La situación de la reforma laboral podría resumirse más o menos así: después de 16 meses de tramitación en el Congreso, y de un extenso tira y afloja entre el oficialismo y la oposición, el proyecto de ley fue aprobado en su mayoría. Los puntos que originalmente suscitaron conflictos se mantuvieron hasta último minuto. Adecuaciones necesarias, extensión de beneficios, titularidad sindical y negociación interempresas fueron los aspectos críticos.

En segundo trámite constitucional y al no existir un acuerdo entre los conglomerados políticos, las disposiciones cuestionadas fueron enviadas a una Comisión Mixta.

En medio de este proceso, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron al Tribunal Constitucional (TC)un control de constitucionalidad preventivo, aquel que se realiza a las normas antes de que se conviertan en ley. Este lunes se conoció el fallo de dicho órgano que resolvió, finalmente, declarar inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión de beneficios.

En este marco, la Presidenta Bachelet ejerció su atribución exclusiva y realizó un veto supresivo a los artículos que regulaban los pactos de adaptabilidad. Al mismo tiempo, se anunció un proyecto de ley corta que pudiese corregir aquellos aspectos descartados por TC. A contar de este lunes, el ejecutivo tiene un plazo de 30 días para enviar sus enmiendas y hasta el momento se desconoce la línea política y jurídica que seguirán.

Sobre el estado actual de las cosas, conversamos con la laboralista y miembro del Estudio Jurídico Sindical, Karla varas. La abogada sostuvo que si bien el TC realizó un fallo que puede resultar cuestionable, resulta fundamental cuestionarse por las falencias de origen.

“Esta reforma nació mala. No es el Tribunal Constitucional lo que genera que estemos con un proceso a medias o con una Reforma que no cambia el modelo. Esta Reforma nace desde el ejecutivo con simples retoques y ninguna transformación de fondo que impacte en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores en Chile”, afirmó.

En la misma línea, Karina Narbona, investigadora de Fundación Sol, señaló que si bien “El TC vela por la institucionalidad heredada de la dictadura, lógicamente va a encontrar que aquel punto que iba en un leve sentido en contra del Plan Laboral de 1979, va a defenderse y va a instalar un punto de vista que es aún más regresivo incluso”.

Pese a lo anterior, la investigadora afirmó que “este proyecto nunca suscitó un apoyo sindical masivo precisamente porque venía de origen mal, antes del fallo del TC. El Tribunal eliminó el poco aspecto que uno podría considerar que era medianamente rescatable de la Reforma que era la titularidad sindical. Lo que hace el gobierno es plantear que con este fallo se produce un desperfilamiento de la Reforma de ultimo minuto, pero nosotros sabemos que esto viene de mucho antes”.

Fallas congénitas y el modelo de la dictadura

Las normas que fueron declaradas inconstitucionales eran, a juicio de ambas expertas, lo único medianamente bueno de la Reforma.

Sobre la titularidad sindical, Karla Varas explicó que quizás para alguien que no es experto en la materia, le puede parecer razonable que se permita a los trabajadores no sindicalizados negociar por grupos. “Pero el problema radica en que esos grupos son transitorios y no garantizan una adecuada defensa de los trabajadores. Muchas veces son utilizados por los empleadores para afectar al sindicato que existe en esa empresa y generar una competencia que desincentiva la sindicalización”, analizó.

En este sentido, el sindicato sería el único órgano con vocación de permanencia para los efectos de defender los derechos de los trabajadores, y de ahí su importancia y necesidad de preservar.

Sobre la extensión de beneficios, la abogada explicó que actualmente es facultad del empleador extender o no los beneficios, lo que fomenta el desinterés en la sindicalización, “básicamente porque si los beneficios se van a obtener de todas formas no habría una justificación para entrar al sindicato. Lo anterior provoca que los sindicatos, al tener pocos integrantes, sean débiles y estén en una posición de desventaja a la hora de negociar”.

Ambas decisiones tomadas por el TC, suponen una interpretación de la libertad sindical no como una prerrogativa de los sindicatos, sino que de los trabajadores individualmente considerados.

Para Karina Narbona hay otras normas que siguen instaladas y que son sumamente graves, como  los pactos de adaptabilidad y las adecuaciones necesarias, por citar algunos ejemplos.

Ambas normativas se enmarcan bajo la idea de que  la huelga no puede implicar una paralización de la empresa. Esa sería una de las modificaciones clave del Plan Laboral diseñado por José Piñera en 1979.

“Él planteaba que lo que se iba a generar era una huelga no monopolista o que no paralizara los centros de trabajo. Para eso estableció distintos resguardos del modelo y que son los que ahora no sólo se busca mantener, sino que se le agregan incluso más cortapisas”, destacó Narbona.

“El sentido genuino de la huelga es paralizar, es interrumpir la normalidad productiva y si no se reconoce eso, finalmente no se está reconociendo el derecho a huelga”, agregó la investigadora.

En ese sentido es pertinente mencionar que el Plan Laboral de la dictadura, instaló la negociación colectiva solamente en el nivel de empresas, de confinarla a ese espacio cerrado. Hasta antes de ese momento, los trabajadores se agrupaban por distintos oficios y actividades productivas e incluso territoriales. Esta opción por acotar la negociación, tendría una consecuencia ineludible a juicio de Narbona:

“Un eje que declara muy abiertamente José Piñera es que el Plan va generar la despolitización de la negociación colectiva. Entonces ni siquiera en el espacio más reducido que es la empresa se les permite a los trabajadores discutir la organización del trabajo, menos aún se les permite discutir los temas ajenos a la empresa”, afirmó.

Lo anterior tendría como consecuencia, deshabilitar la posibilidad de que los trabajadores se articulen, evitar la organización y finalmente transformarlos en actores que velan por condiciones muy inmediatas, desconectádolos de un plan a largo plazo.

Pensar una Reforma en serio

Ante las enormes falencias que presenta la Reforma y sobre todo considerando el elemento político que subyace a las relaciones entre trabajadores y empleadores, le preguntamos a ambas expertas cuáles serían, a su juicio, las características mínimas de una Reforma que garantice los derechos de los trabajadores y que pueda regular, de alguna forma, la relación de desigualdad que supone la jerarquía laboral.

El diagnóstico fue contundente y único: un sistema de negociación por rama, es decir, donde todos los sindicatos de un rubro puedan negociar condiciones para todos los trabajadores del mismo sector, sería el elemento clave. También, reconocer el derecho a huelga como un derecho humano de los trabajadores y una efectiva autonomía sindical.

“Que la organización sindical pueda tener autonomía para ejercer un contrapeso frente a los empresarios. La fuente de esta autonomía en el derecho internacional tiene que ver con el derecho a huelga entendido como un arma, un derecho a la legitima defensa. Se tiene que eliminar todos los reemplazos de las funciones y la criminalización de la huelga”, señaló Karina Narbona.

Los desafíos actuales, entonces, estarían en la línea de eliminar la serie de cortapisas que existen en la Reforma y, por cierto también en la legislación vigente, y que limitan la principal presión que supone la huelga: detener la actividad productiva de las empresas.

Finalmente, la investigadora de Fundación Sol recalcó que si bien la reforma resulta un retroceso desde muchos puntos de vista, tiene un aspecto positivo:

“Como un efecto no esperado, los sindicatos de base se están juntando a discutir estos temas, se están organizando y están buscando estrategias para ir por sobre la institucionalidad porque la institucionalidad no está dando el ancho”.