Entre el 6 y el 10 de junio se desarrolló en Santiago la sesión extraordinaria número 158 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La instancia contempló nueve reuniones públicas donde organizaciones de distintas regiones de América Latina expusieron temas de derechos humanos. Pese a que se suponía que Chile no sería objeto de análisis por ser el país anfitrión, hubo a lo menos un punto en que fue duramente cuestionado.

En la primera jornada, un grupo de mujeres activistas y representantes de la sociedad civil fueron invitadas a conversar sobre los derechos de la mujer. Al encuentro asistieron tres representantes de la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento a hablar sobre violencia obstétrica.

Naihomi Gálvez, tesista de derecho, miembro de las organizaciones Tribu de parto y Cría Iguales, fue en representación de la Coordinadora a la reunión de la Comisión. El diagnóstico que entregaron fue certero: en Chile actualmente no existe protección a las mujeres en materia gineco-obstétrica, la violencia obstétrica ocurre todo el tiempo, ha sido naturalizada, y se trata de un tipo específico de violencia de género que atenta contra los derechos de las mujeres.

Margarette May Macaulay, la comisionista jamaicana que presidió la reunión estaba impresionada de que en Chile no existiera protección a las mujeres en esta materia y aseguró que la CIDH había enviado en reiteradas oportunidades recomendaciones que afirmaban que se trataba de un problema de salud pública urgente de resolver.

“La violencia obstétrica es un tipo específico de violencia de género transversal a la sociedad, le pasa a la mayoría de las mujeres que van a parir y es casi una cosa de suerte que te pase o no, pero con porcentajes muy altos. Por lo mismo es urgente visibilizarla, y legislar”, asegura Naihomi Gálvez.

“Actualmente está muy naturalizada la violencia obstétrica, por eso lo primero es que se reconozca su existencia. Para eso necesitamos una herramienta legal, porque es importante que el Estado se haga cargo de esta violencia, que se reconozca como una violencia de género porque hasta ahora simplemente no existe”, agregó.

La urgencia de visibilizar y legislar

En nuestro país no existe una definición, ni otra clase de procedimiento específico para estos casos. Ni siquiera para aquellos en que se contraviene directamente evidencia científica y recomendaciones del propio Ministerio de Salud y de la OMS.

Actualmente, lo único que pueden hacer las mujeres que han sufrido violencia obstétrica es, en el caso de que el prestador de salud sea público, dirigirse a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud y poner un reclamo invocando la ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes.

En el caso que el prestador de salud sea privado, puede solicitarse una mediación o interponer una denuncia en la Superintendencia de Salud.

Ambos mecanismos son generales para todo tipo de malos tratos sufridos en el contexto de atenciones de salud y normalmente son invocadas en casos de negligencia médica.

Daniela Sanhueza, psicóloga y miembro de la Coordinadora, explica que la violencia es una forma muy específica de violencia de género y no tiene que ver con otras manifestaciones que también ocurren en el sistema de salud.

“Tiene que ver con un entramado que mezcla la violencia institucional con la violencia de género. Es un tipo de violencia que no se da en otras formas de atención. No es la misma violencia ejercida en estos casos que cuando uno se va a sacar un diente o a hacer una operación de cualquier otro tipo. El trato es totalmente diferente”, sostuvo.

“Consideramos que tiene que haber alguna ley orientada específicamente a proteger los derechos de las mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, en torno a penalizar la violencia obstétrica, y en torno también a proteger a este hijo que está naciendo. Lamentablemente nuestro país es súper legalista y si no existe una norma establecida y específica, nadie las respeta”, explica Sanhueza.

“Hay en este momento un gran vacío legal en esta área que nos esta vulnerando”, agrega.

En enero de 2015, las diputadas de la Nueva Mayoría, Loreto Carvajal del PPD y Marcela Hernando del Partido Radical presentaron un proyecto de ley que busca establecer disposiciones generales y conceptos como los derechos de la mujer embarazada, la asistencia al parto, concepto de violencia obstétrica, actos que constituyan esta forma de violencia, derechos de la mujer no embarazada y derechos del padre, entre otros.

También define sanciones a los funcionarios de la Salud, sean de recintos privados o públicos, a través del Código Penal y al Prestador de Salud que incumpliere total o parcialmente con lo dispuesto en la ley, los que podrían ser castigados por la autoridad sanitaria competente con multas de 10 a 50 UTM.

Pese a la intención de legislar, el proyecto está actualmente dormido en la Cámara.

“No creemos que la ley es la solución mágica, se necesitan programas sociales, apoyos y voluntad de todos los actores involucrados, pero lo primero es visibilizar, reconocer que existe”, señala Naihomi Gálvez.

“Nosotros siempre decimos que si los hombres fueran a parir, la violencia obstétrica no existiría. Se trata de un tipo de violencia y hay que dejar claro de se trata de una violación a los derechos humanos y no una mala suerte”, concluye.

