Los estudiantes no están terminando sus carreras en el tiempo que debieran, algo que va en directa contraposición a la gratuidad.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Educación, desde 2016, los estudiantes de carreras técnicas y universitarias se han atrasado en uno de cada cinco ramos. Esto, en lo que va del 2019, significó que 27 mil beneficiarios de la gratuidad quedaran fuera de ella.

Actualmente, la gratuidad solo cubre el periodo formal de las carreras, y quien se retrase, cuenta con la opción de pagar el arancel restante a su casa de estudios.

Este límite del beneficio, para la directora social de Fundación Portas, María José Juárez, termina por generar una discriminación hacia alumnos de estratos económicos más bajos, que ya habían ingresado a la educación terciaria en desventaja.

“En general, los estudiantes de escasos recursos egresaron de colegios con índices de vulnerabilidad muy altos. Los colegios deben lidiar con temas como drogas, embarazo adolescente, ausentismo escolar; y esto finalmente incide en que hay un flujo de contenidos que los colegios no pasaron. Entonces, por ejemplo, los chicos pueden terminar con problemas para resolver fracciones y parten una ingeniería con trigonometría. Se enfrentan a un alunizaje universitario, en el cual deben comprender contenidos para los que les falta una importante base previa”.

Previo a la entrada en vigencia del beneficio, una investigación publicada en 2014 por el Consejo Nacional de Educación, arrojó que el 83 por ciento de los desertores del sistema de educación superior correspondía a quienes representaban a la primera generación de sus familias en institutos o universidades.

Del mismo informe se desprende que más de la mitad desertó por motivos económicos. Para Juárez, la gratuidad debe garantizar el derecho a la educación de principio a fin.

“La gratuidad nosotros la vemos como un factor clave que ha contribuido a democratizar el acceso a la educación superior. No obstante, el hecho de ponerle límite en torno al tiempo formal de la malla, termina siendo contraproducente. Si la gratuidad vino a poner en primera línea la educación como un derecho, tenemos que resguardar que ese derecho sea efectivo de principio a fin, si no los proyectos profesionales quedarán truncados a mitad o finales de la carrera”.

Controversia en el TC

Durante 2019, el tiempo límite de la gratuidad ha sido discutido en más de una oportunidad. Una de ellas, incluso, ante el Tribunal Constitucional.

A principios de enero, el TC rechazó otorgar a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), dineros del Fondo de Crédito Solidario para solventar el 50 por ciento del costo de las carreras de aquellos estudiantes que pierden la gratuidad al exceder el tiempo formal de su carrera.

Dicha decisión, para el Cruch, significa un agravio para sus arcas, ya que la perdida del beneficio para este año se estima en $ 26 mil millones.

El académico integrante del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, afirmó que impedir a las universidades restituir sus fondos, producirá efectos que recaerán directamente sobre los estudiantes.

“El hecho de que las universidades no puedan realizar ajustes en sus presupuestos con otros recursos fiscales deja a los alumnos vulnerables en el peor de los mundos, porque solo les queda retirarse o someterse a los requerimientos del endeudamiento”.

Por otro lado, comentó que estas trabas provienen de un error de diseño de la Ley de Educación Superior.

“Es un error diseñar un política en que las condiciones que entregas a los que ayudas terminan resultándoles imposibles. La Ley de Educación Superior termina por formar un cerrojo innecesario, cuando podía haberse hecho de otra forma para que los estudiantes tuvieran realmente una oportunidad de acceder a la universidad y no quedar fuera por condicionantes ajenas.

Luego del fallo, el Cruch planteó dos posibilidades para permitir a estudiantes atrasados continuar con sus carreras sin que esto les signifique un gasto a las universidades.

La primera, acudir a la Contraloría para pedir que el retraso de los alumnos sea contabilizado a partir de 2017, para así disminuir la cantidad de beneficiarios que pierdan la gratuidad, y por otro lado, solicitar al gobierno un proyecto de ley para modificar la ley que regula el Fondo Solidario, con tal de permitir el uso de esos recursos.