Entre octubre de 1814 y junio de 1815 se reunieron en Viena todas las antiguas fuerzas monárquicas y conservadoras de Europa para restaurar el viejo orden absolutista que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas habían hecho añicos en los años anteriores.

En el Chile actual –guardando las proporciones– está sucediendo algo similar. Sólo que en el siglo 21 las cosas se hacen con mayor rapidez y con menos fanfarreo. Así, sigilosamente la cuestionada clase política local ha logrado reajustar el naipe para forzar las cartas a su favor. Y el epicentro de la restauración reaccionaria chilena está en el Senado.

Veamos ejemplos. El martes de la semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó por unanimidad ampliar los plazos de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, de 40 a 90 días. Traducción: retrasa el tiempo en que la ciudadanía pueda conocer detalles de esas indagaciones. Todo esto, por cierto, en el marco de la llamada “agenda corta contra la delincuencia” que ha dado para todo, incluyendo volver a la vieja detención por sospecha de la dictadura.

Como si ello no bastara, la comisión también aprobó endurecer las sanciones en caso de filtraciones a la prensa, proponiendo penas de presidio que van desde los 61 días a 541 días. Ello equivale prácticamente a aprobar una Ley Mordaza en supuesta plena democracia. Aunque algunos legisladores han afirmado que se trata de resguardar investigaciones “sensibles” en caso de narcotráfico u otros delitos, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que se trata de una defensa corporativa del establishment político que se busca proteger de los escándalos.

Esta joya legislativa que contribuye a la silenciosa restauración reaccionaria fue aprobada por todos los miembros de esa comisión, a saber: Alfonso Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (independiente cercano a la DC), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).

Es más, la iniciativa contó incluso con el apoyo del propio Ministerio Público. Invitado a participar en la sesiones de la comisión, el fiscal Andrés Montes –hijo del senador socialista Carlos Montes– apoyó plenamente este accionar. Respecto a las filtraciones en la prensa, el fiscal aseguró: “Se trata de una conducta indebida que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”. Es probable que Jovino Novoa y Pablo Longueira sonrieran con satisfacción al saber de estas declaraciones.

A veces, el manto de protección que la clase dirigente está tejiendo silenciosamente en torno suyo sale a la superficie. Fue el caso con la entrevista que el fiscal nacional Jorge Abbott dio a La Tercera y que se publicó este domingo en su cuerpo de Reportajes. Sin tapujos, el máximo encargado de perseguir el entramado de corrupción y favores entre la clase política y la clase empresarial, afirmó: “Tratamos de hacer las investigaciones con el más bajo perfil, de modo tal de no afectar a las instituciones y tampoco afectar la presunción de inocencia de cada persona, que hoy en día no tiene mucha consideración de parte de los medios y la comunidad”. Traducción: la prensa y los ciudadanos son una horda de bárbaros que enjuicia de antemano a una Ena von Baer, Iván Moreira, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Rodrigo Peñalillo, Carlos Ominami y un largo etcétera. Y lo hacen, en parte, porque las investigaciones se filtran, un acto tan anti-institucional que merece ser sancionado con cárcel. ¡Viva Chile!

Como si estas palabras fueran pocas, el fiscal nacional agrega: “Basta que una persona sea formalizada para que ya se entienda que ha sido condenada por un hecho”. Conociendo Chile, me imagino que no se refiere al micro-traficante de La Legua, sino que a los empresarios y políticos involucrados en los escándalos. Con esa frase de Jorge Abbott, ahora, sí, Longueira y Novoa se ponen de pie para aplaudirlo. Después de todo son ellos dos, entre otros, los que más se han quejado de las filtraciones a la prensa y el “asesinato de carácter” por ser formalizados. Y, de paso, en el coro de júbilo también estarán los ayudistas concertacionistas de los ex pro-hombres de la UDI, como el ex ministro José Miguel Insulza, o el ex ministro y actual lobbista Enrique Correa, que han salido a defender a brazo partido a Longueira.

Mirando para atrás, adquieren sentido las sospechas de fines del año pasado que insinuaban que detrás de la elección de Abbott se escondía un “arreglín” para toda la clase política.

Pero las cosas son aún más graves de lo que uno puede imaginar. La clase política, en especial el Senado, se está literalmente “arreglando los bigotes”. El miércoles 16 de marzo, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta eligió por unanimidad –hay que insistir en esto de que fue unánime– a la senadora de la UDI Ena von Baer como presidenta de esta instancia. Sí, la misma que mintió a todo el país a inicios de 2015 al afirmar que nunca recibió dinero de Penta para sus campañas políticas. En noviembre recién pasado, su padrino Novoa confirmó en declaraciones ante la fiscalía que ella recibía dinero de ese grupo corporativo. Es bueno recordar que quienes la eligieron de manera tan entusiasta son Andrés Zaldívar (DC), Carlos Bianchi (independiente de derecha), Rabindranath Quinteros (PS) y la propia Ena. No estaba presente el quinto miembro, Alberto Espina (RN), pero el sentido común indica que también habría votado por ella.

Exactamente una semana después, el miércoles 23 de marzo, el papelón se repitió, pero esta vez en la Comisión de Economía del Senado. En esa juntada, los honorables eligieron como presidente a Iván Moreira (UDI). Sí, el mismo que reconoció pagos impropios del Grupo Penta, pidió perdón por ello, pero que hasta el día de hoy está siendo investigado por la Fiscalía. Los miembros de esa comisión son el senador Jorge Pizarro (DC), Eugenio Tuma (PPD), Lily Pérez (independiente de derecha), el propio Moreira y Alejandro Navarro (MAS). Su nombramiento no fue, a diferencia de Ena von Baer, unánime. El Senado no revela cómo votó cada uno, pero es de suponer que al menos Navarro no votó a favor de Moreira.

Por cierto, varias de estas votaciones e indicaciones han contado con el respaldo tácito de La Moneda.

Todas estas maniobras para salvar el pellejo propio, todas las amenazas de la derecha de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar las reformas clave, toda la propaganda para instalar a Ricardo Lagos como el próximo candidato de la Nueva Mayoría (un proyecto político que nace de las páginas editoriales de El Mercurio y de las encuestas del CEP), forman parte del movimiento restaurador criollo. Pero, si leyeran un poco más de historia (y no sólo la historia personal de Lagos, como le gustaría al propio Lagos que lo hicieran las diputados comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola), se darán cuenta que después del Congreso de Viena vino la revuelta de 1830 en París (con la famosa imagen de la mujer cargando el estandarte de la bandera y los pechos desnudos), la revolución de 1848 en toda Europa, o la Comuna de París en 1870. Y hoy en día, con todos sus enormes problemas, ese continente es bastante más democrático y equitativo que América Latina.

Es más, en el Panteón de París se celebran todos los héroes de su historia reciente, incluyendo a los revolucionarios. En Chile estamos lejos todavía de poner en su justo lugar a gente como Balmaceda, Marmaduque Grove o los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que en septiembre de 1986  trataron de eliminar al mayor dictador de nuestra historia. Ellos, en Francia o Alemania, serían héroes.