“Está en una condición física y de salud deteriorada, que padece una enfermedad crónica irrecuperable y que en los próximos años va, en definitiva, a tener una ceguera total, tiene derecho también a pedir la indulgencia y la clemencia de la Presidenta de la República”.

Con estas palabras, el abogado defensor del ex director operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, Raúl Meza, justificó la petición de indulto que elevará a la Presidenta de la República para que a su representado sea liberado de su reclusión en el penal de Punta Peuco, por violaciones a los derechos humanos.

Este anuncio se realiza en el marco de la presentación de distintos recursos judiciales por parte de criminales de lesa humanidad han presentado a los tribunales de justicia para acceder a beneficios carcelarios como la libertad condicional.

De hecho, la semana pasada al ex carabinero Claudio Salazar Fuentes, involucrado en la muerte de tres profesionales comunistas en el llamado Caso Degollados, le fue otorgada la libertad condicional por la Corte Suprema, en una decisión que fue repudiada tanto por familiares de las víctimas como por organizaciones de derechos humanos.

En el caso de Corbalán será el Ministerio de Justicia el que revisará sus antecedentes, entre otros, el que el teniente en retiro del Ejército haya demostrado arrepentimiento por los crímenes cometidos y que haya realizado aportes significativos a la investigación de los casos de violaciones de derechos humanos en los que está involucrado.

Una vez que la Secretaría de Estado estime que se cumple con los requisitos, la petición de indulto es derivada a la Presidenta de la República para que tome la determinación final.

Cabe recordar que uno de los acuerdos a los que llegaron los partidos de la Nueva Mayoría con la Presidenta en la última reunión del oficialismo en La Moneda es que el Ejecutivo no aprobará la entrega de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad.

Así, el Ministerio de Justicia tendrá que revisar sus antecedentes y, de forma posterior, derivarlos a la presidenta señalando si el sentenciado merece o no el indulto.