Mientras aún no se dilucida cuándo el Parlamento someterá a revisión la cuestionada Ley de Pesca –conocida como “Ley Longueira”-, la Subsecretaría de Pesca ya ha comenzado a asignar nuevas cuotas para esta actividad a las empresas concesionarias que se han visto beneficiadas con esta ley.

Actividad cuya regulación sigue siendo fuertemente criticada por los pescadores artesanales, quienes insisten que la norma los perjudica al punto de llevarlos a una precarización insostenible, debido a las irrisorias asignaciones de permisos de pesca que se les conceden y la desprotección frente al actuar de la pesca industrial, de la cual denuncian, transgrede constantemente las condiciones para la explotación de especies.

Las primeras resoluciones emitidas por el organismo de Gobierno se han caracterizado por otorgar en proporción para la pesca industrial hasta cinco veces lo permitido a los artesanales, quienes además se ven afectados por las consecuencias de formas de explotación como la pesca de arrastre, que ha causado serios daños al medio ambiente marino, y ha originado la escasez de ciertos tipos de peces, lo que torna inviable la actividad para los pequeños pescadores en varios sectores del país.

Para el vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condepp), Hernán Machuca, la entrega de estas nuevas cuotas de pesca en el marco de la legislación actual es algo que no comparten.

Declara que la forma de establecer las cuotas es inadecuada e injusta, ya que los permisos asignados, en cuanto a la cantidad de pesca permitida, no se condicen con la realidad en términos de presencia de los peces. Muchas veces, producto de la depredación causada por las grandes pesqueras.

Hernán Machuca apuntó a que la pesca de ciertas especies estratégicas deben quedar en manos de los pescadores artesanales.

“Aquí hay un tema que hay que discutir, y que tiene que ver principalmente con el tema de poder anular la ley para poder hacer una nueva redistribución entre artesanales e industriales. Lo que nosotros hemos planteado es que los recursos sardina, anchoveta, merluza, jibia y reineta, deben ser cien por ciento artesanal, porque esa es la manera que tenemos nosotros para mejorar la condición de vida de la gente del borde costero de nuestro país”.

En línea con esto, el vocero de Condepp explicó que además que los productos marinos no quedan en el país para el consumo de la población, muchas veces porque los mismos industriales compran los pescados a los pescadores más pequeños. Productos que suelen salir del país en su mayoría como harina de pescado y otros derivados.

El dirigente también se refirió a las palabras del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien declaró en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que la nulidad de la actual Ley Longueira es inconstitucional. A juicio de Hernán Machuca, la decisión es política, y por lo tanto deben tomarse medidas políticas.

“Lo que no podemos compartir es que el Ministro de Economía a priori ande diciendo que el proyecto no se puede anular porque es inconstitucional. Aquí, esto es un tema político. Y como es un tema político, se tiene que solucionar con decisiones políticas. Y los parlamentarios, tanto los diputados como los senadores, son actores políticos, ellos no son constitucionalistas. Y por lo tanto, lo que se necesita, es una opinión política respecto a una ley que está viciada, que es corrupta y que aquí hubo parlamentarios presos producto de haber recibido platas para poder financiar las campañas políticas”.

La Comisión de Constitución de la Cámara tenía agendado para este martes continuar la discusión acerca del proyecto de nulidad de la Ley Longueira, promovida por los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez. Sin embargo, ésta no se pudo celebrar debido a la prolongación de la sesión donde se votó la reforma del Código de Aguas, y quedó pospuesta para los próximos días.