En el marco de la discusión en el Congreso por la glosa que regula la gratuidad en la educación superior y los gastos variables para la Contraloría por sobre 60 mil millones de pesos, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, advirtió la falta de recursos públicos para la fiscalización de los beneficios estudiantiles.

Bermúdez sostuvo que toda la institucionalidad de la probidad debe ser aplicada en este caso, tanto por la materia de gratuidad como por las becas Bicentenario para privadas, lo que incluye también a la Contraloría, las normas de transparencia, de lobby y las de conflicto de intereses y tráfico de influencias.

“La Contraloría tiene en todo Chile menos de 2 mil funcionarios y menos de 500 fiscalizadores. En ese contexto, nosotros podemos realizar una fiscalización que denominados estratégica y selectiva. Estamos planificando para el próximo año una auditoria a la glosa de gratuidad. Evidentemente son escuetos, discretos los recursos que tiene la Contraloría para realizar su labor”, dijo el Contralor.

De este modo, el funcionario instó a no hacerse expectativas de la cobertura para el control de la aplicación de la gratuidad por parte del órgano de control fiscal, no obstante, afirmó que el 2017 tendrán su atención especialmente dirigida a los establecimientos que reciban altos montos públicos.

En Contraloría no son los únicos preocupados por los resultados de la aprobación mayoritaria a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación en el Congreso. Desde el punto de vista de negociaciones políticas, el rector de la Universidad de Santiago e integrante del Consorcio de Universidades del Estado, Juan Manuel Zolezzi, afirmó que los únicos beneficiados son las instituciones que están fuera del Consejo de Rectores.

“Las universidades del Estado están solas, como siempre lo han estado, por lo tanto hay que elaborar una estrategia para defenderse solas. Ahora se ha confiado en una estrategia para ayudar al G-9 y creo que ese proceso ya no sirve. No han sido buenos aliados de las universidades estatales, las universidades del G-9 deben hacer una negociación en la que se comprenda que el Estado debe tener bien a sus universidades”, señaló.

Además de la distancia en cuanto a objetivos estratégicos y de visión de país con las universidades públicas no estatales, Zolezzi lamentó que el próximo año, por tercera vez consecutiva, se repita la amenaza del Tribunal Constitucional y la gratuidad por glosa presupuestaria.

En esa línea, indicó que se trabajará para en esa fecha haber reposicionado a las universidades estatales con un plan que fomente la educación cívica respecto de lo que significan.