La bancada transversal de parlamentarios por la seguridad ciudadana oficializó el ingreso al Congreso de su propuesta de ley denominada ‘anti-encapuchados’. La iniciativa desde ya tiene detractores tanto fuera como dentro del Congreso.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida, uno de los impulsores del proyecto enfatizó en que la norma busca detener a las personas encapuchadas para que en el país se instale la cultura de protestar a rostro descubierto. Así dio el ejemplo de que en Europa por encapucharse se condena con cárcel por 10 años.

El abogado penalista de la Universidad de Chile Jaime Winter explicó que el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece actualmente el control de identidad, permite en casos que hayan encapuchados, fiscalizarlos, medida que en su opinión, no se está utilizando y debiese emplearse por carabineros en las manifestaciones.

“La detención en Chile no puede ser constitucionalmente por otra cosa que no sea la comisión de un delito o que tengan que ver con una investigación penal. Detenerlos como una medida de fuerza es completamente ilegítimo, está fuera de lugar. Si se busca luchar contra la violencia en las marchas, hay otras formas más efectivas”.

El abogado criticó que en la detención por sospecha al menos tiene que existir aprensión por un delito, en cambio en esta iniciativa hay una presunción de derecho, es decir que no admite prueba en contrario, de que las personas van a cometer un delito.

El académico de nuestra casa de estudios recomendó que en vez de buscar respuestas en las leyes, se focalicen los esfuerzos en la coordinación de los policías y controles al inicio de las movilizaciones.

En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Daniel Gedda, opinó que con la propuesta parlamentaria, sumada a la reciente aprobación de la Agenda Corta Antidelincuencia, se está dejando más atribuciones sujetas a la arbitrariedad policial.

“Sería mucho más eficiente para dar solución, revisar los protocolos de Fuerzas Especiales al momento de tener acciones de riesgo en las movilizaciones, puesto que no se están revisando y se permite un alto nivel de represión. La gente que se moviliza en general denuncia a viva voz a las personas que realizan este tipo de acciones y carabineros muchas veces se quedan impávidos mirando como este tipo de situaciones pasa”.

En cuanto a cómo se ha dado la discusión acerca de la delincuencia en las marchas estudiantiles al interior de las organizaciones, el dirigente indicó que se ha exigido la revisión de los protocolos de los policías e insistido en convocar a protestas pacíficas para que las demandas del movimiento social no se vean desvirtuadas con críticas que no apuntan al fondo de sus reclamos.

En tanto, el presidente de la bancada PPD Ramón Farías, dijo que aunque desconoce el detalle de la iniciativa, a primera vista le resulta compleja de tramitar: “No necesariamente un encapuchado es igual a un delincuente. Los que uno ve en la televisión tirando piedras y molotov son delincuentes, pero perfectamente una persona por ejemplo, a las siete de la mañana puede ir encapuchada por el frio, pasar por el lado de una fogata donde están haciendo una manifestación y ser confundido y tomarlo preso por el solo hecho de ir con un pasamontañas”.

El parlamentario estimó que la medida es distinta a la del Control Preventivo de Identidad que fue despachada del Congreso y comentó que para detener a los encapuchados se debe ver cómo lograr que los carabineros estén presentes cuando los delincuentes están en acción.