La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, deberá comparecer ante al Ministerio Público para prestar declaración como imputada por cohecho y fraude al Fisco, en el marco del caso que la involucra con la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes).

La también senadora es investigada por el intercambio de correos electrónicos con el ex presidente de la entidad, Luis Felipe Moncada, quien sugiere un “pauteo” a la parlamentaria para su votación en proyectos de ley relacionados con temas pesqueros.

Además, el fiscal a cargo, Rodrigo Durán, indaga acciones de cohecho y aportes en dinero a Van Rysselberghe, provenientes de las firmas agrupadas en Asipes, antes de comenzar su primer año como senadora.

El abogado querellante César Barra valoró las acciones impulsadas por el órgano persecutor en torno a la participación de la senadora de la UDI, empresarios y otros parlamentarios en la votación de la Ley de Pesca, también denominada “Ley Longueira”: “Tenemos la impresión de que finalmente el articulador de esta red de corrupción fue el exministro Pablo Longueira. El rol de cada uno de los congresistas en esto, que hayan sido solo instrumentos y donde eventualmente hay favores de por medio, prebendas económicas, tendrá que ser determinado por los fiscales y el tribunal de garantía, pero no es menor que esto se radicara como el mecanismo de cohecho a parlamentarios de la región”, afirmó.

Para el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, patrocinador de la querella, la decisión del fiscal Rodrigo Durán marca el fin de la que calificó como una “lenta” investigación: “Surge efecto la querella que interpusimos, la cual le está dando un poco más de velocidad a la investigación, ya que percibíamos poco o nulo avance y esperamos que se esclarezca la verdad. Van Rysselberghe recibe correos con instrucciones de la industria pesquera, aludiendo entre otros puntos a una entrevista que yo, en ese entonces presidente de Fenaspar, iba a sostener con la comisión de Pesca del Senado, donde se pone de sobre aviso respecto a la nulidad de la ley. Bueno, llama la atención que parlamentarios reciban instrucciones al pie de la letra de sus patrones, que en ese entonces eran los empresarios pesqueros”, argumentó.

El diputado RN Frank Sauerbaum también fue citado por el Ministerio Público en calidad de imputado y, según antecedentes del caso, existe similar intercambio de correos con ejecutivos de Asipes, así como eventuales aportes económicos a su campaña política.

Además de Sauerbaum y Van Rysselberghe, son seis políticos más los que aparecen mencionados en esta causa: los exdiputados Clemira Pacheco (PS), Cristián Campos (PPD) y Jorge Ulloa (UDI), junto al actual parlamentario Sergio Bobadilla (UDI). También figuran el exsubsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), y el senador independiente Carlos Bianchi.