El escándalo de la Operación Huracán ha puesto en el tapete una denuncia constante del pueblo mapuche en cuanto a su conflicto con el Estado chileno: los montajes de los que han sido víctimas por parte de las autoridades.

Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?

Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.

Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos

“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.

“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.

En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.

El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.

En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.

Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.

“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.

Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.

Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.

“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.

El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.

Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.