La rama brasilera de la revista The Intercept sacudió la política brasileña y latinoamericana con la información publicada este domingo. Material desclasificado con escuchas que probaban un comportamiento ilegal por parte de las autoridades judiciales que llevaron adelante la Operación Lava Jato, la misma que originó el cuestionado impeachment contra Dilma Rousseff, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y dejó el camino pavimentado para que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumiera como presidente.

A través de una fuente anónima recibieron chats, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial que da cuenta de que el entonces juez Sergio Moro -y actual ministro de Justicia- intercambió mensajes con el fiscal Deltan Dallagnol, dictando pautas a seguir en las investigaciones del caso Lava Jato: ordenaba los elementos de la indagatoria y hacía listas de personas a interrogar y áreas a explorar, consciente de que sería él mismo quien luego iba a juzgar el caso de corrupción más importante en la región durante el último tiempo.

En exclusiva para nuestro país, la senadora, ex ministra y actual presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre la estrategia que se utilizó para perjudicar a la principal figura de su partido, destacando que esto era algo que venían advirtiendo desde los inicios de LavaJato.

Entiendo que el Partido de los Trabajadores ya había denunciado ese tipo de prácticas desde el comienzo del proceso judicial contra el ex presidente Lula da Silva. En ese sentido, ¿esto viene a confirmar algo que ya se suponía?

Claro, esto confirma aquello que nosotros denunciábamos desde el comienzo de la operación LavaJato. Que era una operación que desde un inicio buscó dar vuelta la opinión pública para perjudicar políticamente al Partido de los Trabajadores y al presidente Lula. Ahora los datos revelados por The Intercept dejan comprobadas las afirmaciones que nosotros habíamos hecho. Que aquí hay una asociación de intereses entre el juez Moro y los procuradores de Lava Jato para retirar al PT y al presidente Lula del proceso político brasilero.

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a la actual presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.

Sé que hace algunas horas tuvieron una reunión entre los seis partidos de la oposición en la que se planteó la manera en que van a enfrentar esta situación. ¿Qué definiciones se tomaron ahí?

Sí, luego de la reunión lanzamos un documento donde expresamos la necesidad de llevar a cabo una comisión parlamentaria en el Congreso para investigar las denuncias dadas a conocer por The Intercept y los mensajes intercambiados entre miembros de la operación Lava Jato. Definimos también que vamos a convocar al juez Moro al Congreso Nacional para que explique a todo el país sobre estos hechos. Estamos pidiendo también el apartamento inmediato de Sergio Moro del Ministerio de Justicia y también del jefe del Ministerio Público de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol. Además, manifestamos nuestra solidaridad a Glenn Greenwald por las amenazas que ha recibido incluso su familia por haber publicado este material.

¿Cómo se relaciona esta operación política y judicial con la que ocurrió con Dilma Rousseff y terminó con su impeachment?

El impeachment fue el inicio de este proceso para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno brasileño. Fue un proceso que no tenía fundamento legal ni constitucional, la Presidenta fue retirada sin tener ninguna responsabilidad criminal. Después de eso se instaló un gobierno que no tenía legitimidad y en donde esas fuerzas de Lava Jato, con Sergio Moro incluido, colaboraron con fuerzas de extrema derecha para impedir que el PT pudiera participar en las elecciones en condiciones de normalidad democrática.

Eso queda claro en el intercambio de mensajes entre los procuradores de Lava Jato, llegando a decir textualmente que no podían permitir que vuelva, que el presidente Lula no podía dar una entrevista cuando estuviera preso porque eso podría beneficiar a Fernando Haddad y ellos estaban contra la vuelta del PT. Este proceso que empezó a ser construido en el impeachment, pasa por la prisión de Lula, por la intervención política desmedida de una operación judicial, por una industria de fake news muy fuerte en el final de la campaña para que Bolsonaro fuera electo. Lo grave es que el juez que hizo toda esta persecución judicial hacia el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores, se transformó en ministro de Justicia del Presidente de extrema derecha electo, mostrando su cara política y el lado que tomó en este proceso.

Este martes los seis partidos de la oposición se reunieron para definir las medidas que tomarán ante las revelaciones de The Intercept.

Con respecto a Jair Bolsonaro. ¿Cómo afecta su legitimidad como presidente el hecho de que uno de sus ministros esté involucrado?

Mucho, no sólo porque su ministro está envuelto, sino porque su ministro es el responsable de sacar de la escena al principal candidato opositor a Bolsonaro. Ese ministro fue quien facilitó que fuera electo Bolsonaro, impidiéndole a Lula ser candidato e impidiendo que hablara durante la campaña para no ayudar al candidato del Partido de los Trabajadores. Esto es muy grave porque lo que hizo Moro es un crimen contra la soberanía del pueblo en el proceso electoral.

¿Qué análisis se desprende de esta situación, en relación al papel imparcial que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben cumplir? En ese sentido, ¿cree que existe una ruptura en la institucionalidad brasilera?

Ciertamente, porque los jueces tienen que ser imparciales, no pueden tender al acusador ni a la defensa. Lo que hizo Moro fue orientar la acusación, inclusive hablando de personas que podrían generar pruebas en contra eel presidente Lula, induciendo esa acusación en la que tenía dudas sobre el crimen que estaba imputando. Eso queda claro en los mensajes que intercambiaba.

Es muy grave la posición de Sergio Moro, y es grave lo del Ministerio Publico, ya que las conversaciones que tenían no tenían como objetivo una acusación por crímenes que estaban comprobando, sino que era una acusación política. A ellos no les gustaba el PT, no les gustaba Lula, no querían que volviera a gobernar Brasil. Incurrieron en lo que se llama en el proceso penal brasilero “Asociación Criminal”, que es una colusión entre tres o más personas con el objetivo de ganar para sí o para botar a otro usando medios ilegales o ilícitos. Es muy grave lo que está ocurriendo aquí, lo que se está haciendo público.