Origen, causa, efecto

En la única definición oficial que existe, la ley de Venezuela define violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud. El trato jerárquico deshumanizador, el abuso de medicalización y la patologización del proceso natural de gestar y parir, son algunas de sus manifestaciones.

En la violencia obstétrica pueden identificarse dos tipos de agresiones: las físicas y las psicológicas. En el plano físico, una cesárea sin justificación estrictamente médica, el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía de rutina, el uso de fórceps sin estricta necesidad o consentimiento, la realización de la maniobra de Kristeller, el raspaje de útero sin anestesia, son las más comunes representaciones de esta violencia.

Desde el punto de vista psicológico se produce con la utilización de lenguaje inapropiado, burlas sobre el estado o cuerpo de la mujer o su hijo, críticas por manifestar emociones como alegría o dolor y, sobre todo, la imposibilidad de plantear temores e inquietudes durante el proceso de embarazo y parto.

Si bien se trata de dos manifestaciones de la misma violencia con características diferentes, normalmente coexisten, realizándose indistintamente ambos tipos de agresiones.

La violencia obstétrica se produce en gran medida, debido a la integración del “Modelo tecnocrático del nacimiento”, caracterizado por la investigadora norteamericana Robbie Davis-Floyd. A esto se le suma la medicalización y patologización del parto, es decir, de entender como una enfermedad o patología el proceso natural de gestar y parir. Estos procesos han tenido durante los últimos años consecuencias imprevistas.

Una de estas consecuencias es la relación establecida entre las tazas de mortalidad y las prácticas de intervencionismo. Desde el año 2000 la tasa de mortalidad materna no ha disminuido y se ha mantenido constante. Se han planteado diversas explicaciones como la maternidad excesivamente postergada, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, e incluso algunos autores han señalado la excesiva medicalización como un factor sobre el cual poner atención.

Nacer en el Chile del Siglo XXI: el sistema de salud como un determinante social crítico en la atención del nacimiento, es el primer capítulo del libro Vulnerabilidad social y su efecto en Chile: desde la comprensión del fenómeno hacia la implementación de soluciones, elaborado por el equipo de Estudios Sociales de la Universidad del Desarrollo.

Escrito en conjunto por la antropóloga médica y experta en nacimiento, Michelle Sadler y el matrón y académico de la Universidad de Santiago, Gonzalo Leiva, Nacer en el Chile del Siglo XXI… define el concepto de medicalización como “Un proceso que implica convertir en enfermedad toda una serie de episodios vitales que son parte de los comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos, y que pasan a ser explicados y tratados como enfermedades cuando previamente sólo eran aconteceres ciudadanos”.

“En el artículo nosotros trabajamos en la idea de que el sistema de salud es una determinante social súper importante. La cultura de las prácticas médicas que es lo que menos se tiende a pensar como una variante social de salud, que si bien está descrito en la literatura no se analiza así. Ahí determinamos que si bien es común que se haga toda esta cascada de intervenciones, cada institución tiene una práctica particular”, señala Michelle Sadler en entrevista con Diario UChile.

“Lo que demuestran los datos que presentamos es que las prácticas están mucho más moldeadas y mediadas por estas culturas institucionales y por formas muy instaladas de haber aprendido a hacer las cosas, en este caso la cascada de intervenciones o el exceso de intervenciones innecesarias, más que por razones médicamente justificadas, por procesos fisiológicos que ameriten las intervenciones. Esto queda en evidencia cuando uno compara las tasas de intervención entre distintas maternidades que tienen poblaciones bastante similares a lo largo de nuestro país, y no sólo aquí, sino que también entre países”, advirtió la experta.

Feminismo, biopolítica y violencia obstétrica

En su estudio titulado La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica, la investigadora española y master en Estudios de Mujeres y de Género, Silvia Bellón, vincula los conceptos de “género”, “biopoder” y “conocimiento autorizado”.

Las dinámicas que se desarrollan durante la violencia obstétrica serían “fruto de una intersección de relaciones de poder ligadas a las jerarquías de género, saberes y clase que entran en conflicto en las luchas por la posesión del conocimiento legitimado y control de la asistencia médica del parto”.

“En las sociedades donde los valores patriarcales imperan, el control sobre el potencial reproductivo y la sexualidad de las mujeres se convierte en un aspecto clave para el mantenimiento de las mujeres en una posición subordinada”, señala Bellón en su estudio.

A juicio de la autora, la relación entre el parto y la maternidad han sido vistos durante siglos como la tarea principal de las mujeres y el aspecto esencial que define la feminidad.

“En contraposición el disfrute de su sexualidad es, en mayor o menor medida, un tabú y un motivo de marginación y control social de las mujeres en casi todo el mundo. En este contexto la visión tradicional de las mujeres como personas destinadas a ser madres, y a sacrificarse por ello, y la idea de que el placer sexual de las mujeres tiene que pagar un precio -como por ejemplo: un parto doloroso-, mantiene prácticas y actitudes que impactan negativamente en la salud de las mujeres, fetos y bebés durante el proceso de embarazo y parto”.