Tal como lo había anticipado, el diputado UDI Gustavo Hasbún apeló este lunes ante la Corte Suprema.

Esto, como consecuencia del desafuero parlamentario que decretó en su contra la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de acoger la solicitud presentada por el padre de Rodrigo Avilés, el joven estudiante que fue herido por el carro lanzaguas de Carabineros durante una manifestación en Valparaíso, el pasado 21 de mayo.

Con posterioridad al ataque, que significó que Avilés permaneciera hospitalizado en estado de coma, Hasbún aseguró que el estudiante había sido parte de los saqueos a locales comerciales, lo que se tradujo en una querella en su contra por los delitos de injurias y calumnias.

Según el documento presentado por la defensa del diputado, la pérdida de inmunidad representa una medida injusta, además de que la acción legal en su contra debe ser presentada por el propio estudiante.

“El único y verdadero escenario y motivación de sus palabras fue el contexto de crítica política, en el marco del debate de seguridad ciudadana, ocurrido el 21 de mayo de 2015 y días posteriores –que ha sido una línea seguida en la vida parlamentaria por el HD Hasbún con bastante energía– fue el que enmarcó sus frases y sus opiniones acervas, inmerso en una polémica sobre la intervención de la fuerza policial de Carabineros”, establece el escrito.

Asimismo, agrega que “jamás el objeto único de un supuesto ataque verbal suyo (directo o indirecto) fue desacreditar al joven Rodrigo Avilés, ni menos socavar su posición en la relación social”.

“Y siendo cierto, como se reconoció en estrados, que el HD Hasbún obró en error, y nunca mencionó al joven Avilés, ni a su padre –y siendo que el primero no es querellante en la causa y el segundo nada reclama para sí– entonces, también en el fondo la resolución del 11 de diciembre de 2015 debe ser revocada por la Excma. Corte Suprema”.

El documento concluye con que “si el voto de mayoría discurre que es plausible y razonable privar del fuero a un parlamentario para dejarlo en situación de igualdad con el ciudadano no aforado, y no afectar la aspiración de justicia que este pudiera llevar a los Tribunales, lo cierto es que una decisión como la atacada hace otra vez todo lo contrario: deja al parlamentario y a su electorado en posición desigual frente a la ley, e inmerso en un procedimiento que no es racional, ni justo”.