La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, Sandra Beltrami, calificó como “inadmisible y una enorme falta de respeto que hayamos sido notificados, una vez más por la prensa” sobre la quiebra de la universidad por parte del administrador provisional de la institución, Patricio Velasco.

No obstante, la dirigenta sostuvo que esta decisión no significa necesariamente el cierre de la casa de estudios ya que, a diferencia de una empresa privada, la universidad se rige por la ley 20.800, por lo tanto “es el Consejo Nacional de Educación quien debe pronunciarse sobre esta materia y emitir una resolución”: “Estamos esperando la venta de la sede Libertad, a un mejor postor que el que estaba comprometido, y si eso ocurre de esa manera se pueden pagar todas las deudas de Arcis sin problemas”, señaló.

Respecto del rol de la ministra de Educación en esta crisis, Sandra Beltrami asegura que ha sido preponderante “en dañar la imagen de la universidad”, considerando las declaraciones que realizó la secretaria de Estado en diciembre pasado cuando señaló que Arcis necesitaba un administrador de cierre en vez de uno provisional.

En ese sentido, la presidenta de la Feuarcis señala que el requisito impuesto por el Mineduc de que fueran casi 600 los alumnos matriculados para 2017 para hacer viable el proyecto educativo, no se iba a poder cumplir debido a la “mala imagen” de la institución generada desde el propio Ministerio, por lo mismo la crisis se ha profundizado en este período.

“En el mismo momento que el Ministerio de Educación nos dice a nosotros que tenemos un requisito que son 573 estudiantes, ese requisito es imposible de cumplir desde el mismo minuto que ellos lo señalan y que lo imponen porque ellos saben que nadie se va a ir a matricular a una universidad donde la propia ministra de Educación dice que se va a cerrar, y después dice ‘les di plazo hasta marzo’. Saben que la gente no lo va a hacer y que no lo van a hacer porque lo van a considerar un riesgo”.

Sandra Beltrami hizo énfasis en la responsabilidad política que le cabe al Mineduc en esta crisis, y aseguró que la cartera “está dejando morir” a la Universidad Arcis, siendo que existe un plan de viabilidad de la institución creado por los estudiantes, profesores y funcionarios de la casa de estudios, pero que el Mineduc no ha querido estudiar.

“El Ministerio nos está dejando morir, y justamente con estas frases como ‘cierre inminente’, lo que está haciendo es que después dirán que ellos lo dijeron, no había otra salida. Nosotros creemos que sí hay otra salida y que si esa salida no se ejecuta es porque ellos no quieren hacerlo”.

Por su parte, Diego Paulsen, diputado RN y presidente de la comisión investigadora sobre las posibles irregularidades en la administración de la Universidad Arcis, señaló que “es lamentable por los estudiantes y trabajadores” esta decisión de la justicia, la cual, a su juicio, sólo ha cumplido con su deber por lo que no se la debe responsabilizar por esto sino a las administraciones que llevaron a la universidad a la quiebra.

“Yo no le echaría la culpa a la justicia por estar cumpliendo con su deber, sino que más bien a quienes han sido administradores de esta universidad en los últimos años y desde su creación. Nos gustaría saber, también, cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación”.

El diputado de RN sostuvo que la crisis de la Universidad Arcis demuestra que los militantes del Partido Comunista que la formaron y administraron no pudieron gestionarla de manera correcta, y recordó las palabras del ex presidente Sebastián Piñera cuando señaló que existen personeros de gobierno que sólo saben trabajar para el Estado.

Fuad Chahín, diputado DC e integrante de la comisión investigadora de la Universidad Arcis, consideró una “mala noticia” la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía, “porque son cuestiones más bien propias de la actividad mercantil” que del ámbito educacional.

“Me preocupa el que, efectivamente, sean los alumnos los que puedan terminar más perjudicados porque estábamos pronto a poder conocer si se cerraba o tenía continuidad este establecimiento, y al final son, justamente, los estudiantes -lo mismo que ocurrió en la Universidad del Mar-, los que pagan las consecuencias de una educación superior poco regulada y de administraciones poco responsables de los establecimientos educativos”.

Finalmente, Sandra Beltrami señaló que junto a la Confech están estudiando las acciones a seguir para revertir un eventual cierre de la universidad, entre otros la interposición de recursos de protección ante la justicia, así como movilizaciones en las calles, ya que “es inaceptable que se pongan por encima los derechos de privados, por legítimos que sean, por sobre el derecho a la educación”.