Cumpliendo con lo anunciado ayer en su cuenta pública, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley especial que busca fortalecer a las universidades estatales, iniciativa que fue desatacada tanto por el Ministerio de Educación como desde el Consorcio de Universidades Estatales (CUECh).

La iniciativa apunta a aumentar los estándares de calidad y gestión en las instituciones universitarias del Estado, que contribuyan al desarrollo social, cultural, artístico y científico del país a través de un marco jurídico e institucional que regule estas acciones.

Además, crea un Consejo Superior que estará encargado de las definiciones estratégicas y un Consejo Universitario que represente a los distintos estamentos de las instituciones y que asesore a cada uno de los rectores.

La Presidenta Bachelet justificó el trato diferenciado que tendrán las universidades estatales señalando que ellas son un espacio que asegura “no solo la libertad de cátedra y de investigación, sino también dar cabida a la diversidad, a la transparencia, a la participación”. Además, agregó la Mandataria, “nuestras universidades públicas están llamadas a protagonizar el salto en educación, democratización, en movilidad social y en la formación de personas que Chile necesita y anhela”.

En tanto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que con la ley buscan además de facilitar los procesos burocráticos al interior de las universidades del Estado, generar un espacio de cooperación entre ellas, superando ya el paradigma de la competencia.

“Este fortalecimiento de las universidades estatales podría haber sido un programa, pero quisimos que fuera una ley que estableciera y que también disminuyera muchos pesos administrativos, burocráticos que las universidades tenían para poder actuar en el mundo de las universidades. Y lo que más queremos favorecer, además es la cooperación, ya no se trata de competir una universidad con otra, sino cooperar entre las estatales, pero también entre las estatales, las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), y las privadas que también se sumen a las tareas que se puedan asumir”.

Desde el CUECh, su presidente el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, valoró el envío de este proyecto, y lo calificó como “un primer paso hacia una nueva actitud del Estado al volver a asumir su responsabilidad y compromiso con la educación superior”.

Por su parte el vocero del CUECh, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola, hizo un llamado a los parlamentarios a que enriquezcan el proyecto durante el proceso legislativo, e hizo especial énfasis en los representantes regionales, ya que desde su punto de vista, esta iniciativa fortalece, justamente, la educación superior fuera de la capital.

“Yo creo que el llamado a los parlamentarios es precisamente a enriquecer esta ley y que se haga efectivamente una ley durante este período. creo que es la responsabilidad que tienen además los parlamentarios de regiones porque esto va a favorecer a la educación superior regional, las universidades del Estado estamos distribuidas en todo el territorio del país, que es lo que antes hizo la Universidad de Chile, hoy está hecho a través de un consorcio de universidades. Se quiere establecer una red de universidades, para eso hay una organización interna, se define un directorio que va a coordinar el trabajo en red de las universidades del Estado”.

Una visión diametralmente opuesta fue la que expresó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Daniel Andrade, aseguró que este proyecto busca instalar un modelo de empresa para las universidades del Estado, ya que además de establecer la flexibilidad laboral con los trabajadores de las casas de estudio, tampoco aclara el mecanismo de inyección directa de recursos.

“Este proyecto intenta instalar un modelo de empresa para las universidades estatales y ese modelo de empresa queda claro con el Consejo Superior que atenta contra la autonomía universitaria, con tres integrantes del gobierno, después pasa también con la flexibilizad laboral que se le establece a los trabajadores, y además que no se establecen, claramente, cómo va a hacer un financiamiento directo a las instituciones. Creemos que con eso se está intentando instalar, de una u otra forma, un modelo de universidad-empresa en las universidades estatales. Creo que es un proyecto que es un poco engañoso”.

Si bien esta normativa presentada hoy por la jefa de Estado era parte del proyecto general sobre educación, que actualmente se tramita en el Congreso, el Ejecutivo tomó la determinación de escindirlo de la normativa original, y enviarlo aparte para facilitar su tramitación legislativa.

La ministra Delpiano si bien no entregó plazos definidos para el ingreso de este proyecto al Senado, pero esto debería ocurrir la próxima semana.