Más de nueve meses ha durado la prisión preventiva dictaminada contra el lonco Alberto Curamil y el werkén Álvaro Millalén, después de que el pasado 30 de mayo se suspendiera por tercera vez la audiencia de preparación de juicio oral en el tribunal de Lautaro, región de la Araucanía.

Ambos comuneros se mantienen encarcelados por dicho extenso periodo a la espera de la concreción del juicio cuyos cargos dicen relación con el asalto a la caja de compensación “Los Héroes” de la ciudad de Galvarino, hecho ocurrido en abril del año pasado.

Para el abogado defensor del lonco, Rodrigo Román, el Ministerio Público ha dilatado artificialmente el proceso, no entregando las pruebas que acrediten la participación de Curamil en los delitos que se le imputan.

“Esto se produce debido al único y exclusivo incumplimiento por parte de la fiscalía de entregar a las defensas todos los antecedentes recogidos durante la investigación. Esta es una práctica habitual en el organismo: actuar de manera torcida, de no entregar los informes y datos  vinculados al proceso indagatorio, por lo que hemos tenido que interponer una cautela de garantía, la que fue fijada para el próximo lunes 10 de junio, porque precisamente nuevamente no traspasaron el historial que manejan sobre el caso”, afirmó.

Pese a las acusaciones y pruebas que eventualmente tendría el organismo persecutor contra los comuneros, el abogado Rodrigo Román insistió que tales fundamentos son falsos debido a que el lonco Alberto Curamil, según testigos, a la hora del atraco se encontraba realizando otras actividades en Victoria, a más de 50 kilómetros del sitio del suceso.

Para el integrante de la Alianza Territorial Mapuche, Miguel Melín, el uso y abuso que ejercen de la prisión preventiva, tanto el Ministerio Público como los juzgados de garantía de la zona, obedece a un trasfondo político. Según el abogado, la dilatación del proceso se ejecuta debido a una fuerte presión del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, hacia la fiscalía local y algunos jueces, negando a los imputados el derecho a una defensa justa. Ejemplo de ello, precisó el profesional, es la llamada “Operación Huracán”.

“En ese entonces, el subsecretario del Interior viajó a Argentina a recopilar pruebas, hizo un tremendo show comunicacional, y al final se cayó todo. Nosotros estamos convencidos de que se trata de lo mismo, o sea, la presión del Ejecutivo es permanente, y al mismo tiempo, está la vinculación de los fiscales con la autoridad política de turno, con los ministros, en el caso de Rancagua está un poco demostrado. Esto nos parece grave, porque la independencia que se declara es solo en el papel, en la práctica existe una influencia política constante para estos fines, donde precisamente está involucrado un comunero mapuche”, argumentó.

Alberto Curamil recibió, en abril pasado, el “Premio Nobel Verde” 2019, debido a su lucha contra dos compañías hidroeléctricas que intentaron en 2015, apoderarse del agua del rio Cautín, sin embargo, debido a la férrea defensa del comunero, no lograron su objetivo.

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, el caso de Curamil y Alberto Millalén es otro ejemplo más de la criminalización y persecución que el Estado realiza contra líderes indígenas dedicados a la protección de su hábitat y el medioambiente.

“La ley Antiterrorista no es la única manera que se ha utilizado para llevar a personas mapuches a juicios, por hechos que supuestamente estarían conectados con las reivindicaciones y que, en definitiva, terminan muchas veces en absoluciones, después de haber estado meses, incluso más de un año en prisión preventiva. Por otro lado, está el hecho que Alberto Curamil fue víctima de apremios ilegítimos por parte de la policía, entonces existen varias violencias estatales conectadas. Lamentablemente, no es un caso aislado”, subrayó.

Recordemos que, en enero pasado, un estudio realizado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) reveló que mapuches y personas de menores ingresos tienen, aproximadamente, un 25 por ciento de mayor probabilidad de quedar en prisión preventiva en relación a otros grupos sociales.

En el caso de Alberto Curamil y Miguel Melín, fue una llamada anónima la que originó su detención por parte de la policía. A meses de su prolongada reclusión, aún no se sabe quién efectuó tal llamada ni el número desde el que se originó la denuncia, de acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público en la carpeta investigativa.