Como un claro respaldo a los trabajadores dependientes del Estado calificó, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la reciente aprobación del Senado del proyecto de ley sobre tutela laboral.

La iniciativa surgió después de que, en diciembre pasado y a través de un fallo, el Tribunal Constitucional (TC) impidió a funcionarios del sector público a honorarios y a contrata despedidos el derecho a utilizar la tutela laboral, es decir, la posibilidad de que los trabajadores que se desempeñan en el Estado puedan denunciar ante tribunales, por ejemplo, desvinculaciones arbitrarias por razones políticas o de acoso laboral.

El máximo representante de la ANEF José Pérez, precisó que esta aprobación del Senado demuestra el apoyo a los derechos laborales de los trabajadores del sector público y contra lo dictaminado por el Tribunal Constitucional.

“Súper potente la señal que dio el Senado, porque creo que esa es la línea, y lo que aparece como una tercera cámara, como se intenta imponer el TC, bueno, entendemos que hoy día la señal que se está dando es que los derechos de los trabajadores y trabajadoras no pueden ser un retroceso en estos tiempos, al revés, primero hay que respetarlos y después fortalecerlos”, afirmó.

Con 27 votos a favor y cuatro abstenciones, el Senado despachó a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, la iniciativa que permite a los funcionarios públicos ejercer el derecho a la tutela laboral, tal como lo hacen hoy los trabajadores del sector privado que se rigen por el Código Laboral.

Sobre una eventual respuesta positiva, ahora de la Cámara Baja, el presidente de la ANEF, José Pérez, se manifestó confiado en una similar aprobación del proyecto de ley.

“La tutela es una herramienta jurídica muy importante en todo lo que implica ciertos procesos de la defensa del empleo, de la función pública, entonces por eso es una señal súper clara, y lo que hemos conversado con los diputados también ha sido positivo, así que esperamos ansiosos que la respuesta sea tan potente como la manifestada por el Senado”, argumentó.

Durante la sesión en el Senado, se aprobaron dos indicaciones a la iniciativa de tutela laboral. La primera dice relación con que se descarta el pago de una doble indemnización a funcionarios, que podía darse en caso de acogerse a la figura legal y por despido injustificado. La otra, descarta que las atribuciones de la Dirección del Trabajo (DT) se extiendan al ámbito público.

Según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), son al menos 905 el número de juicios que por este concepto fueron presentados en 2018 por parte de trabajadores de distintas reparticiones gubernamentales.