El Tribunal Constitucional acogió a tramite el recurso presentado por la oposición en contra de la Reforma Laboral y que busca impugnar cuatro normas contenidas en el proyecto.

De esta forma se inicia la tramitación del proceso y el martes se resolverá la admisibilidad de este requerimiento. Declarada la admisibilidad, se otorgan cinco días de plazo para notificar a las partes y posterior a eso, se da paso a los alegatos por parte de los actores involucrados.

Respecto del requerimiento presentado por diputados de oposición señaló que también en la sesión del martes se analizará si se acoge a trámite y si posteriormente procede su admisibilidad.

Dicho requerimiento se concretó inmediatamente después de la aprobación en el Senado de la iniciativa que fue de 23 votos a favor y 15 en contra.

Las normas impugnadas por los parlamentarios de la centro derecha son la titularidad sindical, que establece que el sindicato será siempre el principal actor de la negociación colectiva, terminando con los “grupos negociadores” en empresas con sindicato.

En este caso el requerimiento argumenta que “el derecho a negociar colectivamente es de los trabajadores y no solo del sindicato, de acuerdo a lo que señala la Constitución.

La “extensión de beneficios” también fue impugnada con este requerimiento. La norma entrega al sindicato la prerrogativa de extender o no los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Para la oposición esto corresponde a “un mecanismo encubierto de sindicalización obligatoria”.

Respecto de los sindicatos interempresas, la reforma establece que para los empleadores será obligatorio negociar con estas entidades sindicales, en el caso de las micro y pequeñas empresas será voluntario. El requerimiento en este caso indica que la voluntad de la Constitución es que la negociación sea “con” la empresa, es decir, dentro de la misma prohibiendo la negociación ramal.

Finalmente respecto del derecho a la información, la presentación hecha por los parlamentarios de Chile Vamos sostiene que con esta norma se vulneran los derechos de privacidad que establece la Constitución y que, según se afirma en el texto, hasta ahora es resguardado en el Código del Trabajo.

Recordemos que el gobierno dio a conocer el equipo jurídico que representará al Ejecutivo ante el TC. Se trata de los abogados laboralistas Francisco Tapia y Andrés Aylwin, y de los constitucionalistas Javier Couso y Carlos Eugenio Mackenney.

La defensa también estará respaldada por dos informes en derecho, uno elaborado por Pablo Ruiz-Tagle Vial y otro por Patricio Zapata Larraín, ambos destacados abogados y profesores de derecho constitucional.