El fracaso definitivo de la mesa de negociación con el Gobierno tiene a los trabajadores públicos en una nueva paralización de actividades. Por 72 horas se protestará por el magro reajuste salarial impuesto por La Moneda. El Ejecutivo envió este martes el proyecto al Congreso. Solo se contempla un alza de 3,2 por ciento, lejos del 7 por ciento pretendido por los empleados.

Proyecto que fue analizado la tarde de este martes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se le incorporaron algunas indicaciones. Sin embargo, tales modificaciones no tranquilizan a los funcionarios debido a que no apuntarían a satisfacer sus demandas. Dicho proyecto será votado en la misma comisión a las 10 de la mañana.

Es por ello que, además de la paralización convocada entre miércoles y viernes, se organizó una marcha para mañana en Valparaíso. El objetivo es presionar para que los parlamentaros rechacen definitvamente el proyecto de reajuste.

El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, manifestó su “profunda indignación” frente a la actuación del Ejecutivo.

“Nuevamente el Gobierno ha impuesto su voluntad de hacer caja con cargo al bolsillo de los trabajadores, manteniendo una política fiscal de contención de gastos, pero afectando principalmente a su propio personal, 400 mil funcionarios que laboramos en la administración pública. Es la segunda vez que ocurre, haciendo además una pérdida brutal respecto de lo que fue la negociación 2014 que logramos un reajuste más o menos razonable con bonos de cierres de negociación que también fueron más o menos razonables”.

El dirigente de los trabajadores de la salud municipal dijo que el rechazo a la propuesta del Gobierno fue categórico y unánime, y se calificó lo ofrecido de “miserable”. Ahora esperan que el Congreso lo rechace para exigir al Gobierno una nueva mesa de negociación.

Para el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se partieron con “expectativas de lado y lado que fueron imposibles de juntar”. Respecto al paro, expresó que espera que los servicios básicos se continúen prestando.

“Evidentemente es una herramienta que los trabajadores siempre tienen. Pero en el caso del sector público, no tenemos esto normado y tiene efectos sobre la ciudadanía que nos gustaría evitar. Por lo tanto nosotros no somos partidarios evidentemente de esa movilización pero es parte de lo que los trabajadores tienen a su disposición”.

El Secretario de Estado subrayó que la negativa de ofrecer un mayor reajuste obedece a que se está viviendo un período que es “fiscalmente estrecho”, y que se están haciendo esfuerzos para contener gastos.

Un esfuerzo que, a juicio de Esteban Maturana, redunda en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que el 3,2 por ciento de reajuste apenas cubre el aumento de precios que supone la inflación, pero los excluye, según comentó, de participar en el crecimiento de una economía que “si bien está lenta, pero es una economía que crece, no es una economía que esté con cifras negativas”, expresó el dirigente.

Para el presidente de la Confusam, el incremento salarial no se puede vislumbrar en una cota menor a la suma de la inflación con la proyección del crecimiento económico en puntos porcentuales. Esto es, al menos un 5 por ciento.

Cuestionamientos a la mesa de negociación

La situación que enfrentan los empleados fiscales la ratifica Orietta Fuenzalida, directora de la Anef y líder del movimiento “Cabreados”. Agregó que la propuesta gubernamental supone un estancamiento que significa mayor pobreza, desigualdad y una mala señal para todo el mundo laboral.

Sin embargo, la dirigenta cuestionó la forma en cómo la mesa del sector público llevó a cabo la negociación. Indicó que la directiva se ajustó a los tiempos y los espacios que brindó el mismo Gobierno, sobre todo al iniciar la negociación después que se haya presentado la Ley de Presupuesto para 2017.

“El esquema de la negociación del reajuste muchos no lo compartimos y creemos que debería cambiar. Porque los empleados públicos hacen la presión una vez que el proyecto de presupuesto está ingresado al parlamento. Entonces, el marco presupuestario que tenemos para movernos está acotado y no logramos espacios dentro de ese marco porque la presión se hace con posterioridad a cuando se ingresa la Ley de Presupuesto”.

Agregó que las bases no confían del todo de las cúpulas dirigenciales, debido a que buena parte de ésta la forman partidarios del Gobierno. “No sabemos si es una presión real o una presión formal”, dijo la dirigenta, y agregó que entre los trabajadores hay sectores que califican de esta discusión como una “autonegociación”.

Respecto a la convocatoria a movilización, dice que es parte del rito de la misma negociación, pero que de seguir tal cual las cosas, “no se logra conquistar un mejor reajuste porque son previamente determinados por las cúpulas sindicales y el Gobierno”.