La acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo; la renuncia de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo y de la jefa de Inversiones, Francisca Toro; los constantes cambios y aplazamientos de la puesta en marcha de hospitales y el rechazo que sufrió en primera instancia la glosa presupuestaria de salud, son algunos de los componentes políticos que dan cuenta de la profunda crisis en el sistema de salud pública.

En conversación con el Diario electrónico de Radio Universidad de Chile, distintos actores sociales del ámbito de la salud analizaron el escenario actual.

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas; Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) e Izkia Siches, presidenta del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico, compartieron el diagnóstico: la salud del país se encuentra en una profunda crisis, forjada en la dictadura y profundizada por los gobiernos de la Concertación, especialmente durante el mandato de Ricardo Lagos.

“Quizás hoy día hay mayores prestaciones en el sector público que hace años atrás, pero como no ha tenido una mirada de sistema, lamentablemente no somos capaces de dar soluciones de salud a la población y hay un gran porcentaje de chilenos que se enfrentan a un sistema que no es digno y en ese sentido estamos definitivamente en medio una crisis”, señaló Izkia Siches.

Por su parte, Anita Román fue enfática: “Yo siento que la crisis que hoy día se está viviendo, es algo que se anunció, que lo dijimos, y que lo que tiene que hacer la ciudadanía es entender que lo peor que le pudo pasar a la salud en Chile fue la reforma estructural presentada en el gobierno de Ricardo Lagos”.

El desastre de la Dictadura

Al momento de revisar las causas de la crisis en el sistema de salud nacional, es posible determinar una serie de variables que se conjugaron para fraguarla. Si bien es cierto que las gestiones realizadas por las autoridades actuales pueden haber resultado insuficientes, e incluso malas, el problema comenzó mucho antes, durante la Dictadura.

Según las cifras comentadas por Estaban Maturana, el presupuesto que hoy tenemos en salud significa el 1,7 por ciento del aporte fiscal directo de la salud respecto del PIB. En tiempos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, en los años sesenta, Chile aportaba a la salud de sus ciudadanos más del 3 por ciento del PIB, es decir, poco más de la mitad de la cifra actual.

Entre 1973 y 1990 la inversión pública en salud fue casi inexistente. Este tiempo se reconoce como un periodo de desmantelamiento del sistema público que permitió abrir un provechoso camino para el sistema de salud privado.

Maturana apunta : “Este sistema está en condiciones francamente deterioradas y que fueron agravadas con la sistemática destrucción que se hizo en tiempos de la dictadura donde se redujeron los presupuestos, no se repusieron equipos, no se repuso infraestructura, no se creó ni un solo hospital, ni un solo consultorio, se entregó el laboratorio nacional de medicamentos, se generó sistemas privados de salud, desarrollaron las clínicas privadas, es decir, se hizo una destrucción sistemática de lo público en beneficio de lo privado”.

En 1990, la ley 18.933 que crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional y dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por Isapre, significó un giro en la forma en que se entendía la salud en el país. Considerada una de las llamadas “leyes de amarre” de la Dictadura, la disposición legal introdujo la regulación de las formas del sistema y lo introdujo en la lógica de la oferta y la demanda.

Izkia Siches es enfática sobre este punto. La lógica de las Isapres ha significado un desmedro para el sistema público de salud y pareciera que no existe voluntad política para modificarlo: “Cuando se quiso regularizar una parte de las Isapres, surgió una respuesta durísima, reaccionaria, terrible. Eso a pesar de que hoy día todos los parlamentarios y todos los políticos saben que tenemos personas esperando en el servicio de urgencia 24 horas y hospitalizadas en una silla. Ese es el nivel de indignidad que permitimos, y yo creo que todos los sectores que lo vemos todos los días queremos que el tema se trate con más urgencia, entendiendo que el resultado se va a demorar 10 años por lo menos”.

La reforma de Lagos

Tras el desmantelamiento ejercido en Dictadura, en el periodo de los gobiernos de la Concertación la inversión fue mayor, pero siguió siendo insuficiente. Entre 1999 y 2009 la capacidad hospitalaria del sistema público disminuyó en un 12 por ciento. Por otro lado, la deuda hospitalaria superó en 2013 los 103 mil millones de pesos.

