Desde las 9 y media de la mañana de este viernes se llevará a cabo una diligencia clave en el marco de la investigación del caso Caval, cuando el fiscal Luis Toledo realice el proceso de formalización de cargos en contra de los 13 imputados, hasta ahora, en esta causa, y se den los plazos de investigación así como las medidas cautelares que podrían recaer en contra de los involucrados.

Recordemos que este caso estalló en febrero de 2015 cuando se destapó un crédito solicitado por la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, por 6 mil 500 millones de pesos al Banco de Chile, luego de reunirse con su vicepresidente, Andrónico Luksic, para comprar unos terrenos en la comuna de Machalí a nombre de la empresa Caval, tierras de uso agrícola, pero que con un eventual cambio de uso de suelo pasaría a ser urbanos con lo que incrementarían exponencialmente su precio.

Desde ese momento se momento se inició la investigación por supuesto tráfico de influencias, entre otros delitos, en contra de los involucrados en este caso, y que ha tenido consecuencias a nivel político, dada la conexión familiar de Natalia Compagnon con la Mandataria, situación que ha impactado en la popularidad de la jefa de Estado de manera decisiva, según han marcado las encuestas al respecto.

Entre los imputados que deberán enfrentar desde este viernes a la Justicia en Rancagua figuran Natalia Compagnon, dueña del 50 por ciento de Caval, quien será formalizada por el delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas; mientras que Mauricio Valero, dueño de la otra mitad de Caval, será formalizado por el delito de soborno, misma figura por la que está imputada la empresa de ambos.

Otro de los trece formalizados de este viernes será el síndico de quiebras y quien ofreció los terrenos de Machalí de propiedad de la familia Wiesner a Caval, Herman Chadwick –sobrino del ex ministro del Interior Andrés Chadwick-, quien será imputado por el delito de ventajas indebidas; en tanto el operador político de la UDI, Juan Díaz –quien habría contactado a Valero para hacerle saber de los terrenos-, será formalizado como cómplice de Chadwick y por soborno.

El arquitecto y ex director de obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva, se le imputa el delito de cohecho, mismo cargo que deberá enfrentar Cynthia Ross, sobrina de Patricio Wiesner, el dueño original de los terrenos, y que también fungiera como asesora del municipio de Machalí, y quien elaboró una propuesta de cambio de uso de suelo en la localidad, el que beneficiaría a los terrenos comprados por Caval.

También por el delito de ventajas indebidas será formalizado el consultor Andrés Orchard quien trabajara junto a Herman Chadwick; asimismo, la analista de sistemas y esposa de Jorge Silva, Marisol Navarrete, está imputada como cómplice de su marido por cohecho; mientras que los abogados del dueño original de los terrenos, Daniel Huerta y Pablo Ovalle serán formalizados por el delito de prevaricación de abogado y como encubridores de ventajas indebidas del síndico Chadwick, así como la abogada de Caval Mariclara González.

Finalmente, el empresario vinculado a la UDI Patricio Cordero será formalizado por el delito de facilitación de documentación tributaria falsa, junto a su socia Paulina Besserer imputada como cómplice de este delito.

Se espera que la formalización de todos los imputados demore cuatro días.

Diputado Gabriel Silber (DC): “Una vez que hable la Justicia debe hablar el Gobierno”

En el ámbito político, Gabriel Silber, diputado de la DC y presidente de la comisión investigadora Caval II, señaló que con las formalizaciones de este viernes 29 es la etapa más importante “de un proceso que ha marcado, prácticamente todo 2015 desde lo judicial y lo político”, y espera que la justicia actúe “con estrictez” y sin privilegios para que se establezca que nadie está por sobre la ley.

En este sentido, el parlamentario aseguró que “la deuda pendiente” del Gobierno es referirse a este caso, condene los hechos ocurridos en él, y así instalar en el rol protagónico “a la Presidenta y las buenas noticias”, cuestión que han esperado durante dos años, según Silber.

“Creemos que es sano que luego de las formalizaciones, y no antes, una vez que hable la Justicia también reaccione el Gobierno, tal vez la propia Presidenta Bachelet porque, obviamente, la sociedad también demanda que la primera autoridad en este caso se pronuncie respecto a un tema sobre la cual ha sido esquivo”

Silber, de todas formas, estableció que tampoco sería bueno que el Gobierno hable este mismo viernes sobre el caso, ya que “sus palabras pueden interpretarse como que se está pauteando a la Justicia”, pero sí una vez terminado el proceso de formalizaciones y determinación de las medidas cautelares espera “una reacción del Gobierno en términos políticos”, ya que hablaría bien de una administración que quiere retomar la agenda y la normalidad, “y separar aguas de Caval”, aseguró el diputado de la DC.

