La ley Ricarte Soto es la normativa que establece un fondo público para financiar medicamentos de alto costo. Además en Chile las enfermedades más comunes, aunque sean graves, están cubiertas por el AUGE, lo que limita el dinero a gastar en el tratamiento.

Sin embargo, el problema es cuando la patología es considerada rara y no está incluida en la normativa especial creada para resolver el problema.

Por tal motivo, personas afectadas por el nulo acceso, y oneroso precio de fármacos, han decidido acudir a la Justicia contra el Estado, para que sea esta instancia la que decida y establezca el derecho que tiene cualquier ciudadano al acceso a la salud.

Tres han sido los casos que últimamente se ha ganado en esta materia, mientras existen otras tres acciones legales similares en proceso, en la Corte de Apelaciones de Concepción.

El médico y presidente de Fundación Equidad Chile, Tomás Lagomarsino, precisó que estos fallos, más que obligar al Estado a financiar fármacos de costo millonario, obligan al Fisco a proveerlos y que las personas tengan debido acceso.

Precisó que las resoluciones de la Corte Suprema marcan un precedente y significan un llamado de atención al Estado para que comience a regular los precios de los medicamentos.

“No puede ser que un laboratorio, haciendo uso de su monopolio farmacéutico, coloque el precio que guste, por un período de tiempo que es exacerbado, de hecho, el Nusinersen ocupa un mecanismo de monopolio que no existía en Chile antes del dos mil, que fue establecido con la firma del TLC con Estados Unidos, y que se llama información no divulgada. Si esto mismo hubiese pasado antes de dicha firma, no habría existido monopolio y se tendría la posibilidad de acceder a medicamentos similares genéricos, para importar sin problemas”, afirmó.

Nusinersen es un fármaco clave para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal, es considerado uno de los medicamentos más caros del mundo. Unos 500 millones de pesos cuesta el procedimiento anual para un niño que sufre la enfermedad, y existen unos 160 casos en el país.

Tomás Lagomarsino, además, hizo hincapié en el lobby realizado por la industria farmacéutica que ha impedido ejecutar iniciativas de ley, tendientes a regularizar los precios.

La presidenta de la Corporación Familias Atrofia Muscular Espinal Chile, Paulina González, sostuvo que la decisión de la Suprema es un gran paso. Sin embargo, cuestionó al Gobierno por no hacerse cargo de quienes padecen esta patología.

“No sé qué espera el gobierno para sentarse a negociar, para incluirlos en la Ley, para ver si definitivamente estos medicamentos llegan a Chile al precio que corresponde, y así evitar que las personas afectadas sigan muriendo. Pero definitivamente prefieren esperar, a seguir perdiendo casos en una Corte, seguir pagando fármacos que necesitan niños, pero siempre a través de una resolución de demanda”, argumentó.

En tanto, para el diputado socialista Manuel Monsalve, impulsor de una iniciativa de resolución, a través de la cual se solicitó al Ejecutivo una política nacional para esta enfermedad, criticó al Ministerio de Salud por no hacerse cargo del problema y dejar que los afectados recurran a la Justicia, para que, a través de dicha vía, se resuelvan las dificultades de acceso y alto costo de los remedios.

“Chile tiene fármacos que están por sobre el costo de los promedios de países de américa latina, mucha gente está obligada a viajar para obtener mejores precios notablemente inferiores. Esto tiene que ver con la concentración económica, problema del cual ya hemos sido testigos, fijación de precios por parte de privados, colusiones relacionadas, pero que el gobierno no se atreve a legislar para colocar algo que es discutible para aquellos que son firmes defensores del libre mercado, que es colocar un margen de precios o un marco a la rentabilidad por la venta de fármacos”, subrayó.

Según un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto total en salud en Chile ha evolucionado sostenidamente al alza en términos reales en el período 2003-2014, aumentado de 5,5 billones de pesos el 2003 a 11,5 billones el 2014, logrando una tasa de crecimiento promedio anual de casi 10 por ciento.

En tanto, en el Congreso se discute el proyecto de “Ley de Fármacos II” que apunta a regular los precios de los medicamentos, sin embargo, diputados oficialistas integrantes de la Comisión de Salud han rechazado cualquier indicación que signifique establecer una regulación de costo.