Se trata de predios que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquirió entre 2012 y 1013 y por los cuales pagó 32 mil millones de pesos. Sin embargo, la Contraloría indicó que la tasación fue de 26 mil millones de pesos, es decir, se pagaron de más cinco mil millones de pesos a particulares que figuraban como propietarios de estos terrenos.

Hay que considerar que de acuerdo a la Ley Indígena n° 19.253, la Conadi puede pagar hasta un 10 por ciento más por el valor de las tierras a los particulares, pero en este caso se detectó un sobrepago de hasta el 21 por ciento.

El informe también destacó una eventual  priorización de las comunidades que se financian con estos terrenos. Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para ser fiscalizados.

Este es el segundo informe que emite la Contraloría sobre el funcionamiento del subsidio que permite resolver los conflictos por propiedad de la tierra entre particulares y comunidades indígenas, establecido en el artículo 20 letra B de la Ley Indígena.

Este cuerpo legal establece dos modalidades para la recuperación de las tierras ancestrales: a través de los concursos anuales según el artículo 20 A y, por otro lado, mediante las reclamaciones históricas según el artículo 20 B, de acuerdo a los distintos títulos donde se establecía la propiedad de estas tierras indígenas, como los títulos de merced.

Sandra Marín Cheuquelaf, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), comentó que en 2012 durante el gobierno de Sebastián Piñera, se anuló una resolución sobre el procedimiento para aplicar esta normativa y la decisión sobre la compra de tierras pasó a radicar exclusivamente en el director del organismo, actualmente a cargo del ingeniero agrónomo Alberto Pizarro Chañilao.

“En ese momento el director estaba muy complicado porque era una responsabilidad muy grande resolver a quién o no se compraba las tierras”, recuerda la funcionaria, apuntando a que esta decisión debiese ser tomada por el Consejo Nacional.

Otro de los puntos que destaca la Contraloría es la falta de información en las carpetas de compras porque en varias no existen documentos suficientes para acreditarlas.

Sobre esto, Sandra Marín señaló que no hay un procedimiento estandarizado para llevar a cabo este proceso desde que ingresan las carpetas hasta que se decide a quien vender.

Al conocer este informe, los trabajadores solicitaron una reunión con el contralor Jorge Bermúdez porque estas deficiencias en el plano administrativo abren las puertas para que se sigan concretando estas irregularidades, según explicó la dirigenta sindical.

“Las observaciones que hace la Contraloría tienen relación con la forma de proceder frente a este programa de restitución de tierras y esa es una debilidad que tenemos que discutir en el directorio. El tema del 20 B se relaciona con la recuperación del territorio ancestral y es aquí donde se deben precisar los procedimientos que existían hasta el 2012 para los funcionarios”, explicó.

Para la ex consejera de la Conadi y dirigenta de Ad Mapu, Ana Llao, las irregularidades existen desde que se inició la compra de tierras a los particulares para luego ser devueltas a las comunidades.

Un escenario que, a su juicio, responde a las deficiencias administrativas sustentadas en los intereses políticos de quienes han encabezado este organismo.

“Es una responsabilidad netamente administrativa que se tranversaliza con las responsabilidades políticas. En ese sentido, lamentamos que ocurra esto en la Conadi porque muchos dirigentes hemos luchado para que se amplíe la entrega a más comunidades y así terminar con la ley que se creó durante la Dictadura del despojo a los territorios”, expresó.

Los pagos de la tierra por favores políticos

Daniel Rojas, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, explicó que hace años se viene arrastrando un desorden administrativo en la Conadi porque no existen criterios claros para materias básicas como el orden en que deben restituirse los terrenos reclamados de las comunidades indígenas. Esto, considerando que muchas se mantienen hace más de dos décadas reclamando los predios y son desplazadas por otras solicitudes.

El también autor de la investigación “Análisis conceptual del Derecho a la Tierra de los pueblos indígenas según el Derecho Internacional” recordó el caso del pago de sobreprecio al exministro Pablo Longueira. En 2015, la Conadi le pagó 810 millones de pesos al exsenador de la UDI por un fundo de su propiedad ubicado en un sector cercano a Villarrica, en la Región de la Araucanía.

En ese momento, recordó Rojas, se acusó corrupción porque se habría beneficiado a una comunidad que no tenía vínculo con el terreno, pero que en ese momento se vinculó con el pago de un favor electoral.

Por su parte, el director de la Conadi, Alberto Pizarro, dijo a El Mercurio que se hizo un ordenamiento de los procesos al interior del organismo. “A partir de 2015, la Contraloría visa nuestros procesos y carpetas de restitución territorial. Nosotros proveemos toda la información y nos parece fundamental que se transparenten estas situaciones”.

Además, señaló que han sido rigurosos con las tasaciones porque no se puede pagar más de lo que corresponde y apegarse a la legislación.  La autoridad dijo a ese medio que “hay un margen, pero no se puede comprar un terreno que se escapa mucho de la tasación comercial”. Sin embargo, no aclaró por qué en esta oportunidad ese margen se había sobrepasado casi en más de 10 por ciento.