El presidente de la Confusam reflexiona: “Los siguientes gobiernos de la concertación, pasando por el gobierno de Piñera y el último gobierno de la Nueva Mayoría, la verdad es que si bien se han hecho esfuerzos por recuperarla, han sido claramente insuficientes y además equivocados porque la reforma sustentada en la lógica del Auge, reforma que en vez de solucionar los problemas de la salud viene a complicarlos aún más”.

Entre 2000 y 2005 se llevó a cabo una reforma estructural al sistema de salud. El proceso fue una de las iniciativas estrella del entonces presidente Ricardo Lagos.

El Mandatario en el discurso del 21 de mayo de 2002 presentó los aspectos fundamentales de la reforma, haciendo hincapié en los principios que la sustentaban: “Para el Gobierno, la salud es un derecho de las personas. Para resguardar el derecho a la salud no basta con la declaración de ese derecho, sino que se hace necesario establecer garantías explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, y generar los instrumentos para el efectivo ejercicio de éstas, dotando a los usuarios de las facultades y mecanismos para hacerlas exigibles”.

La reforma estaba fundada en los principios de igualdad, solidaridad, equidad y eficiencia y tenía tres objetivos fundamentales: mejorar la salud, prolongar la expectativa de vida y reducir la desigualdad.

En 2003 se impulsó la ley 19.966 que establece el “Régimen General de Garantías en Salud”, el conocido Plan Auge. Anita Román era dirigenta de su gremio y recuerda delicados momentos durante la tramitación de la ley.

“Cuando se presentó el proyecto de la reforma estructural de la salud, distintos gremios vimos el proyecto del comité pre ministerial que se formó y dijimos que era una reforma que iba a dejar a muchos chilenos y chilenas y habitantes de este país sin salud. Que se trataba de un sistema que venía ya en regresión en otros países y eso se lo hicimos ver a la autoridad.

“Se trataba de un sistema que todo lo que buscaba era mercantilizar el dolor de los pobres”, señala.

Además, la dirigenta explica que se agregó el tema de la complementariedad público-privada y que los gremios sufrieron fuertes fracturas: “Nos dividieron, nos atomizaron, y hoy día el resultado es precisamente lo que dijimos en esa época: un gran sector de la población sin acceso a la Salud, porque si no tiene dinero no puede pagar salud de calidad, uno se queda sin ella. Además hoy día está todo convertido en un lucro, los prestadores peleándose entre ellos por las pacientes que les puedan pagar o no pagar”, enfatizó.

Esteban Maturana, por su parte apunta directamente al Auge: “La reforma sustentada en la lógica del Auge fue un fracaso brutal y absoluto, y no solamente un fracaso sino que además agravó aún más la problemática que tenía el sistema público de salud chilena”, y agrega: “La lógica del Auge es una lógica perversa porque genera una división de chilenos con privilegios de salud, y chilenos sin privilegios en salud, genera una lógica que es tremendamente asistencialista, profundizando lo curativo en vez de promocionar la prevención en salud. Y además supone agravar la ya compleja situación de los hospitales públicos en beneficio de lo privado, es decir, también uno podría señalar que el Auge fue un paso más hacia la privatización de la salud hecho en tiempos de Ricargo Lagos”.

Izkia Siches comparte estos planteamientos y acota: “Con las lógicas del Auge se minimiza el rol de los distintos profesionales, del recurso humano. Obviamente no es culpa directa de este gobierno, pero creo que uno también le atañe mucha responsabilidad a la Concertación durante la vuelta a la democracia, porque empezar hoy día a invertir en recursos humanos, en especialistas, en hospitales, después de 25 años es una deuda de la cual, independiente que la doctora Castillo no haya sido ministra, le toca a ella y a la Nueva Mayoría como gobierno hacerse cargo”.

Desconfianza, inversión y concesiones hospitalarias

La imposibilidad presupuestaria que el gobierno de Michelle Bachelet enfrenta en materia de salud y que tiene a la ministra enfrentando una acusación constitucional por la no construcción de 11 hospitales, hizo entrar al debate el asunto de la concesión de la construcción y administración de hospitales del Estado.

Izkia Siches afirma que no existe una postura homogénea en el Colegio Médico respecto del tema. Sin embargo, ella piensa que la Cámara Chilena de la Construcción ha hecho un fuerte lobby para que el tema avance, “pero tienen que entender que hoy día no están en la mejor posición para venir a decir “miren, confíen en nosotros porque nosotros no vamos a desangrar el Estado, sino que vamos a hacer un negocio justo”. Tras los casos de colusión no están las confianzas para esas exigencias. Se trata de inversiones millonarias y traspasamos esas deudas a otras generaciones”.

