La semana pasada se dio a conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que ofició nuevos estudios psicológicos y sociales a tres condenados por crímenes de lesa humanidad que Gendarmería no habría elaborado detalladamente en el informe que rechazaba su libertad condicional.

Esto abriría posibilidades para otorgarle beneficios carcelarios a los condenados recluidos en Punta Peuco.

Frente esta situación, organizaciones de derechos humanos llegaron hasta el máximo tribunal para exigir que los condenados cumplan con su pena total porque advierten que con esta decisión “el fantasma de la impunidad recae nuevamente sobre el país”.

Según indicó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la reunión sostenida con el presidente del organismo, Hugo Dolmestch, se habría comprometido a revisar el tema en el pleno de ministros.

“Esperamos que se discuta durante las próximas horas esta posición que ha tomado la sala constitucional de la Corte en dirección de dejar sin efecto esta disposición de Gendarmería porque solo avala la impunidad”, explicó.

Héctor Marín presidente de la agrupación en Iquique y Pisagua, sostuvo que no es posible darle beneficios a los pocos culpables de violaciones a los derechos humanos que la Justicia ha condenado hasta el momento.

“Si le dan beneficios a estos criminales se estarían transgrediendo todos los convenios internacionales. No es posible que los que asesinas, queman y desaparecen a nuestros familiares tengan beneficios”, indicó.

Los nuevos estudios que solicitó la Corte de Apelaciones estarán a cargo del Servicio Médico Legal y la Municipalidad de Colina.

De esta manera, se estarían evaluando los beneficios carcelarios para el capitán en retiro Alex Ambler que lleva tres años encarcelado por el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafel Vergara Toledo; y el ex carabinero Claudio Salazar, sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de los tres profesionales comunistas degollados en 1986; y, Conrado Sesnic ex funcionario de la Armada, enviado a prisión por cinco años por el secuestro y desaparición del militante del MIR Rudy Cárcamo, hecho ocurrido el 27 de noviembre de 1974.

Por otro lado, Marcelo Valenzuela integrante de la agrupación en Copiapó valoró que después de 20 años las autoridades regionales les entregaran un inmueble de CEMA Chile donde la organización humanitaria construirá un memorial por las víctimas de la dictadura en la región.

Organismos de DDHH de Valparaíso presentan 15 querellas por torturas en Dictadura

La Mesa Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso presentó 15 nuevas querellas ante la Corte de Apelaciones, de esa ciudad, por secuestro calificado y torturas ocurridas en distintos centros de detención en la región, durante la Dictadura cívico-militar.

Héctor Cataldo, presidente de la organización, dijo que la acción judicial va dirigida contra los torturadores, pero también contra las autoridades civiles que generaron las condiciones políticas para efectuar estos crímenes de lesa humanidad.

Los antecedentes de los responsables se mantendrían bajo secreto de sumario por la investigación a cargo del Ministerio de Defensa, según indicó el dirigente.

“Todo está en secreto de sumario porque el Ministro nos solicitó que esto aún no sea público para no interferir la investigación. Hay nombres de torturadores en la Academia de Guerra, en la Base Naval El Belloto, y los que torturaron ahí saben bien quiénes son”, indicó.

Los primeros meses de este año, la Mesa inició un proceso de interpelación al Estado para que responda por estos delitos imprescriptibles, lo que ha generado un interés creciente entre los familiares y sobrevivientes para entregar sus testimonios, según indicó el representante.

Los querellantes aseguraron que esta acción coincide con el 21 de mayo, fecha de conmemoración para la Armada, que a la vez debe hacer un mea culpa profundo y sincero sobre estos delitos cometidos.