Un estudio elaborado por la fundación Acción Educar reveló que 29 de las 30 casa de estudios que adscribieron a la gratuidad en 2015 dejaron de recibir cerca de 30 mil millones de pesos. Esto, considerando la diferencia entre el arancel real y el arancel regulado que establece la glosa presupuestaria.

Es decir, el contraste se generaría por el monto que las instituciones habrían cobrado normalmente a los estudiantes y lo que, en cambio, recibieron por parte del Estado para la gratuidad.

Una situación que algunas instituciones, como la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad Autónoma, la Universidad Finis Terrae advirtieron al iniciar este debate. Según comentaron los rectores de estas casas de estudios, se estarían realizando proyecciones para mantener la gratuidad el próximo año porque el perjuicio financiero les obligaría a paralizar ciertos proyectos, por ejemplo de remodelación o de investigación.

Para el director Ejecutivo de la fundación, Raúl Figueroa, la gratuidad tal como está diseñada inevitablemente perjudicará a estas entidades. Por lo mismo, a su juicio, el gobierno debiese acotar la política y no extenderla más allá del 50 por ciento de los alumnos vulnerables que actualmente cuentan con el beneficio.

“En esto habría que tomar dos medidas que me parecen fundamentales: acotar la política de gratuidad a lo que hoy efectivamente existe porque es conveniente que no supere por el momento ese 50 por ciento de alumnos vulnerables y, por otro lado, revisar la política para que no frene tampoco el desarrollo de las universidades”, señaló.

Sin embargo, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), Mario Sobarzo, dijo que es necesario ser cautelosos con la lectura de estos datos porque parte de la fundación se vincula a directorios de universidades privadas que a la vez formaron parte del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

Sobarzo aclaró que estas entidades son justamente investigadas por lucro porque registran los aranceles más altos entre las instituciones de educación superior.

El problema de fondo, según indicó, es que el gobierno implementó la gratuidad a partir de una glosa presupuestaria sin crear antes una ley respecto al desarrollo del país, lo que parece más bien una capitalización de las universidades.

“Existe un lobby directo de la derecha para privilegiar a sus propias universidades. Si nos fijamos la UDP tiene un déficit de un millón 300 mil pesos por estudiante, entonces nos preguntamos por qué esta universidad tiene tan caro sus aranceles si la Universidad del Bío-Bío, dirigida a estudiantes de clases populares, no tiene déficit o la Universidad Arturo Prat registra déficit de sólo siete mil pesos”, precisó.

Mientras, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Patricio Medina, dijo que no se trata de limitar el beneficio, que opera como una beca, sino mejorar los criterios de redistribución de recursos para las universidades.

“El requisito no puede ser disminuir la brecha de los quintiles que van a ser beneficiados por la gratuidad, sino regular los criterios a los que van a acceder las universidades a la gratuidad. Si tenemos instituciones que están siendo investigadas por lucro o que tienen aranceles exacerbados no pueden recibir fondos del Estado”, recalcó el dirigente.

Según los datos que presenta el informe, la Universidad Finis Terrae tuvo un déficit de cerca de dos mil millones de pesos con mil 790 beneficiados con gratuidad, lo que representa una pérdida por estudiante de un millón 250 mil pesos.

Mientras, otras instituciones como la Universidad de Concepción tuvo un déficit de 650 millones de pesos con nueve mil 500 beneficiados donde esta pérdida disminuye a 69 mil pesos por estudiante.