El 11 de abril de 2016 la realidad de los niños internos del Sename marcó un antes y un después. La fatídica muerte de Lissette Villa, en un centro de menores, reveló las deficiencias que se mantenían, hasta ese momento, como un secreto a voces. Ocho personas formalizadas por apremios ilegítimos, dos cuidadoras sindicadas como responsables directas y una realidad en la que día a día aparecen nuevos antecedentes, fue el alcance de este hecho.
Pero pese a las cadenas nacionales y anuncios en octubre de 2016 cuando la ex mandataria Michelle Bachelet comprometió un Plan de Acción que además, reveló que con Lissette figuran 865 menores fallecidos en los centros entre enero de 2005 y junio de 2016, las promesas solo apuntaron a recursos extras de 2 mil 500 millones adicionales y crear el servicio de Protección de la Niñez.
Luego de la presidenta Bachelet vinieron los dichos de Sebastián Piñera que, primero en campaña y luego con la banda presidencial, determinó diez puntos para enfrentar este tema. Las palabras siguieron y hoy, a dos años en que se recuerda el fallecimiento de la niña Lissette, desde la entidad, organizaciones civiles y el mundo político acusan que si hay intenciones, éstas no son suficientes.
En conversación con radio y diario Universidad de Chile, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia Del Basto, se sinceró y acusó que el sistema no ha cambiado nada. “Lo único que hay es algo la implementación de unidades de salud en los centros, pero, con la precariedad que eso significa, porque la mayoría de las personas que trabajan son a honorarios, no son a contrata ni planta. Además falta mucha infraestructura entonces, cuando uno empieza a ver, la cosa sigue funcionando exactamente igual”.
Durante esta semana, se conoció que un menor residente de un centro de Pudahuel terminó en estado crítico en el Hospital San Juan de Dios luego de ser golpeado por sus compañeros. Para Alicia, esto es una muestra de la violencia dentro de las residencias. “No hay cambios de funcionamiento, incluso hay deterioro de los centros y la complejidad en los niños se acrecienta cada día. Mientras que los funcionarios hacen lo que pueden y más no se puede hacer”. A ello agregó que “la mayoría de los niños no tienen tratamiento psiquiátrico, entonces, ahí nacen los problemas porque no hay posibilidad de dividir por complejidad o edades”.
Por el escenario que enfrentan quienes están a diario en los centros, critican lo realizado hasta ahora. “Mucho anuncio, muchos discursos y en la práctica no han hecho lo que tienen que hacer. Ahora llegó una administración nueva al servicio, están un poco más de una semana pero no tenemos direcciones regionales titulares porque hay que esperar el concurso de alta dirección pública, tenemos la misma jefatura, los lineamientos técnicos son los mismos, entonces, uno dice ‘bueno, aquí parece que hay que esperar que se dividan y empiecen a funcionar los dos nuevos servicios para que las cosas cambien”, sentenció Del Basto.
Quienes han seguido de cerca el tema del Servicio Nacional de Menores son las organizaciones de la Sociedad Civil. Entre ellas, destaca Fundación Infancia que manifestaron una opinión similar a Del Basto. “A dos años de la muerte de Lissette, vemos que hay buenas intenciones pero, lamentablemente, como país nos hemos quedado solo en eso, en las buenas intenciones y con eso no hacemos nada”, afirmó su presidenta, Nathalie Oyarce.
En su crítica, Nathalie afirmó que en los proyectos presentados en el último tiempo “seguimos sin representación jurídica para los niños, sin considerar protección administrativa, que es la deuda eterna que tienen los ministerios de Vivienda, Educación y Salud, bajo una ley integral. Lo que se está discutiendo hoy no considera eso, lamentablemente los que administran nuestro país, tanto el Gobierno pasado como el actual ven como única solución el inyectar más recursos cuando no pasa por eso”.
Estos dos años sin Lissette no significado ningún avance para la presidenta de la organización, esto porque, en su opinión, “parece que las solución es mejorar la infraestructura de los hogares pero no basta con eso, basta con que nos demos cuenta que los niños merecen vivir en contextos de familias, ya sean de origen, extendida, guardadoras, o de adopción. El hecho que un niño viva en una residencia, según los estudios de expertos publicados por organismos internacionales, es dañino. Por cada mes dentro de una residencia, el menor tiene entre 3 y 4 años de retroceso cognitivo y social, por lo tanto, jamás podemos considerar como medida de protección que un niño esté en un hogar”.
La mirada de ambas representantes coinciden con la de la ex diputada Claudia Nogueira, otrora miembro de la comisión Sename de la Cámara de Diputados. Sus denuncias incluso motivaron que una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitara 11 centros.
Junto con recordar los dos años sin Lissette, en conversación con nuestro medio cuestionó las acciones posteriores. “¿Han habido cambios urgentes con la aceleración que uno esperaba? No. Creo que hubo mucho tiempo perdido en torno a generar dos servicios especializados a través de una iniciativa de ley. La presidenta Bachelet se demoró muchísimo en presentar un proyecto de ley. Hoy vemos que han habido anuncios, tenemos una comisión de Infancia, pero, creo que hay medidas administrativas que pueden tomarse y que no se han tomado, como lo es la realización de un diagnóstico rápido que determine cuántos niños tenemos con problemas y como podemos potenciarlos, darle la mayor atención oportuna, de calidad que pueda sacarlos adelante, de acuerdo a sus necesidades”.
Se sigue a la espera de resoluciones concretas, mientras la Comisión de Infancia organizada por el gobierno da más que hablar por sus participantes que por sus iniciativas.