El programa de gobierno que Michelle Bachelet y su equipo presentaron a fines de 2013 en medio de la campaña presidencial era más bien escuálido en materia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, contenía algunos puntos interesantes, como era el de revisar el secreto de 50 años que rige para los testimonios de aquellos que declararon durante la década pasada para la Comisión Valech I y II acerca de la tortura y prisión política que habían sufrido. Se trataba de casi 40 mil testimonios aceptados como válidos por la comisión.

Y poco después de asumir, la mandataria prometió en un acto de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que bajo su mandato pensaba clausurar el penal de Punta Peuco, que otorga privilegios carcelarios especiales a los militares condenados por la justicia, que no tienen los reos comunes del país, como aquellos calcinados en el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010.

Hasta ahora, Bachelet no ha cumplido con ninguna de estas dos promesas.

Ciertamente, el caso Caval descarriló a su gobierno y el ataque constante de la derecha y sus ayudantes de la prensa tradicional ha tenido en jaque a su programa de reformas desde el principio. Pero nada de ello es excusa para que una Presidenta, que vivió en carne propia los vejámenes de la Dictadura, no alce su voz en estos temas.

¿Qué opina nuestra Presidenta de la reciente misa en la que un puñado de militares y agentes de la dictadura pidió perdón por sus crímenes? Nadie lo sabe. ¿Qué opina nuestra Presidenta de las cuatro mociones parlamentarias que, de formas distintas, piden que se libera de sus penas a reos de edad avanzada o gravemente enfermos? Nadie lo sabe aún.

Esa medida, tener misericordia por condenados ancianos y gravemente enfermos, ¿se aplicará sólo a los militares o también a los presos comunes? ¿Se podrían beneficiar también de esta medida en un futuro cercano Cupertino Andaur, el asesino y violador convicto del niño Víctor Zamorano Jones, o Julio Pérez Silva, el llamado “psicópata de Alto Hospicio?

La misa reciente en la que unos pocos violadores a los derechos humanos pidieron perdón, tras meditar, se supone, unos 40 años, es un eslabón más en una campaña comunicacional que busca privilegios especiales para los condenados que alguna vez vistieron uniforme o estuvieron al servicio de los aparatos represivos de la dictadura.

Se trata de una campaña comunicacional que hace sólo pocos meses levantó el cuerpo editorial de El Mercurio, auxiliado por representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica. El perdón de lágrimas de cocodrilo de los represores condenados por la justicia va justamente en esa línea: agregar “momentum” a la idea de que todos sean liberados.

Nuevamente, ¿y qué opina nuestra Presidenta Bachelet de ello? No lo sabemos, nadie lo sabe. La mandataria ha mantenido hasta ahora un silencio férreo frente a un tema en el cual, por razones biográficas, debería en realidad llevar la batuta, pero no lo hace.

Claramente, estos temas la incomodan. Es imposible saber lo que pasa en su fuero interno, pero sus actuaciones como política, tanto como ministra de Defensa de Ricardo Lagos, como presidenta de 2006 a 2010, y ahora de 2014 a 2018, muestran que, en caso de dudas, siempre prefiere optar por la llamada “familia militar”, una estirpe de la cual ella misma es un vástago.

Así, cuando los historiadores del futuro escriban sobre nuestra época, Michelle Bachelet –una víctima de la dictadura que, sin embargo, trataba de “tío” al general de la Fach Fernando Matthei, quien traicionó a su padre y compañero de armas Alberto Bachelet-  no entrará a los libros de historia como una líder que contribuyó de manera decisiva al “Nunca Más”.

Y la razón es simple. Enfrentada a momentos cruciales de la historia, momentos en los que la contingencia pasa a un segundo plano, nuestra Presidenta optó por seguir la corriente o guardar silencio.