Por unanimidad de sus integrantes, la comisión investigadora Caval II de la Cámara, aprobó el informe final de esta instancia y sus 24 propuestas y conclusiones. No obstante, el punto que aborda la permanencia en su cargo del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, tensionó la exposición del escrito definitivo emanado desde esta instancia.

Si bien el informe concluía que era necesario “censurar la permanencia del señor Cristián Riquelme Urra” en su cargo, por el hecho de recibir a Juan Díaz, operador político de la UDI, en Palacio por una supuesta deuda de Natalia Compagnon, y además por el borrado del computador de Sebastián Dávalos, todo esto hecho sin informar a sus superiores.

Desde Chile Vamos, el diputado de la UDI Felipe Ward planteó que era necesario que en las conclusiones quedara de manifiesto la responsabilidad política de la Presidenta Michelle Bachelet por la permanencia de Riquelme en su cargo.

“Si bien, puede ser cierto, aunque hay que verificar ese dato de acuerdo a la legislación vigente, que quien firma el decreto no sea, en este caso, la misma Presidenta de la República, quien toma la decisión política de mantener o no a una persona en el Palacio de La Moneda, es ella. Yo creo que se puede llegar a ese punto con esa redacción, y no con otra, entendiendo quizás en relación al acto jurídico, no es ella la que lo realiza en la práctica sí hay una determinación, una decisión política de mantener a una persona cuestionada, entre otras instituciones, por esta comisión”.

El diputado del PPD Guillermo Ceroni desestimó las críticas de los representantes de la derecha, y planteó que se debe considerar los rangos jerárquicos de la administración pública, para entender que la Presidenta no tiene directa influencia sobre la situación de Cristián Riquelme.

“Los superiores jerárquicos son los que tienen que hacer el sumario y después de eso tomarse la decisión apropiada, entonces creo que llegar y decir que la Presidenta puede llegar y tomar una decisión es como que, en definitiva, es perder la gradualidad que debe tener cualquier funcionario público de quién es responsable”

Finalmente, la redacción de dicha conclusión dejó estipulada la responsabilidad “del Gobierno” en la permanencia en su cargo de Cristián Riquelme: “Cabe hacer presente que hasta el día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de Administración de La Moneda, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente ni ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto”.

Marcela Sabat diputada de RN manifestó su molestia porque en las conclusiones del escrito no se estableciera la eventual responsabilidad política que pudiera tener la Presidenta Michelle Bachelet en este caso: “Voto a favor manifestando mi molestia porque en este informe no se deje claro que la Presidenta Bachelet tiene responsabilidad, y por algo lo dicen las encuestas, más del 70 por ciento en Chile no le cree a la Presidenta cuando dice que se enteró por la prensa”.

En conversación con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el presidente de la comisión investigadora Caval II, (DC) Gabriel Silber, sostuvo que uno de los objetivos que alcanzó la comisión fue el establecer que la empresa Caval, de propiedad de Mauricio Valero y la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, “es una suerte de empresa de lobby”.

“Desnudamos completamente lo que era el rol de Caval, que a nuestro juicio es una suerte de empresa de lobby, una suerte de empresa cuyo expertise o hándicap competitivo era el entorno presidencial, las influencias familiares políticas que lo colocaba respecto de sus integrantes, muchas trenzas políticas como quien dice la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, y eso al final del día era lo que ofertaba Caval, más que decir que tenía expertise en el tema inmobiliario, porque al día siguiente estaba en el tema hospitalario y el tema minero”.

Silber además criticó la poca colaboración prestada por Dávalos y su esposa, así como otros involucrados en este caso, quienes si bien no tenían obligación de comparecer ante la comisión, le plantearon dificultades a su trabajo.

Finalmente, otra de las conclusiones a las que arribó la comisión apuntan a la existencia de un eventual tráfico de influencias y abuso de poder de parte de Natalia Compagnon, en relación con el crédito otorgado por el Banco de Chile, a través de su vicepresidente, Andrónico Luksic.

Tribunal declara admisible querella del SII contra Natalia Compagnon

En tanto, este martes el Tribunal de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de seis personas, incluyendo a Natalia Compagnon, por eventuales delitos tributarios.

El escrito fue revisado por el juez Alejandro Vilches, quien determinó que se ajustaba a derecho y le envió una copia al fiscal Luis Toledo, quien lidera la investigación sobre este caso, y eventualmente podría formalizar a la nuera de la Presidenta.