Coincidió con este análisis el cientista político y profesor de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, quien considera que el silencio mantenido hasta ahora por la Mandataria, sólo le ha hecho daño a su imagen: “La Presidenta lo que no ha hecho, y debe hacerlo al final, es tener que dar una opinión sobre el caso. El silencio le hace daño a ella, cualquiera que sea la cosa algo tiene que decir. Hablar ella, no algún ministro”.

Para el diputado del PS, Juan Luis Castro, desde el punto de vista político las formalizaciones que se realizarán este viernes deben marcar “un antes y un después”, ya que se tendrán focalizadas las responsabilidades, se otorgarán las medidas cautelares correspondientes, así como el plazo máximo de investigación y, por lo tanto, “todo el impacto que ha tenido este caso debería acotarse y reducirse a los responsables”.

“Marcar un antes y un después, desde el punto de vista político, que es lo que le interesa al país porque la Justicia está actuando y mañana (viernes), va a ser el momento principal en que se van a conocer todas las imputaciones y responsabilidades y las propuestas de sanciones, así que en el momento en que eso se dé, creo que el Gobierno puede perfectamente dar un punto de vista en cuanto a los alcances políticos que esto tiene”.

Diputados de Renovación Nacional piden salida de administrador de La Moneda

Los diputados de Renovación Nacional, Marcela Sabat, Diego Paulsen y José Manuel Edwards llegaron este jueves hasta el Palacio de La Moneda para entregar a la Presidenta Michelle Bachelet el informe de la Comisión Investigadora en el Caso Caval.

El texto, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, reitera las críticas por la permanencia en su cargo del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, quien además es investigado en el marco del Caso Soquimich por recibir dineros del operador político, Giorgio Martelli. Ante eso, piden eliminar todo vestigio de Caval de La Moneda para evitar que el Palacio de Gobierno se siga viendo como “una sucursal de empresa” ante la ciudadanía.

El diputado Edwards aprovechó de pedir que en el proceso judicial se ejerzan las mismas medidas cautelares que en el Caso Penta, cuando la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, Hernán Chadwick y el operador inmobiliario, Juan Díaz, arriesgarían prisión preventiva.

“Primero esperamos que haya respeto hacia quienes están siendo formalizados, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que esperan que haya igualdad ante la ley. “Si es que hubo ciertas medidas para el caso Penta, esperamos que para los mismos actos haya medidas cautelares”.

Además, los diputados pidieron que la Presidenta no sólo escuche la audiencia, sino que manifieste una opinión política al respecto. En esa línea la diputada, Marcela Sabat, indicó que “como madre debe ser muy difícil lo que está viviendo”, pero que “se requiere que asuma las responsabilidades como jefa de Estado”. Por lo mismo, exigió que al menos resuelva la situación de Riquelme en estos días, antes de partir de vacaciones a Caburgua, en la Región de La Araucanía.

El titular del Interior, Jorge Burgos, reiteró que el gobierno está interesado en que funcionen las instituciones y evitó referirse en profundidad a la solicitud de los integrantes de la oposición.

“Está bien, los diputados hicieron un informe que, entiendo, fue aprobado de forma unánime. El informe es público y si además querían acompañarlo de una escena más bien publicitaria, están en su derecho, yo también fui diputado. No tengo más comentarios al respecto”, afirmó el ministro.

Al ser consultados si el cambio de agenda de la Presidenta, que canceló su viaje a Cabo de Hornos, implica una especial atención del gobierno en la formalización de este viernes, el ministro respondió que “siempre estamos pendientes de todo lo que ocurre en el país” y que “no hay ninguna razón especial para suspender el viaje”.

En esa línea Andrés Montes, Fiscal Nacional subrogante, se pronunció sobre la solicitud de igualdad de trato de parte de Renovación Nacional.

“Es una situación que debe ponderar cada uno de los fiscales, de acuerdo a los antecedentes del caso y de acuerdo a la necesidad de cautela que exista para cada una de las personas que va a ser imputada en una audiencia de formalización. No corresponde aplicar reglas matemáticas, sino que lo que procede es analizar caso a caso la situación de cada una de las personas”, concluyó.

Montes aseguró que la determinación de las medidas cautelares y de la imputación de cargos es resorte del Fiscal Regional, Luis Toledo, y que “no todo debe ser comunicado a nivel central”. Sobre si el Fiscal Toledo sería trasladado a la Región Metropolitana a solicitud de Jorge Abbott, sostuvo que “se mantiene como fiscal jefe de la región de O’Higgins”. Esto, al menos, por las siguientes semanas.