El Departamento de Justicia había solicitado a la máxima corte del país que intercediera directamente, evitando la participación de cortes de apelación, para revisar los fallos que mantienen en marcha el DACA.
Ese programa de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés) protege de la deportación y legaliza la situación de inmigrantes llegados a Estados Unidos aún en la infancia. El presidente Donald Trump decidió que el gobierno no lo renovaría y que los beneficios aprobados para unos 690 mil inmigrantes se extinguirían el 5 de marzo.
Sin embargo, dos cortes federales -una en California y otra en Nueva York- bloquearon la determinación presidencial y mantuvieron vigente la norma.
En ese período, el gobierno se verá forzado a aceptar pedidos de renovación de los beneficios ya otorgados al abrigo del programaa esos inmigrantes, en su mayoría de origen latinoamericano y conocidos como “dreamers”.
La decisión fue adoptada por la unanimidad de los jueces de la Suprema Corte.
En una nota oficial, un vocero de la Casa Blanca reafirmó su convicción de que el programa DACA “es claramente ilegal”. Raj Shah dijo que el problema es que “proporciona en masa permisos de trabajo y un sinfín de beneficios gubernamentales a inmigrantes ilegales”.
“Más tiempo en el reloj”
En una teleconferencia el fiscal general de California, Xavier Becerra, apuntó que la decisión de la Suprema Corte “es una victoria para los ‘dreamers’ y sin dudas una gran victoria para California. Una victoria del imperio de la ley y de nuestra economía”.
Exlegislador, el fiscal Becerra es uno de los más notorios defensores de la continuidad del programa DACA. La inmigrante Eliana Fernández, que legalizó su situación migratoria gracias al programa, confesó a RFI que se sentía “encantada” con la decisión, pero alertó que la situación de esa comunidad aún no está resuelta. “Necesitamos una solución que sea permanente”, dijo.
El senador Richard Blumenthal señaló que la decisión de la Corte de mantener la controversia en su curso normal en el sistema judicial “pone algo más de tiempo en el reloj”. Sin embargo, añadió, “no logra resolver el problema fundamental y no disminuye la urgencia del Congreso en adoptar una acción inmediata”.
La adopción de una reforma completa del sistema migratorio se tornó un rompecabezas hasta ahora imposible de resolver para el Congreso.Los legisladores del partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso se niegan a votar un proyecto de presupuesto federal para el año fiscal a menos que se halle una solución a los inmigrantes que por ahora se benefician con la norma vigente desde 2012.
Desde octubre del año pasado el estado federal ha funcionado apenas con presupuestos temporarios ante la dificultad de hallar un terreno común que permita al Congreso aprobar una reforma del sistema migratorio.
*Vía RFI
