Durante esta mañana el abogado Roberto Ávila Toledo presentó una querella por fraude al Fisco contra la socialista Myriam Olate, ex periodista de Gendarmería, subdirectora técnica de esa institución, y ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade, por la pensión de más de cinco millones de pesos que ha recibido luego de sus 21 años de carrera funcionaria en la institución.
Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llegó el abogado, acompañado de organizaciones sociales y políticas interesadas en que se abra una investigación judicial y se le someta a proceso a Myriam Olate para determinar sus responsabilidades, pero también a quienes facilitaron la entrega de estos excesivos dineros para sus remuneraciones y posterior jubilación, realizada en octubre de 2015.
“Esperamos que se otorguen sanciones penales a quienes hayan infringido las leyes en perjuicio del Estado”, precisó el profesional.
“Ante la inexplicable pasividad procesal del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, que por ley tienen la obligación de cautelar la legalidad y los intereses del Estado, hemos resuelto interponer una querella por fraude al Fisco por las escandalosas pensiones que se están pagando en Gendarmería. Es muy grave porque el mismo Estado ha reconocido que las personas que se encuentran en las cárceles se encuentran en condiciones de hacinamiento, con raciones miserables e comida y vulneración de derechos, entonces ahora se va sabiendo cuál es el destino de los recursos económicos que faltan´”, indicó.
Para el abogado los antecedentes sobre las remuneraciones de la ex funcionaria de Gendarmería, así como la de otros altos oficiales de la institución, genera sin duda un perjuicio al Fisco, considerando que según un decreto firmado por el contralor, Jorge Bermúdez, el monto tope para percibir sus pensiones sería de 60 UTM, es decir, sobre los dos millones 700 mil pesos mensuales.
“El perjuicio fiscal es millonario porque se defrauda al Estado por más de tres millones de pesos mensuales. Olate, entre otros oficiales, ganaron en agosto de 2015 cerca de cuatro millones de pesos y al mes siguiente aumentó a cera de 8 millones. Entonces, no hay nada que justifique esta maquinación más que una acción dolosa para defraudar”, explicó.
Además, el profesional cuestionó la salida de Olate de sus funciones como subdirectora técnica de Gendarmería, como una posible solicitud de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, para evitar que se conocieran sus altas remuneraciones por desempeñar este cargo: “La única hipótesis que formulamos es que fue una maniobra para encubrir acciones defraudatorias y decir que ya no estaba en funciones”, indicó.
La regulación del pago de pensiones de los funcionarios de Gendarmería depende de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). La Asociación de Funcionarios Penitenciarios ha solicitado que se tomen medidas respecto de esta situación y acabar con las irregularidades al interior del organismo.
Luego de conocidos estos antecedentes, Myriam Olate se ha limitado a decir por medios de prensa que le parecía “fantástico tener una pensión así y por supuesto que le daba vergüenza, por las pensiones que tienen la mayoría de los chilenos, pero es lo que me tocó”.