Los chilenos tienen una percepción pesimista de la política. Hay sanciones de ilegalidad de su financiamiento. Así lo dio a conocer la encuesta CERC – MORI, correspondiente al mes de julio 2016.

El estudio, destalla que más del 70 por ciento de las personas consultadas cree que la justicia no hace lo necesario para aplicar castigo en contra los políticos procesados por financiamiento ilegal de campañas. Incluso los encuestados piensan que estas irregularidades seguirán ocurriendo en la próxima elección de alcaldes y concejales.

Según Marta Lagos, directora de MORI Chile, este es un punto clave respecto de la rabia que existe en la ciudadanía contra los políticos.“Hay una percepción de que la transgresión continúa. De que no hay cambio. Se acusa a la gente, se la lleva ante la justicia y finalmente no hay nadie en la cárcel, las condenas no producen ningún cambio de actitud o comportamiento en los políticos y la gente cree que la campaña municipal va a ser financiada ilegalmente como en el pasado”, indicó.

Al respecto, el subdirector de la Fundación Ciudadano Inteligente, Rodrigo Echecopar, refutó en parte la percepción que tienen los chilenos sobre el ejercicio de la justicia en casos de falsificación de documentos para financiar de manera ilegal sus campañas políticas.

El representante de la entidad que presentó varias querellas en estas causas, precisó que tribunales ha hecho bien su trabajo, tomando en cuenta la precaria legalidad que existe en cuanto a penas, sumado a la falta de independencia que tienen en estos casos. “Hay una razón de porque Ciudadano Inteligente participa en estas querellas, de que aparezca el interés ciudadano, que se haga justicia, pero también hay que reconocer que la justicia en muchos casos ha dado pasos importantes y se han visto condenas, aperturas de juicios. Ahora, la justicia requiere un poco más de independencia, un poco más de ayuda”, manifestó.

El subdirector de la Fundación Ciudadano Inteligente ahondó en el caso del líder de la UDI, Jovino Novoa, quien el año pasado fue condenado a tres años de pena remitida, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, el pago de una multa equivalente al 50 por ciento de los impuestos defraudados y el pago de 5 Unidades Tributarias Anuales, después de reconocer que había ocupado boletas falsas para financiar campañas políticas.

El abogado, destacó también la promulgación de la nueva ley que penaliza con cárcel este tipo de prácticas irregulares: “Tenemos una legislación nueva que es mucho más estricta, tenemos penas de cárcel para quienes reciban aportes de empresas. Pero también está en manos de la ciudadanía, si somos capaces de organizarnos, de fiscalizar, de denunciar cuando hay irregularidades”, sostuvo.

Echecopar, destacó que actualmente a través de la nueva ley de financiamiento y campañas políticas, se incrementan las multas por propaganda fuera de plazo, si se utiliza más dinero de lo indicado se puede hasta perder el cargo obtenido y finalmente si se recibe dineros provenientes de empresas, se aseguran penas de cárcel para los involucrados.

De todas formas, el estudio de MORI deja una vez más en evidencia el divorcio y la molestia ciudadana con los políticos tradicionales.