Corpesca: Piden levantar reserva de aportes de pesqueras para campañas políticas

Con autorización del tribunal, los fiscales a cargo del Caso Corpesca y de la arista Asipes, solicitaron al Servicio Electoral de Concepción revelar los montos, fechas y nombres de los receptores de las donaciones entre 2009 y 2013. El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Hugo Arancibia, afirmó que hace tiempo había sospechas de las organizaciones pesqueras.

Con autorización del tribunal, los fiscales a cargo del Caso Corpesca y de la arista Asipes, solicitaron al Servicio Electoral de Concepción revelar los montos, fechas y nombres de los receptores de las donaciones entre 2009 y 2013. El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Hugo Arancibia, afirmó que hace tiempo había sospechas de las organizaciones pesqueras.

Los fiscales a cargo del Caso Corpesca y de la arista asociada a la Asociación de Industriales Pesqueros S.A, Julio Contardo y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, con autorización del tribunal, solicitaron al Servicio Electoral de Concepción alzar la reserva de los aportes que 16 empresas y asociaciones pesqueras de la Región del Biobío realizaron en carácter  reservado para campañas electorales de entre 2009 y 2013.

Asipes, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Pesquera Biobío, Blumar S.A, Camanchaca Pesca Sur S.A, Alimar, Bahía Coronel, Foodcorp S.A, son algunas de las que figuran en la lista de entidades indagadas.

El requerimiento del Ministerio Público precisa el que se solicitan informes de las “elecciones parlamentarias y primarias, con el detalle de los aportes en caso de existir, los montos, fechas y receptores”. Además, los persecutores pidieron hace dos meses conocer los presuntos aportes que recibieron el ex diputado UDI, Sergio Bobadilla, y los diputados Cristián Campos (PPD), Jorge Sabag (DC), Clemira Pacheco (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI), todos representantes de la Región del Biobío.

Este último se negó a referirse al tema, mientras que el diputado demócrata cristiano, Jorge Sabag, aseguró que no ha recibido incentivos para votar en uno u otro sentido en materia de pesca. “No es constitutivo de ningún tipo de irregularidad. Tengo aportes reservados pero no sé de qué empresas y, por lo tanto, voté la Ley de Pesca, soy de la Región del Biobío, tengo aportes reservados con montos que son públicos y para la fiscal es sospechoso, pero no tengo nada que esconder. Simplemente he actuado en mi calidad de parlamentario y he votado de acuerdo a lo que siempre he creído que es correcto”, dijo.

En tanto, la diputada socialista, Clemira Pacheco, indicó que en la votación de la Ley de Pesca  respaldó los intereses de los pescadores artesanales: “Yo nunca supe quiénes son las personas que a mí me aportaron. Lo único que puedo decir es que me endeudé en el banco para mi campaña, tuve aportes del partido y la ley permite el aporte reservado. En las votaciones de toda la bancada socialista, nosotros votamos en contra de los intereses de las industrias”, recalcó.

Radio Universidad de Chile intentó obtener la versión de dos de las principales empresas investigadas, Sonapesca y Asipes, pero ambas se negaron a responder hasta que se tengan mayores antecedentes.

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Hugo Arancibia, criticó el presunto actuar de las organizaciones pesqueras sobre las que desde hace tiempo se tenían sospechas. “Fui presidente de la Confepach y tuve muchas reuniones con Sonapesca, Fipes y Asipes, y siempre tuvimos dudas que no pudimos comprobar. Lo que estamos viendo ahora que las dudas son razonables con lo que por ejemplo, le pasó a Iván Fuentes con Fipes. Estos actos son poco decorosos”, manifestó.

Cabe señalar que el Ministerio Público incautó documentos y equipos computacionales de la empresa Camanchaca y de la oficina y domicilio del presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada.

En este último caso, su defensa pidió la nulidad de la diligencia que puede ampliarse también a otras empresas, lo que la Fiscalía objetó argumentando que existirían emisores de boletas ideológicamente falsas de Asipes vinculados al ex ministro de Economía, Pablo Longueira.





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