Una vez aprobado el proyecto en el Congreso, de inmediato Chile Vamos anunció que recurriría al Tribunal Constitucional, pues acusan que exigir a los condenados por delitos de lesa humanidad haber cumplido con al menos dos tercios de la pena, demostrar colaboración sustancial y arrepentimiento por los crímenes cometidos, deja en evidencia una discriminación e inconstitucionalidad en la iniciativa.

Por esto, es que el pasado miércoles se inició el proceso en el TC con una audiencia pública en la que diferentes actores, a favor y en contra del proyecto, expusieron su postura y sus argumentos frente al Tribunal, como por ejemplo la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Raúl Meza, abogado de los reos de Punta Peuco y la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.

Raúl Meza señaló que la ley “dice relación con las personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco. De ese punto de vista no puede una normativa establecer ciertas discriminaciones arbitrarias respecto de una categoría de personas, negándose el derecho humano a la libertad condicional”.

Mientras que Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos dijo que “asegurar libertades a genocidas que han recibido bajísimas condenas, es sinónimo de la posibilidad de repetición del genocidio”.

En esta nueva jornada se dio inicio a los alegatos de los abogados de ambas partes. El abogado Maximiliano Murath, representante de Chile Vamos, y además defensor de condenados por delitos de lesa humanidad, señaló que pedir arrepentimiento afectará la libertad de conciencia de los imputados que se consideran inocentes.

“La primera vulneración que esta parte reconoce, y que está tratada en el requerimiento, es efectivamente que la confesión daña y ataca la libertad, en este caso, de consciencia (…) porque obliga a una persona a cambiar o modificar lo que está en su fuero interno, vulnerando su forma de pensar y de creer, sobre este punto tenemos que pensar en la problemática de la persona que se sabe inocente”, dijo.

En representación de la Cámara de Diputados alegó el abogado Patricio Zapata, quien indicó que no existe obligación de cambiar el pensamiento de nadie, y que si bien hay personas que manifiestan inocencia también hay sentencias judiciales de por medio que deben ser respetadas.

“Las personas por su puesto pueden seguir insistiendo en su inocencia hasta el fin de sus días, pero lo que no pueden pedir, creo yo, es que la sociedad entienda que se han rehabilitado sobre la base de una sentencia que es la verdad con la que podemos trabajar en una sociedad, si no están dispuestas a reconocer el mal que implica esa conducta por la que fueron condenados”, aseveró.

Además, Zapata explicó que durante el desarrollo de la elaboración del proyecto se trabajó de forma acabada en esta condición, y lo que se estableció es que se pueda dar cuenta de un juicio de reproche del acto, lo que es independiente de la responsabilidad propia del condenado.

En la primera jornada de audiencias, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expuso el abogado Rodrigo Bustos, y en conversación con nuestro medio el jurista señaló que todo lo que se está intentando legislar a través de este proyecto busca ceñirse a las normas internacionales, algo que durante mucho tiempo ha planteado el INDH.

Agregó que la verdad y la justicia en Chile se ha enfrentado con múltiples obstáculos, como han sido la ley de amnistía, la media prescripción, o personas que han sido condenadas pero han tenido la posibilidad de seguir prófugas de la justicia y “por lo tanto los beneficios carcelarios para las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad se han vuelto un nuevo obstáculo, una nueva barrera para que haya verdad y justicia, y eso claramente revictimiza a los familiares de las personas detenidas desaparecidas y es también una necesidad de la sociedad chilena en su conjunto”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional se refirió a la agresión que sufrió su presidente Iván Aróstica a la salida del edificio de calle Huérfanos el pasado miércoles, e informaron que se solicitará la designación de un fiscal especial que clarifique los hechos e identifique a los responsables.

A la vez, junto con repudiar la acción, hicieron un llamado a “abogar por el permanente cuidado de un clima de paz y respeto en la convivencia social de los chilenos”.