Una comisión someterá a Chile el próximo año a una inspección del cumplimiento de las observaciones que ha realizado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios.

Representantes del Movimiento de Acción Migrante (MAM) junto a otras organizaciones hicieron ver al Ejecutivo su inquietud por cómo será la evaluación. Ellos señalan que, distinto a lo que plantea el organismo internacional, el trabajo de los extranjeros se concibe en el país sólo cuando está sujeto a contrato.

Tatiana Albuja, vocera del MAM, explicó el alcance de esta consideración: “El tema de que Chile vea el trabajo solamente sujeto al contrato está impidiendo que por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a una residencia, que los trabajadores fronterizos tengan permiso para ingresar o que los trabajadores temporarios, itinerantes, puedan ejercer su trabajo de manera regular”.

Según la vocera, la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, justificó esta condición con que el Estado no puede hacerse cargo de personas migrantes que no estén aportando al sistema de salud, lo que fue cuestionado por Tatiana Albuja.

“Nos parece contradictorio pues el Gobierno a principios de este año presentó un proyecto que se convirtió en ley donde había la obligación de que los trabajadores por cuenta propia pudieran hacer las cotizaciones a Fonasa y esta obligación se postergó para el 2019”, dijo la vocera.

La Secretaria de Estado también comunicó que el anteproyecto de la nueva ley migratoria fue eliminado de las prioridades del programa de Gobierno por el ex ministro del Interior, Jorge Burgos.

En consecuencia, los integrantes de organizaciones migrantes con el apoyo de parlamentarios, solicitarán una reunión con el ministro Mariano Fernández, con la Subsecretaría de Trabajo y de Pensiones. Esto último porque las aseguradoras se estarían quedando con los fondos de jubilación de los migrantes que tienen títulos profesionales no reconocidos en nuestro país.