El Tribunal Constitucional (TC) está cuestionado. Su última controversia fue en enero pasado, después de quitarle nuevas facultades sancionatorias al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Por eso, a semanas de que llegue marzo y el organismo presidido por Iván Aróstica revise artículos de la Ley de Reforma a la Educación Superior, surgen dudas y especulaciones en torno a las posibles decisiones que tomará.
Esto porque en la iniciativa, despachada el 24 de enero por la Cámara de Diputados, hay artículos que otorgan a la Superintendencia de Educación atribuciones que le permiten exclusividad de dictar normas e imponer sanciones.
Según dijo a La Tercera el asesor constitucionalista de Chile Vamos, Jorge Barrera, si se toman en cuenta los argumentos que el TC utilizó para rechazar el proyecto del nuevo Sernac, también con facultades normativas y sancionatorias, el organismo debería rechazar estos puntos de la norma sobre educación.
Uno de los principales críticos al actuar del TC es el abogado Fernando Atria, quien ha llegado a afirmar que la situación del organismo es de una gravedad extrema, pues puede hacer lo que quiera y, además, está dispuesto a hacerlo. “Con este TC, la posibilidad de que la gratuidad y otras cuestiones de la ley sean declaradas inconstitucionales es bien alta. En la medida que quiera llevar adelante su propia agenda, está dispuesto a decir lo que sea. Es un tribunal desatado”, afirmó.
Según Atria, el organismo se sustenta en las convicciones políticas de sus ministros antes que en la jurisprudencia: “La Ley de Educación Superior tiene pronóstico reservado pero no porque haya algo inconstitucional en ella, sino porque tiene que ser aprobada por un tribunal que está dispuesto a imponer sus juicios políticos sobre lo que le toque decidir”, expresó.
Si bien la iniciativa no deja del todo satisfechos a los estudiantes, para Alfonso Mohor, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la fiscalización que podría eliminar el TC es necesaria: “Hemos planteado varias críticas al proyecto de ley, porque entendemos que no toca en profundidad el sistema educativo, pero creemos que es necesaria toda la institucionalidad que se pone a disposición con este articulado, para fiscalizar y regular de mejor manera el sistema educativo. Por lo tanto, creemos que todas las instituciones -TC incluido- debiesen consensuarse con el fin de mejorar la educación en nuestro país”, explicó.
En ese sentido, el dirigente expresó que suprimir artículos de la ley sería un daño enorme a una reforma ya dañada: “El proyecto en sí no es suficiente, pero si además el TC se dedica a sacarle pedacitos, terminaríamos con una cuestión que derechamente sería escuálida”, concluyó Mohor.
