En las semanas previas a un nuevo 11 de septiembre, uno de los temas relacionados con los derechos humanos que copó las portadas de distintos medios de comunicación fue el rechazo de parte de la Cámara de Diputados al proyecto que buscaba levantar el secreto de los testimonios incluidos en el Informe Valech, el que tiene una vigencia de 50 años.

Lo más llamativo fue que, a la esperable negativa manifestada por la derecha –que en bloque votó contra el levantamiento del secreto-, se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría quienes esgrimieron como razón para argumentar su rechazo en que las personas que entregaron su testimonio se les aseguró que no se publicaría su entrevista con la comisión.

Es precisamente este argumento el que genera repudio entre las organizaciones de derechos humanos, las cuales señalan que, en realidad, los 50 años durante los cuales, por ejemplo, no se conocerán las identidades de torturadores y criminales de lesa humanidad mencionados en los testimonios, fueron una más de las transacciones hechas por los gobiernos de la Concertación, que en 2004 lideraba el actual precandidato presidencial Ricardo Lagos.

“Ha habido pocas posibilidades de que los gobiernos hubiesen dicho ‘por favor, declaren’, no, más bien hay la tendencia a querer cubrir a aquellas, y que se consolida, por cierto, en el gobierno de Ricardo Lagos, y él siendo responsable de esta cláusula de secreto durante 50 años aduciendo algo que es falso que es la protección de las personas testimoniantes”, señaló Erika Hennings, presidenta de Londres 38 Espacio de Memoria, y víctima reconocida por el Informe Valech.

Precisamente, en 2004 es que se dictó la Ley de Reparaciones la cual, además de establecer pensiones de reparación y beneficios a las víctimas, consagró el medio de siglo de secreto a los testimonios: “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas (…) durante un plazo de 50 años”, reza el texto.

Un grupo de diputados, encabezados por Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, presentaron el proyecto de ley que buscaba hacer públicos los testimonios y que pudieran ser utilizados por los tribunales de justicia, en tanto se mencionaran eventuales torturadores y criminales de lesa humanidad que pudieran ser susceptibles de ser enjuiciados.

Sergio Aguiló, diputado de Izquierda Ciudadana, ex integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sostuvo que durante la revisión del proyecto que pretendía levantar el secreto del Informe Valech, recibieron a numerosas agrupaciones de víctimas de la Dictadura, y de forma unánime se manifestaron a favor de otorgar publicidad a los testimonios.

No obstante, el parlamentario, quien también es una víctima de prisión política y tortura reconocida por la Comisión Valech, aseguró que aquellas personas que quieran mantener en reserva sus testimonios, deben tener asegurado el resguardo.

“Ellos hicieron consultas a sus asociados, es cierto son organizaciones precarias, pero muchas de ellas con personalidad jurídica, pero aun así es cierto que sus consultas no hayan abarcado a todo el universo, pero fue unánime la opinión que ellos recabaron en el sentido que la gente quería que sus testimonios se dieran a conocer, sobre todo pensando en que eso permitiría más fácilmente hacer justicia porque, en algunos casos y no pocos, las víctimas lograron identificar, o directamente a sus torturadores, o tienen forma, en sus testimonios, de llegar rápidamente a sus torturadores y de esa manera podría hacerse justicia respecto de ellos”.

Aguiló es enfático al manifestar sus dudas respecto de las reales motivaciones de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que votaron en contra de levantar el secreto de los testimonios del Informe Valech, toda vez que el proyecto presentado para hacerlos públicos, contemplaba una clara salvaguarda para quienes desean mantener en reserva sus palabras.

Cristián Cruz abogado de derechos humanos hizo hincapié en el continuo que se verifica entre que el gobierno de Ricardo Lagos impone el secreto hasta la votación en contra de parlamentarios de la Nueva Mayoría, en que el poder “se va protegiendo a sí mismo en perjuicio de los ciudadanos y de las posibilidades de hacer justicia”.

“En la génesis es Ricardo Lagos, son los militares, es el poder económico y el poder político, porque esto es finalmente, una moción porque la ley es anterior a esta moción, pero yo no voy a culpar a Juan Luis Castro o al resto de los parlamentarios socialistas que votaron en contra, no porque les reste responsabilidad en lo que ellos hacen, sino que no quiero que se pierda la responsabilidad respecto de los principales culpables y creadores de este tipo de norma (…) Esto se hizo para favorecer a los altos mandos del Ejército y también, en cierta medida, a los civiles que colaboraron y participaron. Ahí está el universo principal de beneficiados con este secreto”.

Finalmente, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así forzar al Estado de Chile a liberar los testimonios. “Lo que no podemos compartir es que esto se traduzca en una obscena justificación para avalar la impunidad”, señaló la presidenta del organismo, Lorena Pizarro.