Anita Román apunta en la misma dirección: la ley de concesión hospitalaria lo único que hacía era profundizar un sistema mercantilista de salud. Nosotros la semana pasada hicimos un llamado a los diputados y senadores, sobre todo de la Democracia Cristiana, que votar en contra de la planilla presupuestaria como fue propuesta por este gobierno, no es ir contra el Programa, al contrario, porque nunca se habló de concesión hospitalaria en el programa de la Michelle Bachelet. Los gremios que fuimos por lo menos convocados para hablar de este tema, siempre dijimos no a las concesiones hospitalarias”.

Y profundiza: “En las concesiones hospitalarias, al igual que en las carreteras, ganan sólo los que las administran y los usuarios lo único que hacen es pagar: pagar por sistemas que no son lo mejor, ni lo más cómodo, ni más eficientes siquiera”.

Para la presidenta del Regional Metropolitano del Colegio Médico, las condiciones para evaluar una eventual salida de este tipo, son claras: “Si existiera otra política de empresa privada, que sí fuera responsable con las construcciones, que las entendiera como un bien social mayor, podríamos entrar a conversar, pero hoy día ese modelo es un mal modelo para Chile, porque no somos un país rico para andar perdiendo las arcas fiscales en un modelo de negocios, que para ellos es una oportunidad más para lucrar”.

En la misma línea, el dirigente de la Confusam señala: “Tenemos varios millones de personas en lista de espera y además tenemos que comprar en el sector privado más de mil millones de dólares en prestaciones que el sistema público no puede desembolsar porque no hay recursos. Con esto estamos agravando la crisis compleja del sistema público. Lo estamos desangrando y si a eso le agregamos el déficit hospitalario y el déficit de la atención primaria, se está configurando este cuadro de una complejidad extrema”.

Asumir responsabilidades

Para Esteban Maturana, la reforma de Ricardo Lagos, que prometió fortalecer el sistema público, controlar lo privado, fortalecer la atención primaria, es un fracaso y uno de los aspectos claves de la crisis actual.

“La verdad es que ninguno de esos cometidos se cumplió, ninguno esos compromisos fueron efectivos. Se llevó adelante una reforma en la que finalmente los más felices con ella fueron las propias instituciones privadas de salud, tanto las Isapres, que vieron mejoradas sus utilidades por decenas de miles de millones de pesos, y por supuesto el sistema privado que cada año cuenta con una bolsa de más de mil millones de dólares que saben que van a recibir por compras desde lo público, ya que en el escenario actual pareciera que en el sistema público no se pueden hacer bien las cosas”, puntualizó.

Por su parte, Anita Román hizo hincapié en la urgencia que requiere el cambio radical en el sistema, que permita de alguna forma, entender la salud como un derecho humano fundamental.

“La ministra Castillo recibió un sistema enfermo que se ha ido profundizando a partir del año 2004. En el ámbito de la obstetricia, las clínicas tienen hoy día lo que no tienen los servicios públicos: salas de atención integral de parto con grandes promociones, con grandes propagandas para que las mujeres tengan los partos como ellas quieran, y en el servicio público no se hace, no se cambian las estructuras de las salas de parto. Sin embargo, la Clínica Alemana, la Clínica Las Condes, tienen grandes programas para que las mujeres vayan a atenderse, porque pueden pagar, y eso, precisamente, es lo que no puede seguir pasando”, inquirió.

Finalmente, la representante del Colegio Médico, Izkia Siches, hizo un llamado a las autoridades de los distintos gobiernos, a asumir las responsabilidades directas que tienen en la actual crisis del sistema.

“Si nosotros consideramos que la Salud va a ser un derecho en algún momento en este país, un modelo como este es insustentable en el tiempo, eso es traspasarle al usuario la responsabilidad del pago. Creo que la reforma que planteó Lagos en su momento, está absolutamente obsoleta y ha demostrado el tiempo, las cifras y que no han encontrado una forma de resolver los problemas, ellos no invirtieron en salud, y hoy día pagan el triple por los profesionales, cuádruple por los exámenes y les toca, quizás hacer el mea culpa y empezar a pensar un nuevo modelo de salud que sea sustentable en el tiempo”, finalizó.