Varios millones de dólares gastó la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el bombardeo al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Fueron decenas de misiles los que impactaron en la sede gubernamental con el objetivo de terminar con la vida del entonces presidente Salvador Allende Gossens.

A pesar del gasto de recursos y de tratarse de aeronaves que no cualquier persona puede pilotear, en la FACh aseguran no saber quiénes integraron el grupo de oficiales que participó en ese hecho, ocurrido hace casi 43 años y caratulado en la Justicia como un homicidio frustrado en contra del ex mandatario.

“Una causa que lleva muchos años, producto de la existencia de una terrible dictadura militar y una posterior democracia negligente”, explicó en conversación con la primera edición de Radio Análisis el abogado Roberto Ávila, para quien los gobiernos democráticos deberían haber tenido una actitud distinta, “frente a un hecho tan grave como bombardear e incendiar el Palacio Presidencial con el propósito de dar muerte con el presidente constitucional”.

“Yo actúo como un simple ciudadano llevando adelante esta causa, pero creo representar el sentido, la dignidad y el honor de muchos chilenos”, agrega el jurista. Esto, con la esperanza de que se sancione a quienes cometieron este grave delito”.

Este jueves, el abogado presentó ante la Corte de Apelaciones una solicitud para someter a proceso a Mario López Tobar, general en retiro que dirigió la escuadrilla que perpetró el bombardeo a La Moneda y a otras instalaciones, como algunas radioemisoras, con el fin de silenciar sus transmisiones. “Y también la residencia personal del doctor Salvador Allende, con el inequívoco propósito de dar muerte a su cónyuge, pues ellos sabían que el presidente no estaba ahí”.

Incluso recuerda que el propio López Tobar escribió un libro, titulado El 11 en la mira de un Hawker Hunter, en el que el general, según el jurista, se jacta de lo realizado. “Él también aparece en un documental de la televisión alemana, Más fuerte que el fuego, donde hace jactanciosas declaraciones desde su oficina, engalanada con una gran fotografía de La Moneda en llamas. Ahí se entrevista incluso a los pilotos que participaron en el bombardeo”.

Asimismo, Ávila detalla que en su propia declaración ante el ministro Mario Carroza, el propio López Tobar ratificó que se había desempeñado como jefe de la escuadrilla, disparando 22 cohetes Sura antiblindaje en contra del área norte del Palacio Presidencial, lugar donde se encontraba el despacho de Salvador Allende. El propósito no era otro que darle muerte.

“Hemos pedido que se dicte un auto de procesamiento. Nos parece que si esto no se hace, es negar una verdad monumental. En Chile, los abogados y la sociedad civil en general deben dejar de tener pasividad procesal”, exige el jurista, añadiendo que “no podemos después de 25 años de democracia tolerar que alguien diga que el bombardeo a La Moneda y el intento de matar al presidente de Chile es un delito de daño y que no constituye un delito susceptible de ser sancionado”.

Su planteamiento no solo apunta a actuar judicialmente a nivel nacional. Según el abogado, también se debe recurrir a tribunales internacionales.

Todo esto, considerando que los argumentos desde la defensa de los oficiales de la Fuerza Aérea que participaron en el ataque se han centrado en afirmar que solo se intentaba dañar, pero en ningún caso asesinar a quienes se encontraban en La Moneda.

“Los hechos son evidentes –asegura Roberto Ávila–, pues si hubiera existido la voluntad de intimidar  bastaba un vuelo rasante, a mil 200 kilómetros por hora, quiebra los vidrios y hace temblar las murallas. El impacto de un cohete rocket habría sido suficiente”.

Además, advierte que los abogados defensores no han tenido que esforzarse mucho. “La pasividad del tribunal lo ha hecho todo, en espera que el transcurso del tiempo todo lo cure. Pensamos que los hechos son evidentes y si esto no es delito. Hace algunos años, un muchacho anarquista le tiró una botella con bencina y chamuscó una cortina del Palacio de la Moneda y lo condenaron a dos años de prisión efectiva”.

Una evidente dicotomía con la que actúa la Justicia, “pero también por la pasividad que hemos tenido desde la sociedad civil y los abogados que participamos en estas causas”, aclara el propio Ávila, quien ejemplifica con el caso argentino, donde advierte que existen 126 jueces procesados por negligencia inexcusable al no proteger los derechos humanos. “En Chile se negaron miles de recursos de amparo y nadie respondió por nada en este país”.

Un camino lleno de obstáculos por los que ha debido transitar el abogado desde que presentara la querella en cuestión. “Un tránsito largo, fatigoso y lleno de negligencias”, asegura. “No puede ser que la Justicia chilena sostenga que incendiar el Palacio Presidencial, luego de la obligación de rendición al presidente constitucional, no es delito”.

¿Pero existe certeza de quiénes participaron de esta acción militar, además de Mario López Tobar? “La FACh se ha negado permanentemente a entregar los nombres de los pilotos. Se los pedimos cuando Andrés Allamand era ministro de Defensa. Nos dieron una excusa increíble, de que ellos no sabían quiénes habían usado los aviones ese día, en circunstancias de que esa, junto a un bombardeo a la Marina en Coquimbo en 1932, han sido las únicas operaciones de guerra de la Fuerza Aérea de Chile en toda su historia”.

“Lo otro es creer que cualquier piloto toma un avión Hawker Hunter, sale a pasear y nadie se entera del gasto de combustible, la disposición del armamento”, ironiza el abogado Ávila. “Eso no es creíble. Además, el Grupo 7 se trasladó a Carriel Sur en 1973, porque tenían desconfianza del jefe de la base aérea de El Bosque, que era su lugar natural de funcionamiento, porque este señor no era partidario del Golpe de Estado”.

Una serie de registros, explica el jurista, que deben quedar como parte de los protocolos en este tipo de instituciones. “Destinaciones, registros de viáticos, materiales que quedan anotados. Lo que a esta altura diga la FACh importa poco, porque los hemos identificado, sabemos quiénes son.  Además de Mario López Tobar, está Fernando Rojas Vender, quien dio una entrevista ante la periodista Mónica González, publicada en el diario Clarín de Buenos Aires, donde asegura que fue el segundo de abordo y que usó el nombre de combate ‘Rufián’”.

Asimismo, menciona a Eitel von Muhlenbrock, “quien fue reconocido en un tribunal. Aquí se han dado explicaciones absolutamente absurdas”.

Luego de la presentación ante la Justicia que busca procesar a López Tobar, el abogado Ávila detalla que esperan la respuesta del ministro instructor Miguel Vásquez Plaza. “No esperamos gran cosa de él. Parece entender que este es un delito de daño. Es decir, que fueron unos militares enojados que se pusieron a destruir edificios porque seguramente estaban presos de una ira inexplicable”.

Sin embargo, no pierde la esperanza de que la Corte de Apelaciones revise el fallo dentro de los próximos 15 días. “De lo contrario, iniciaremos acciones judiciales de otra naturaleza ante el derecho chileno y vamos a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque todas estas dilaciones tienen un destino que es conocido: esperar que la ley de la naturaleza actúe sobre los responsables y esto pase a juicio histórico. Aquí hay crímenes de lesa humanidad que no pueden tener ese destino”.