En mayo de este año el Presidente Sebastián Piñera concedió el primer indulto a un reo que se encuentra privado de libertad producto de crímenes de lesa humanidad (CLH) en Punta Peuco. El beneficiado fue René Cardemil, que murió días antes de acceder al beneficio otorgado por “razones humanitarias de salud”. La solicitud de indulto fue presentada por el abogado Raúl Meza el 11 de marzo, cuando Piñera asumió en La Moneda. Antes, durante su mandato, la Presidenta Michelle Bachelet la había rechazado.

La decisión de Piñera se da en el contexto en el que la Contraloría General de la República anunció a mediados de mayo que se eximiría de la toma de razón, por el plazo de un año, a los actos administrativos que concedieran indultos.

Los argumentos planteados apuntan a que, considerando los recursos disponibles para la fiscalización de todos los órganos que integran la Administración del Estado, exige priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el Contralor General.

Es así como René Cardemil, oficial del Ejército condenado en 2011 a diez años de prisión por su participación en seis asesinatos durante la dictadura, obtuvo el indulto que le permitiría eximirse de los tres años de condena que le restaban.

Este miércoles Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos entregó en Contraloría una solicitud para reconsiderar la decisión tomada por la institución a cargo de Jorge Bermúdez. Lira explica la solicitud que la llevó ante el órgano fiscalizador: “Es importante que Piñera cumpla los tratados internacionales para no reivindicar el terrorismo de Estado. Por eso insistimos y le pedimos una entrevista para exigir, como familiares y chileno, que la Contraloría no puede desentenderse e de algo tan serio y tan grave, más aún si ellos tienen el deber de hacerlo. Su trabajo es vigilar”.

Sobre los crímenes de lesa humanidad, el documento entregado explica que “estos no afectan a la humanidad en un sentido cuantitativo (entendiéndola como una agregación de seres humanos), sino como un conjunto de valoraciones sobre la dignidad que compone lo verdaderamente humano”.

Contrario a la decisión del Presidente, el texto agrega que “las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción”.

El derecho internacional ha respaldado y aplicado ampliamente esta concepción entendiéndola como un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y –por otra- conductas individuales en ese contexto”.

Algunos de los crímenes que se incluyen dentro de este contexto son, por ejemplo, el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o detención en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y desaparición forzada de personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado varios casos acerca del indulto y la amnistía en crímenes de lesa humanidad declarando que esos crímenes son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables: “Son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.

Nelson Caucoto, abogado en causas de derechos humanos –entre ellas la del homicidiode Víctor Jara-, afirmó que “la Contraloría es la institución que revisa la legalidad de los actos de la administración. Que se exima de pronunciarse respecto de estas resoluciones a mí me parece que no se corresponde. El argumento que dicen es que será por un periodo corto y que no ha pasado nada antes, que no ha pasado nada antes, que no hay ninguna constatación de alguna ilegalidad, pero si vamos a actuar así porque no ha pasado nada antes precisamente quedamos expuestos a que pase algo”.

El gobierno de Piñera está preparando un proyecto de ley de conmutación de penas en casos de enfermedad terminal y demencia. Raúl Meza, abogado de otros reos de Punta Peuco, advirtió que presentará nuevas solicitudes de indulto.