesarios. Lo que sí es importante es que esas facilidades también sean otorgadas para que los nuevos partidos puedan tener condiciones equivalentes”, afirmó la experta.

Requisitos de disolución

La aprobación en estos términos de la reinscripción  de militantes  y de los puntos centrales de la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, surge en medio de las críticas realizadas hacia la Comisión Constitución de la Cámara de Diputados, quien aprobó una modificación que aumentó los requisitos establecidos para la disolución de partidos políticos.

La Ley actualmente vigente determina que los partidos deben disolverse cuando no tienen respaldo ciudadano, lo que se determina en la ley actual con un porcentaje de respaldo del electorado correspondiente a un 2,5 por ciento en las elecciones, a menos que hayan resultado electos al menos 2 parlamentarios.

Según las enmiendas aprobadas, si un partido obtiene menos del  5 por ciento de los votos válidamente emitidos en tres regiones contiguas, o si resulta con menos de cuatro parlamentarios electos, deberá disolverse.

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, manifestó su disconformidad con la decisión de la comisión que preside, “Yo no estuve de acuerdo con aumentar a cuatro la cantidad de parlamentarios, toda vez que hay fuerzas políticas que tienen dos parlamentarios o menos y que presentan proyectos con valor político importantes y creo necesario que tengan la posibilidad de mantenerse y seguir concursando por mayor respaldo”.

Debate que se extendió a la reunión de secretarios generales de la Nueva Mayoría, donde el MAS y la Izquierda Ciudadana amenazaron con dejar la colectividad en caso de no revisar esta nueva norma.

Fernando Zamorano, representante del MAS, planteó su molestia ante lo que considera “un atentado a los partidos chicos”. Por ello, reconoció que están en un “proceso de reflexión” porque para ellos carece de sentido pertenecer a una coalición donde una “buena parte de ella, quiere que la otra desaparezca”.

Afirmación que respaldó el diputado Sergio Aguiló de la IC: “Esto pone en grave riesgo nuestra presencia en la Nueva Mayoría. Esto es una canallada de los partidos grandes. O se arregla o vamos a denunciar públicamente que es un acto de corrupción”, precisando que “con ello igualan la ley de partidos políticos de Pinochet, cuyo principal objetivo era excluir a significativos sectores políticos y sociales del país”.

“De este modo –señaló- estos diputados están compitiendo con la dictadura sobre quien pone más trabas para el surgimiento y existencia de partidos políticos”.

El enfrentamiento se extendió a la Democracia Cristiana, su secretario general Gonzalo Duarte dijo a La Tercera que deben lograr una alternativa que “evite la proliferación de partidos pequeños, y respete también las reglas del juego democrático”.

Los reparos fueron apoyados desde el Partido Comunista, quienes reclamaron en contra de la DC por aliarse con Renovación Nacional para lograr el alza de requisitos. En tanto, desde La Moneda, se estarían estudiando indicaciones para lograr revertir la norma.