En el marco de la tramitación del proyecto de la Agenda Corta Antidelincuencia y la Ley Anticolusión, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich afirmó que en ambas iniciativas hay un sesgo de clase, ya que los delitos comunes suelen terminar con prisión preventiva, en cambio, en aquellos en que están involucrados empresarios y políticos, las medidas cautelares excepcionalmente son de esta índole.

Por esta razón, el doctor en derecho penal comentó, en entrevista con nuestra emisora, que profesionales de la Universidad de Chile llevan a cabo actualmente una investigación comparativa para comprobar la manera en que se argumenta la pena privativa de libertad en uno y otro proyecto, lo que, además, podría arrojar diferencias y evidenciar las anomalías del derecho penal chileno.

“Ha habido tanto esfuerzo sofisticado en demostrar que la pena de cárcel podría ser inútil disuasivamente en la discusión sobre colusión, y la completa irreflexibilidad con que la demanda por intensificar el uso de la cárcel en la discusión por Agenda Corta muestran que están consolidándose parámetros de evaluación crítica en uno y otro plano que no tienen parangón entre sí”.

El abogado añadió que, incluso, ambas iniciativas han sido revisadas por las misma Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de las dos cámaras del Congreso, revisándose por los mismos legisladores, pero llegando a conclusiones diferentes.

En cuanto al secreto de las investigaciones y la necesaria reserva, el especialista afirmó que es preocupante que un entramado institucional, clase política y sistema de administración de justicia, en nombre del correcto ejercicio de la acción penal invoque cortapisas que muestran, a su juicio, cierta paranoia sobre la situación actual.

“Un Estado de derecho supone que se resguarda el adecuado funcionamiento de sus instituciones, pero hay un riesgo de un endurecimiento del aparato institucional que lo haga relativamente impermeable a la demanda más crítica que pueda venir de la ciudadanía. Hay un basamento sumamente autoritario en la preocupación”.

Mañalich comentó que cargar al Ministerio Público con la labor de perseguir a los propios fiscales que podrían ventilar información sobre procesos judiciales en curso, no debería ser un tema de urgencia.

Asimismo, expuso su inquietud a que se confunda el resguardo de la honra de personas con la identificación de cierto honor de las instituciones para lo cual, en su opinión, en democracia no hay espacio.

Por su parte, un grupo de parlamentarios de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD) se pronunciaron en contra de aprobar la polémica indicación acerca de las filtraciones, decisión que expusieron al Ministro del Interior, Jorge Burgos, en una reunión, misma postura adoptada por diputados del PS.

También le hicieron ver a la autoridad que hay una división de opiniones en lo que refiere a la efectividad del Control Preventivo de Identidad y la necesidad de modificar la norma que ya existe.

El líder de la bancada PPD, Ramón Farías, indicó que los diputados días antes de la votación, evaluarán la iniciativa y tendrán otras citas con el Ejecutivo sobre este tema, no obstante descartó que esto se trate de una división entre los parlamentarios oficialistas y el Gobierno.

“Esas son las dos normas que están en discusión y no es el proyecto completo, por lo tanto, no se puede hablar de que si las rechazamos sería quitarle el piso al Gobierno y al ministro Burgos. Aquí hay una diferencia de miradas en los parlamentarios con mociones que nacen desde ellos mismos”.

Fuera del Congreso, los estudiantes secundarios convocaron a una manifestación en contra del Control Preventivo de Identidad para este jueves ya que a su juicio la norma reinaugura la detención por sospecha. Así lo afirmó el presidente el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, José Corona.

“Es una medida arbitraria, discriminatoria y que no ataca el problema de fondo. Son soluciones una mejor educación para los jóvenes y salidas de los círculos de delincuencia, ya que el Estado ha formado un caldo de cultivo manteniendo la deserción escolar y la falta de oportunidades dentro de la Educación Pública. Esta Agenda Antidelincuencia no da abasto”.

El representante de los escolares adelantó que ya se suman a la movilización organizaciones como marca AC y por la diversidad sexual, considerando que se vulneran derechos básicos de los ciudadanos.