Durante la semana pasada el ex senador Carlos Ominami, el ex tesorero de Partido Socialista, Milton Lee y el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, fueron interrogados por la fiscalía en el marco de la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos por el caso Soquimich. Los interrogatorios condujeron a que este lunes la Fiscalía de la Quinta región, solicitara al Octavo Juzgado de Garantía una audiencia para formalizar a los tres investigados por el Ministerio Público.

Carlos Ominami afirmó no haber sido notificado de la formalización y declaró que “la demanda de formalización no implica un juicio de culpabilidad. He actuado de buena fe y sobre esa base me defenderé”.

En su primera declaración ante el ente persecutor, Milton Lee reconoció la emisión de boletas falsas destinadas a financiar irregularmente la campaña política de Carlos Ominami, entre los años 2009 y 2010. El total de las boletas emitidas en este periodo alcanza un monto de 178 millones de pesos.

Tras su cuenta pública anual, el fiscal Pablo Gómez se refirió al caso, declarando que existe un acuerdo entre el ente persecutor y las defensas de los imputados para extender el plazo de investigación más allá de la fecha original citada para febrero.

Además, el fiscal de la Región de Valparaíso señaló que existen claras posibilidades de salidas alternativas para varios de los imputados, pese a que no descartó la posibilidad de llegar a juicios orales en algunos de los casos.

La política del empate

En el marco de la formalización, y a propósito de las acusaciones de trato diferenciado en los casos de financiamiento irregular de la política emitidas este lunes por el Presidente de la UDI, Hernán Larraín, el secretario general del Partido Socialista, Pablo Veloso, rechazó ser parte de la lógica del empate y afirmó que estos casos no se tratan de una competencia entre los partidos.

“Aquí no hay ninguna ley del empate, aquí los tribunales y el ministerio público están funcionando, están haciendo las investigaciones que corresponden y están fallando conforme a derecho. Si eso afecta a más o menos políticos de un sector u otro, no tiene nada que ver con los partidos políticos a los que pertenecen esas personas, porque esas son acciones individuales y no son políticas institucionales”, señaló.

Además, el secretario de la colectividad afirmó que a su juicio no existen diferencias en el procedimiento que se ha aplicado en el caso de Jovino Novoa en relación al de cualquier otra persona. “No veo en dónde los tribunales han fallado de una manera diferente o discriminadora. En caso de que así sea deberían utilizar los recursos que les concede la ley para probar aquello”, afirmó.

Situación de privilegio

La eventual formalización de los tres investigados en el caso SQM, abre la pregunta respecto a la persecución de otros sujetos involucrados en el caso, que no han sido sometidos al mismo tipo de pesquisas por parte del ente persecutor.

En este sentido, el cientista político y director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Carlos Huneeus, se refirió a la situación privilegiada que tendría en este caso el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, afirmando que “es de público conocimiento que Ponce Lerou tiene un sistema de protección muy eficiente desde hace mucho tiempo, tiene redes de contacto en todos lados. Ese es el problema tal vez más delicado y grave que enfrenta nuestra democracia”.

Hunneus se refirió también al estrecho vínculo entre la Nueva Mayoría y el ex yerno de Augusto Pinochet: “Políticos de la Nueva Mayoría que han buscado fondos de Ponce Lerou los han recibido y que incluso en momentos en los cuales se ha cuestionado la legitimidad del control accionario que tiene SQM, como fue en el Caso Cascadas, parlamentarios de izquierda y democratacristianos trataron de empatar la situación de él con la del ex presidente Sebastián Piñera, sin que hasta el momento se hayan levantado voces para cuestionar el poder económico y político que tiene el señor Ponce Lerou”.

Durante los próximos días el Octavo Juzgado de Garantía fijará un día y una hora para hacer efectiva la formalización de los tres investigados.