Según un reciente estudio de Libertad y Desarrollo, el presupuesto público para combatir la delincuencia ha aumentado en un 9,25 por ciento entre 2013 y 2015. Del total de estos recursos, el 49,1 por ciento lo reciben las policías –Carabineros y PDI-, un 14,8 por ciento Gendarmería, mientras que el Ministerio Público, los jueces y la Defensoría Penal se llevan en conjunto el 14,5 por ciento.

A la luz de estas cifras, el profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales (UDP) Mauricio Duce plantea el cuestionamiento sobre la existencia de una evaluación seria del impacto que estos aumentos de presupuesto, además de facultades, como la implementación de la Agenda Corta Antidelincuencia, tienen sobre la eficiencia de las labores policiales en materia de seguridad ciudadana.

“Resulta indispensable que tengamos un debate más amplio sobre las políticas públicas que deben llevarse adelante para mejorar la situación. Este debate debiera partir por mirar con mucho mayor intensidad el trabajo policíaco y su institucionalidad que lo que hemos hecho hasta ahora. ¿No será el momento de que nos tomemos en serio este desafío?”, señaló el jurista en una misiva enviada a El Mercurio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el jurista señala que su interés al abrir este debate tiene que ver con “no tener un punto ciego en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y justicia”.

Y, a su juicio, uno de los actores más relevantes en esta materia como son las policías, son el gran punto ciego en este debate.

Para Duce, esta situación se ha ido generando por la falta de información sobre este tema, ya que “en materia de delincuencia y seguridad ciudadana tenemos muchos actores que hablan sin tener ninguna evidencia ni ningún dato”; y también porque muchos actores que opinan lo hacen desde una agenda propia: “Y resulta súper fácil, desde el punto de vista público echarle la culpa a jueces, fiscales y defensores”, obviando el rol que tienen las policías.

“Esa es la cara mala, hay muy poco escrutinio crítico a qué es lo que hacen y cómo trabajan. Ellas mismas, particularmente Carabineros, da muy poca información pública que permita hacer una evaluación de la eficiencia y efectividad de su trabajo, y por otro lado ellos son extremadamente eficientes en tener una política comunicacional muy efectiva en términos de posicionarse como agencias muy eficientes. Entonces, a veces esto genera malas impresiones o les da un poder político en la práctica que hace que nadie tenga la voluntad seria, para muchos resulta extremadamente difícil meterse en el tema policial por el enorme poder y prestigio público que tienen”.

En ese sentido, Duce señala que en los últimos gobiernos la única política que se promete en materia de seguridad ciudadana es el aumento de personal y recursos a las policías, además de la implementación de nuevas facultades, como la Agenda Corta Antidelincuencia.

“Si queremos en serio avanzar en una agenda seguridad, en serio en una agenda de delincuencia, en serio en una agenda de mejora del sistema de justicia criminal esto pasa también porque llegó el momento de discutir en serio cuál es el tipo de policías que queremos para los próximos años. Yo tengo la impresión de que hay muchos de los problemas del sistema que se explican por mala calidad del trabajo policial”.

Duce ejemplificó esta afirmación con los archivos provisionales en procesos judiciales, que tiene que ver con el término de una investigación por falta de antecedentes mínimos, los que en gran parte tienen que ver con la incapacidad de investigación policial, pero se enfoca el debate en la supuesta ineficiencia de los fiscales para explicar estos archivos.

Un tema sobre el que manifiesta preocupación el jurista es en “la postura irresponsable” de algunas autoridades y personeros políticos que tienden a dar respuestas demasiado simples a los problemas, y no enfrentarlos con más evidencia y reflexividad”, como por ejemplo los discursos sobre la puerta giratoria o el garantismo de la justicia, “es obvio que la población va a ir generando una percepción de que hay que resolver los problemas por otra vía”.

Esto redunda en el ensalzamiento de figuras como “Los Vengadores”, la pareja de jóvenes que hacía detenciones ciudadanas, o de casos en los que la población toma la justicia por mano propia, pero que no revisten una solución a mediano y largo plazo, o como las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien señaló que de 250 detenciones que se realizan, 235 terminan con la libertad del individuo, sin dar más luces sobre la fuente de estas estadísticas.

“Si la propia autoridad instala políticamente estos discursos, si el subsecretario del Interior es capaz de salir diciendo que de cada 250 casos 235 salen libre, sin hacer ninguna discriminación, si varios parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, frente a los primeros datos de cómo se ocupan los controles preventivos, que no muestran nada salen diciendo que los agoreros que estaban en contra de esto estaban equivocados, la policía lo está haciendo bien, qué puedo esperar de la gente que recibe esas noticias”.

“Hoy día hay un nivel de impunidad gigantesco con lo cual buena parte de nuestros dirigentes están opinando en materia de seguridad, y muchas de las cosas que opinan no sólo son irresponsables, sino que son completamente equivocadas, y no ha habido la capacidad ni de la sociedad civil, ni de los académicos, ni tal vez de los medios de controlar un poco”, agregó

Por esto, Mauricio Duce señala que a diferencia de otras áreas del quehacer nacional, en materia de seguridad planteamientos que se acercan al populismo penal o la adopción de políticas públicas que pueden complicadas para la vigencia de derechos fundamentales tienen en nuestro país mayor cabida. Por esto, su aspiración es que se haga un debate en el contexto del tipo de sociedad que queremos ser.

En tanto, el diputado del PS e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana Leonardo Soto coincide con Duce en que las policías no son parte del escrutinio público a la hora de debatir sobre la eficacia del combate a la delincuencia, y agrega que las policías en Chile son “reactivas”, por lo mismo “no hacen un aporte sustantivo y significativo a las investigaciones judiciales”.

“Ciertamente no ayudan discursos de populismo penal, como el que se instaló en el gobierno anterior, de terminar con la fiesta de los delincuentes o de frenar la puerta giratoria de los delincuentes que ingresan a la justicia, porque establece una simplificación de la realidad que al final termina dañando al sistema, porque eleva las expectativas de los ciudadanos hacia estándares superiores de control delictual, y la realidad dista mucho de eso”.

Finalmente, el diputado del PPD y también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana Guillermo Ceroni señala que otra de los elementos que induce a la población a tener mala impresión de la justicia es la incomprensión de las medidas alternativas que se toman contra personas que cometieron delitos menores.